Abuso sexual del clero

León XIV y el abuso sexual: ¿lapsus o profecía?

Las palabras de León XIV sobre “falsas denuncias” de abuso sexual reabren heridas y contradicen informes que apuntan a un subreporte sistemático de los casos.

Lo dicho por el papa Prevost sobre las “falsas denuncias” de abuso sexual por parte del clero regresan el debate sobre el tema a los noventa.

Los comentarios sin fundamento de León XIV sobre el abuso sexual corren el riesgo de socavar los esfuerzos de la Iglesia Católica para ayudar a los sobrevivientes, ya que ahora se verán obligados a demostrar que no mienten.

Por Rodolfo Soriano-Núñez

El jueves 18 de septiembre, el portal en inglés Crux publicó varios artículos derivados de la entrevista que su corresponsal principal en Roma, Elise Ann Allen, mantuvo con el papa León XIV.

Uno de estos artículos, disponible aquí (contenido en inglés), se centra en cómo Robert Francis Prevost ve el futuro de la crisis de abuso sexual por parte del clero en la Iglesia Católica. Parece estar tranquilo con su propia evaluación, pero es casi imposible compartir su enfoque.

Según la nota firmada por el equipo de Crux, Prevost afirmó en algún momento: «La gente empieza a alzar la voz cada vez más: los acusados ​​también tienen derechos, y muchos creen que esos derechos no se han respetado».

Ahí se escuchan ecos de las quejas de Giuliana Caccia contra el papa Francisco, Charles Scicluna y, en particular, contra Jordi Bertomeu, cuando llevaron a cabo la investigación sobre el Sodalicio de Vida Cristiana que finalmente condujo a la supresión de esa orden peruana.

En ese sentido, es realmente difícil no ver a León XIV destruir los tímidos intentos de su predecesor por controlar a las organizaciones depredadoras que han perfeccionado mecanismos para mantener las denuncias al mínimo posible.

Esto es más preocupante, ya que destacados sobrevivientes y periodistas peruanos reconocen el papel de Robert Prevost Martínez en la supresión del Sodalicio de Vida Cristiana, activo en Perú, Chile, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Varios relatos atribuyen al entonces obispo Prevost el envío de reportes clave a Roma sobre el alcance real de los abusos perpetrados por el Sodalicio.

Sin embargo, las frases más preocupantes del informe del papa aparecen cuando le dijo a Crux: «En más del 90 por ciento de los casos, quienes denuncian abusos dicen la verdad: “No lo inventan”, afirmó».

El problema de ese 90 por ciento es que, aunque alto, permite la práctica de uno de los deportes favoritos de la Iglesia Católica: intimidar, aturdir y desacreditar a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero.

Más preocupante aún, tras dejar esa cifra en «más del 90 por ciento», el papa añadió: «también se han comprobado casos de algún tipo de acusación falsa. Ha habido sacerdotes cuyas vidas han sido destruidas».

La declaración resulta impactante para alguien que, a finales de los setenta obtuvo el equivalente a una licenciatura en matemáticas en Villanova, la universidad agustiniana de Estados Unidos, pues implica que, por razones desconocidas, el diez por ciento de las personas que dicen ser víctimas de abuso sexual mienten.

Puerta abierta

Además, al dejar la puerta abierta para intentar desacreditar a las víctimas, se hace eco de lo que han venido diciendo quienes critican cualquier tipo de reconocimiento de la magnitud de la crisis de abusos sexuales del clero, y porque, sobre todo, no hay pruebas que respalden la afirmación de León.

Del artículo enlazado antes de este párrafo proviene la fotografía del estreno de una obra de teatro basada en las acusaciones lanzadas contra varios periodistas en Perú, pero centrada en Paola Ugaz, quien aparece en la imagen, cerca del centro, a la izquierda de Jordi Bertomeu, la única persona que usa un cuello romano en la foto. Tercera de derecha a izquierda, con un vestido blanco y azul, aparece Elise Ann Allen, quien entrevistó a León XIV.

