𝙍𝙚́𝙜𝙞𝙢𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙖𝙙 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙚𝙨𝙥𝙖𝙘𝙞𝙤 𝙥𝙪́𝙗𝙡𝙞𝙘𝙤: 𝙙𝙚𝙛𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙖 𝙡𝙖𝙨 𝙫𝙞́𝙘𝙩𝙞𝙢𝙖𝙨 𝙚𝙣 𝙩𝙞𝙚𝙢𝙥𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙞𝙣𝙘𝙝𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤

*Jaime Laguna Berber

Cuando una autoridad sostiene que “no es tan complicado el Derecho” y que, para ser juez, basta con ser abogado, electo y “honesto”, no está haciendo un comentario menor: está moviendo el centro de gravedad de la legitimidad. En lugar de descansar en la técnica institucional —garantías, contradicción, prueba, motivación, control y revisión— la justicia queda reducida a una moralidad declarada. Es decir: lo correcto ya no se verifica por la calidad del razonamiento, sino por la pureza del agente y por la adhesión del público, y por la servidumbre incondicional del juez al poder.

Esto no es un “detalle retórico”. Es la mutación contemporánea del régimen de verdad en el espacio público. Y en esa mutación el Derecho deja de operar como método para controlar el poder, y empieza a funcionar como un trámite simplificado, donde se presume que la decisión es correcta porque la emite alguien “bueno”, no porque esté bien construida, fundada y probada.

Si el pueblo me eligió lo que yo haga estará bien porque soy el emisario del dios pueblo en el juzgado; y ni dios ni el pueblo ni yo nos equivocamos.

La misma lógica aparece cuando se insiste en que la defensa puede sustituirse por “formatos”, por mecanismos estandarizados, por rutas “didácticas” que prometen acceso fácil.

La propuesta atribuida a la miniostra Lenia Batres sobre formatos electrónicos para demandas se volvió viral precisamente por eso: sugiere que la mediación profesional estorba, que el litigio puede convertirse en procedimiento automático. Ojalá nos regale su avatar de IA y así nos ahorre su alto salario con el de sus enjuntos asesores. , con frmatos podria suplir al casi centenar que tiene.

Sin embargo, incluso ella ha reconocido en entrevistas que “necesitamos que los abogados nos representen”- a ellos, al poder, no a los ciudadanos-, y que el problema real es el déficit de defensoría pública. Esa tensión es muy reveladora: democratizar el acceso no equivale a desprofesionalizar la defensa.

Porque cuando se borra esa diferencia, el Estado vende una ficción de acceso sencillo mientras conserva intacto el monopolio material de recursos: información, peritajes, tiempos, capacidad institucional y músculo litigioso. La supuesta “facilidad” termina siendo una forma elegante de control.

El caso del Tren Interoceánico sirve como ejemplo de cómo la retórica “anti-intermediarios” se vuelve performativa: se afirma que las víctimas no requieren abogados privados y que la reparación puede canalizarse por la vía institucional. Esa misma narrativa apareció en otros casos: la Línea 12, el Rébsamen, el tren Maya… El guion se repite: el problema no son las decisiones públicas ni la negligencia institucional, sino “los medios informativos” y “los abogados”. Y en ese desplazamiento ocurren dos cosas graves: las víctimas reales son empujadas a un segundo plano, y el Estado intenta convertirse en víctima de su propia responsabilidad.

La consecuencia es fulminante: no solo el Estado administra el daño, se administra también el relato. Se instala un prejuicio general contra la asesoría independiente, como si buscar defensa fuera sinónimo de manipulación o de “mercantilizar el dolor”. Y ser abogado es perjudical y ftal su consulta y asesoría.

