Por Cuauhtémoc Villegas Durán

I. El día que el penal tembló

Antier, mientras El Charro —Jefe de plaza en Aguascalientes— era presentado a audiencia, el penal varonil de Aguascalientes se volvió un hervidero. Los custodios corrieron, las patrullas cercaron el perímetro y los familiares quedaron atrapados afuera, sin información, mirando cómo los juzgados anexos eran desalojados “por seguridad”.
El gobierno dijo que fue una simple riña entre dos internos. Pero los testimonios y los videos grabados por las familias que esperaban afuera cuentan otra historia: un motín, un operativo improvisado y una verdad que el Gobierno intenta maquillar. Por la noche también hubo un motín en el penal de El Llano.

II. El Charro y el miedo

A El Charro lo habían detenido apenas un día antes, en un cateo en el norte de la ciudad. Su llegada al penal fue el detonante de un caos que no surgió de la nada. Dentro, todos sabían que su ingreso iba a mover los equilibrios del poder carcelario.
Cuando lo trasladaron al módulo, varios internos se negaron a ceder el control de celdas y cobros. Afuera, las esposas, madres e hijos de los presos escuchaban detonaciones, sirenas, y el rumor que se extendía entre las rejas: “hubo bronca por el Charro, hay muertos”.
Nadie confirmó nada. Nadie les dijo nada.

III. La versión oficial y la realidad de adentro

El Gobierno de Aguascalientes —a través de la Secretaría de Seguridad y la Dirección General del CERESO— aseguró que “se trató de una riña controlada, sin heridos de gravedad”.
Pero los familiares relatan otra escena:

“Nos sacaron a todos los de la fila, había humo, gritaban los custodios. Se escuchaban balazos, y luego nos dijeron que no pasaba nada”, cuenta la esposa de un interno del Módulo 3.
“Desde hace meses cobran piso, cobran por dejarte pasar comida o ropa. El motín fue porque unos ya no quisieron pagar”, dice la madre de otro preso.

Durante horas, la policía montó un cerco que cerró los accesos a los juzgados. Los agentes federales entraron al penal, y se escucharon explosiones —posiblemente de gas lacrimógeno—, según varios videos grabados por los familiares.

IV. Lo que se quiso esconder

El motín no fue una reacción momentánea: fue la consecuencia de un sistema podrido. Gobierna el Cartel Jalisco Nueva Generación el penal como sigue haciéndolo en los municipios del norte del estado y la capital. Cobran cuotas por privilegios obligados como pantallas, cobijas, comida. Los familiares pagan mil pesos por mes por reo. Cuando no lo hacen, sus reos son torturados.
Fuentes internas aseguran que los custodios están coludidos con grupos de internos que controlan la venta de cigarros, drogas y teléfonos. Que los traslados se compran. Que las “listas” de celdas se venden.
El arribo de un capo local —como El Charro— amenazó ese negocio. Y el motín fue la respuesta.
Las autoridades, en cambio, decidieron fingir que todo estaba bajo control. Que no había más que dos reos peleando “por una diferencia personal”.
Pero esa historia no sostiene el desalojo completo del juzgado, la movilización de 200 policías ni los gritos de los familiares afuera del penal.

V. Las familias: testigos del silencio

Los familiares que esperaban afuera vieron llegar ambulancias, pero ninguna salió con sirenas encendidas.

“Nos tuvieron aquí desde las diez hasta las cuatro, y nunca salió ningún funcionario a explicar nada. Dijeron que no había heridos, pero vimos cómo metieron médicos”, relata un padre.

Otros aseguran que los custodios los insultaron y los amenazaron si grababan. Algunos teléfonos fueron decomisados.
Nadie sabe cuántos lesionados hubo realmente, ni si hubo muertos. La autoridad cerró el penal por “revisión general” durante toda la noche.

VI. Un espejo del sistema

Lo ocurrido en Aguascalientes no es una excepción.
Los motines recientes en penales de Zacatecas, Colima y Morelos muestran el mismo patrón: hacinamiento, corrupción, castigos a los pobres y privilegios para los poderosos.
El caso de El Charro revela lo que se esconde detrás del discurso oficial de “seguridad y reinserción”: una red de extorsiones, cobros, tráfico de droga y control interno que depende más del dinero que del orden.

En los penales del país, la paz es una simulación. Y Aguascalientes, el estado que presume “orden y tranquilidad”, ya no puede ocultar su propio infierno.

VII. El silencio del gobierno

Hasta el cierre de este texto, ninguna autoridad ha explicado qué motivó realmente el motín ni por qué se desalojó a jueces y funcionarios si “no había peligro”.
El gobernador evitó hablar del tema, la fiscalía guardó silencio y la Secretaría de Seguridad emitió un boletín de tres párrafos.
Todo indica que el caso será enterrado en el archivo de los eufemismos burocráticos: “revisión”, “ajuste”, “riña controlada”.
Pero los familiares siguen afuera, exigiendo noticias, y los internos adentro, pagando las consecuencias.

VIII. Conclusión: el Charro sólo destapó la cloaca

El nombre de El Charro quedará como una anécdota dentro de la historia del penal.
Lo que realmente importa es lo que su audiencia destapó: la mugre de un sistema penitenciario podrido, la complicidad institucional y el abandono humano dentro de las cárceles de Aguascalientes.
El Charro no provocó el caos; sólo levantó la tapa de una cloaca que el gobierno lleva años escondiendo bajo el discurso de “seguridad y reinserción”.