Y otra pregunta inevitable ante los dichos del todavía relativamente nuevo papa es ¿inocentes según los criterios de quién? Porque hay un abismo entre lo que las legislaciones civiles designan como crímenes sexuales y lo que la Iglesia Católica está dispuesta a reconocer como causa del único “castigo” que, salvo en el caso de clérigos que usen pasaporte de la Santa Sede puede imponer: la laicización o reducción al estado laical.

Hay sacerdotes que han sido declarados culpables en tribunales penales, incluso han purgado o se encuentran ahora mismo purgando penas de cárcel y, sin embargo, se mantienen como sacerdotes porque en la lógica del Dicasterio para la Doctrina de la Fe no existen elementos para laicizarlos.

Uno de los más notables, de Argentina, es Julio César Grassi, quien fue el primero de los siete casos de depredadores considerados en el texto enlazado después de este párrafo.

Sea que uno vea a Grassi como inocente o culpable, el hecho es que hay una discrepancia notable entre lo hecho por la autoridad argentina y la actitud de los responsables del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Es ese tipo de clérigos a quien Robert Prevost decide salir a defender en su primera entrevista?

Y ahí está el caso de quien fue, por algunos días, el canciller de la arquidiócesis de Tolosa, Francia, Dominique Spina. Él fue declarado culpable de abusar sexualmente de un adolescente que aspiraba a ser sacerdote en la diócesis de Bayona, donde Spina era uno de los responsables de vocaciones.

Spina fue declarado culpable por la autoridad civil francesa. Cumplió, como suele ser en estos casos, una pena irrisoria y luego de algún periodo en una suerte de limbo, Spina reinició su carrera en la arquidiócesis de Tolosa, que es donde obtuvo la promoción a canciller.

Ello provocó una ola de repulsa nacional en Francia, incluso en los grupos de laicos que suelen eludir expresar alguna simpatía con las víctimas de abuso sexual. Era demasiado obvio que implicaba un riesgo y el obispo Guy de Kerimel se retractó del nombramiento.

En ese sentido, es imposible no preguntarse por qué León XIV traiciona a Robert Prevost Martínez, al menos hasta es posible ver a la distancia, al respaldar las opiniones de quienes, como Giuliana Caccia, afirmaron ser víctimas de abusos sexuales por parte del clero para desacreditar la investigación contra el Sodalicio.

Las repercusiones de lo dicho permanecerán durante años, lo cual es más relevante dado que es un hombre relativamente joven (70 años), con un estilo de vida sano, por lo que seguramente será papa hasta finales de la década de 2030.

¿Un punto de referencia?

Sus palabras ya las usan quienes niegan los abusos en redes sociales para desacreditar años de esfuerzos por reconocer lo que muy rigurosos informes nacionales han dicho durante los últimos 30 años: el problema no es que haya exceso de denuncias, la “sobredenuncia”; el problema es que se denuncian menos abusos de los que ocurren, la “subdenuncia” o “subreporte” del abuso sexual.

Ello ocurre por el miedo de las víctimas a ser etiquetadas como “enemigas de la Iglesia” en redes sociales y otros entornos, y porque, dada la naturaleza del manejo interno de estos informes por parte de la Iglesia Católica, a menudo los clérigos encargados hacen todo lo posible por evitar conflictos internos e incluso evitan reportar a las autoridades y esconden o eliminan los reportes de casos.

Sumado a los gestos que León XIV ha tenido con la extrema derecha católica estadounidense, es difícil no ver una reacción negativa contra las víctimas y sus familiares, así como la radicalización de los obispos y sus allegados en el mundo católico para proteger al clero y laicos con acusaciones creíbles de abuso.

La cifra citada por un graduado en matemáticas es más difícil de entender, ya que no citaba algún informe conocido y de gran escala que establezca el número de acusaciones falsas en esa tasa tan alta.

Y es cierto que existen estimaciones de académicos que trabajan en el tema que muestran que, en algunos casos, hay denuncias falsas. Sin embargo, debe subrayarse que ellos señalan que eso ocurre frecuentemente en el contexto de divorcios amargos y otros conflictos intrafamiliares.