𝙀𝙣 𝙩𝙚́𝙧𝙢𝙞𝙣𝙤𝙨 𝙥𝙤𝙡𝙞́𝙩𝙞𝙘𝙤𝙨, 𝙚𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙙𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙩𝙚𝙣𝙙𝙚 𝙤𝙘𝙪𝙥𝙖𝙧 𝙨𝙞𝙢𝙪𝙡𝙩𝙖́𝙣𝙚𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙪𝙖𝙩𝙧𝙤 𝙡𝙪𝙜𝙖𝙧𝙚𝙨: 𝙞𝙣𝙫𝙚𝙨𝙩𝙞𝙜𝙖𝙙𝙤𝙧, 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙤𝙣𝙨𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙥𝙤𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡, 𝙧𝙚𝙥𝙖𝙧𝙖𝙙𝙤𝙧 𝙮 𝙣𝙖𝙧𝙧𝙖𝙙𝙤𝙧 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙧𝙞𝙯𝙖𝙙𝙤. 𝙀𝙨𝙤 𝙣𝙤 𝙚𝙨 𝙣𝙚𝙪𝙩𝙧𝙖𝙡. 𝙀𝙨 𝙪𝙣𝙖 𝙧𝙚𝙙𝙪𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙥𝙡𝙪𝙧𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙚𝙥𝙞𝙨𝙩𝙚́𝙢𝙞𝙘𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙚𝙗𝙚𝙧𝙞́𝙖 𝙚𝙭𝙞𝙨𝙩𝙞𝙧 𝙚𝙣 𝙘𝙪𝙖𝙡𝙦𝙪𝙞𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙖 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙖, 𝙙𝙤𝙣𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙖𝙙 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙨𝙖𝙡 𝙨𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚 𝙥𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙙𝙞𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣, 𝙥𝙧𝙪𝙚𝙗𝙖 𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡 𝙟𝙪𝙙𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡, 𝙣𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙖𝙥𝙡𝙖𝙪𝙨𝙤𝙨 𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙜𝙣𝙖𝙨.

En este punto se conectan dos casos mediáticos recientes: el de Botellita de Jerez (el episodio de Armando Vega Gil) y el de José Humberto Ferrara, en un ambiente donde el periodismo de opinión suele disfrazarse de nota.

En el primero, una acusación difundida en redes detonó una reacción pública masiva y terminó en suicidio. Ese hecho, más allá de sus matices, abrió un tema ineludible: el costo humano del juicio social sin procedimiento, la sanción inmediata sin reglas y sin derecho de defensa.

El “Me Too” cerró ciertas ventanas de impunidad, sí, pero también abrió otras: las del linchamiento automático. Y cuando el linchamiento se normaliza, incluso el lenguaje se vuelve instrumento. La reducción del hombre a “onvre”, la burla como categoría moral, la ortografía convertida en sentencia: todo funciona como maquinaria de deshumanización.

En el segundo caso, el patrón es otro pero el objetivo se parece: un cierre narrativo anticipado. Antes de sentencia, la historia ya viene resuelta, y cualquier matiz procesal —una no vinculación previa, un estándar probatorio no satisfecho en una etapa determinada— se interpreta como “impunidad” o “protección”, nunca como funcionamiento institucional (acertado o criticable, pero institucional) de poderes que no son lo mismo. El resultado es un clima donde el proceso deja de ser un método para encontrar verdad y se vuelve obstáculo para una condena social ya dictada.

Ese “cierre narrativo” es, justamente, lo que la Suprema Corte ha conceptualizado como violación a la presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal: el Estado no debe tratar públicamente como culpable a quien no ha sido condenado, y esa regla opera incluso antes del proceso formal. No es un tecnicismo intrascendente : es una condición mínima para que exista justicia y no simple persecución.

Desde una crítica marxista —y sin caer en consignas vacías— el hilo conductor es material: cuando se degrada la mediación profesional (jueces “rápidos”, justicia por “formatos”, víctimas “sin abogados”), el conflicto se desplaza desde el terreno de garantías verificables hacia el terreno de gestión política del daño y administración de credibilidad.

El poder no pierde ventaja: la reorganiza. Lo que se vende como “democratización” puede operar como un proceso de concentración: una sola narrativa legítima, una sola ventanilla, una sola verdad administrativa. Un solo Dios padre y verdadero.

En paralelo, un ecosistema mediático que, por economía de atención, premia el relato más condenatorio, simple y furioso. Con esos criterios, no debería sorprender que colapse el metro o se descarrile un tren: cuando el parámetro para ocupar cargos no es la competencia sino la lealtad, lo que se multiplica no es la justicia, sino la impunidad.

En este escenario, el abogado que acompaña a víctimas no solo disputa el control del caso: disputa el derecho a producir verdad bajo reglas, no bajo escarnio. Y el periodista que investiga no solo incomoda: se convierte en “culpable” por decir lo que el poder quiere ocultar. Veracruz ya nos lo mostró. Campeche también. Hoy hay periodistas bajo procesos penales y hasta rectores de universidades perseguidos o encarcelados por decisión política.

La verdad, en ese contexto, deja de ser un derecho social y pasa a ser un riesgo personal.

Antes estábamos mal. Ahora se pretende normalizar estar peor.

*Jaime Laguna Berber es abogado, historiador y fue miembro de la Liga 23 de Septiembre.