La corrupción en México, un sistema que produce víctimas invisibles

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que el verdadero problema son las personas afectadas por la macrocriminalidad en el país

Entrevista/Armando Quiroz/Ríodoce

México sufre un síndrome: la macrocriminalidad. Se trata de redes extensas e inseparables entre actores que mecanizan el crimen organizado en nuestro país e hilos de corrupción movidos desde los asientos políticos. Entonces, Vania Pérez Morales, con micrófono en mano, pregunta: “¿Quiénes son los líderes de los cárteles de la droga?, ¿quiénes son los políticos que están robando?”. Es atractivo —anotó— y vende destacar los nombres de aquellos líderes del narco o funcionarios que secuestran el erario público e ilustrar las notas de prensa con sus fotografías; sin embargo, la problemática se centra en quién le hace daño al país.

Pero en los titulares, ¿dónde están los nombres de las personas que perdieron la vida?, ¿dónde están los de nuestros hijos desaparecidos? Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y del Comité de Participación Ciudadana (CPC), dictó su conferencia: “Víctimas primero: derechos humanos e integridad frente a la corrupción”, para hablar de las víctimas que dejan los procesos de corrupción en el país.

El crimen organizado llega a ocupar los espacios y funciones que originalmente corresponden a las autoridades competentes, impidiendo que éstas resuelvan los problemas de la sociedad: “No es normal vivir en un país de desaparecidos. No es normal vivir en un país con tantos índices, con tanto alto índice de corrupción”, señaló.

A esto se unen las deficiencias de las dependencias de seguridad para resolver dichas problemáticas. Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuenta con el personal suficiente para procesar debidamente los casos. Actualmente, los hechos delictivos sobrepasan las capacidades de peritos investigadores, agentes del Ministerio Público y personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Esto significa que el nivel de impunidad es del 90 por ciento; es decir, de cada 10 casos, solo uno se resuelve, mientras el resto queda impune. Además, el desempeño del Poder Judicial presenta lentitud al emitir las sentencias; por lo cual, hay una gran cantidad de internos en las cárceles que pasan meses o incluso años sin recibir una condena, lo que indica que se está lejos de un funcionamiento óptimo.

“No podemos aspirar a un Sinaloa en paz si no tenemos antes justicia, y la principal instancia encargada de esto es la Fiscalía General del Estado”, subrayó.

Entonces —añadió Pérez Morales—, lo que va generando es una desconfianza tremenda, no solamente en las instituciones, sino la confianza que tenemos las propias personas en que los bienes y servicios vayan a llegar un día a nosotros, que la justicia vaya a llegar a nosotros, (…) nos da este gran sentido de impunidad, sino también nos hace pensar que no hay esperanza. Y entonces, en ese sentido, hay un impacto importante en el desarrollo económico y político del país.

“A más trámites, mayor corrupción, a más leyes, más corrupción”. Para ella, la respuesta a esta problemática es simple: contar con un buen sistema de fiscalización, de control interno, una fiscalía eficiente y vigilancia ciudadana. Para que esto funcione, no se requiere necesariamente de enormes sumas de dinero ni de grandes protocolos, sino de una simplificación administrativa.

Sin embargo, estas soluciones decaen cuando se observa que, en México, los mecanismos para presentar denuncias ciudadanas están agrietados; es decir, no garantizan un anonimato real. Al no ser trámites verdaderamente confidenciales y no garantizar protección, se inhibe la participación ciudadana.

Ser corrupto no significa solamente desviar recursos económicos —continuó Pérez Morales—, sino devorar el Estado de derecho. Hablar de corrupción implica hablar sobre la pérdida de salud y educación, la falta de seguridad y la dignidad de las personas. La corrupción obliga a las víctimas a mendigar derechos básicos como si fueran favores. ¿Dónde queda la dignidad de una mujer que se tiene que plantar por días frente al Palacio de Gobierno para ser escuchada o pagar sobornos para que una carpeta de investigación no sea archivada?.

“La dignidad de las personas y por lo que luchan, pues debería ser el centro de cualquier política pública (…) y no solamente eso, se olvidan de escuchar a las personas, se olvidan de reparar el daño, pero sobre todo de proteger y evitar la no repetición. Las personas también tenemos derecho a la no repetición, a que no vuelva a ocurrir”.

Morales rememoró tres casos: el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, donde la malversación de fondos resultó en niños que recibieron quimioterapias con agua en lugar de medicamento real; las redes de corrupción en organismos como la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde se extrajeron recursos destinados a los más pobres, provocando desnutrición y obligando a los productores del campo a abandonar o tirar sus cosechas por falta de apoyos; e incluso el ámbito deportivo, como en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), donde el desvío de dinero para sustentar los lujos de los directivos deja a jóvenes deportistas sin becas ni entrenadores, truncando sus carreras y el desarrollo de sus habilidades.

¿Qué se hace con el desfalco de 15 mil 308 millones de pesos de Segalmex? Las afectaciones económicas no solamente repercuten en el costo administrativo, sino en vidas. No se puede decir —enfatiza— “luego vemos cómo le hacemos”, mientras generaciones ya no fueron al preescolar porque no tenían leche, o la generación murió a causa de enfermedades derivadas de la desnutrición. “Las vidas no son retroactivas, los derechos no son retroactivos”; por ello es importante insistir en hacer visibles los grandes casos de corrupción que se originan en nuestro país.

Artículo publicado el 18 de enero de 2026 en la edición 1199 del semanario Ríodoce.