En 2008, un estudio encontró que el Departamento de Policía de Los Ángeles reportó un 4.5 por ciento de denuncias falsas de casos de agresión sexual. El estudio está disponible aquí, aunque sólo en inglés. Una página publicada en 2017 (contenido en inglés) por la Universidad Abierta del Reino Unido, que aborda el abuso sexual en Europa y Estados Unidos señala lo siguiente:

• La evidencia sobre acusaciones falsas no respalda la preocupación pública de que sean comunes. Si bien las estadísticas sobre acusaciones falsas varían, y se refieren con mayor frecuencia a violación y agresión sexual, son invariable y consistentemente bajas. Una investigación del Ministerio del Interior sugiere que sólo el cuatro por ciento de los casos de violencia sexual denunciados a la policía del Reino Unido se descubre o se sospecha que son falsos. Estudios realizados en Europa y Estados Unidos indican tasas de entre el dos y el seis por ciento.

No tengo acceso a toda la entrevista, que supongo que se realizó en inglés, aunque tanto Prevost como Allen dominan el español y el italiano, por lo que no puedo determinar si se hizo referencia a algún estudio específico de alguna universidad o asociación profesional reconocida que eleve el número de casos falsos al diez por ciento, uno de cada diez, de modo que los verdaderos quedaran en la tasa de 90 por ciento de la que habló el papa León XIV.

Subreportar el mundo

La afirmación del papa León XIV es aún más preocupante, ya que carece de fundamento. Todos los informes disponibles de organizaciones creíbles a nivel global, incluido el John Jay Report, encargado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos a principios de este siglo, tienen una serie de puntos en común. El más notable es que todos hablan de subdenuncias de abusos sexuales cometidos por clérigos.

No existe una sola fuente creíble que afirme que existen falsas víctimas que acusen a sacerdotes inocentes. Curiosamente, quienes lo hacen son doña Giuliana Caccia en Lima y sus amigos del Sodalicio. Peor aún, ella como estratagema fingió ser víctima de un varón que había denunciado abusos para desacreditar al papa Francisco, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu.

Los hallazgos de investigaciones independientes realizadas en todo el mundo durante las últimas tres décadas pintan un panorama escalofriante del fracaso sistémico de la Iglesia Católica para proteger a sus fieles, por su mayor interés en consolidar una deliberada cultura de silencio y autopreservación institucional.

En Bélgica, el reporte de la Comisión Adriaenssens de 2010, disponible aquí, aunque sólo en francés y neerlandés, desmanteló la apariencia de respetabilidad de la Iglesia Católica, un proceso que algunos han comparado con arrancar una máscara. Lo hizo al exponer una extensa red de complicidades ahí.

El informe de la Comisión documentó 476 casos de abuso y reveló que el problema no era aislado, sino un fenómeno profundamente arraigado. La investigación demostró que la respuesta no fue de sincero respeto a las víctimas, sino de ocultación calculada, lo que condujo a la subdenuncia sistemática de los casos de abuso sexual por parte del clero.

Como es común hoy en América Latina, las víctimas fueron silenciadas, sus casos enterrados para proteger la reputación del clero y de la institución, lo que evidencia una cruel indiferencia hacia el sufrimiento humano al trasladar la profunda relación de la Iglesia con la corona y el gobierno nacional.

Al norte, en los Países Bajos, la Comisión Deetman publicó sus conclusiones en 2011. Allí emergía una historia similar de negligencia calculada e institucional. Concluyó que miles de niños fueron abusados ​​y que altos funcionarios de la Iglesia Católica, incluidos cardenales y obispos, eran plenamente conscientes de las acusaciones. En lugar de ser pastores, fueron cómplices, al orquestar una campaña de “relevos sacerdotales”, la ya familiar solución geográfica, que lleva a un depredador de una parroquia a otra, sin informar a los fieles. El reporte completo, aunque sólo en neerlandés.

Tal y como documentó Los Ángeles Press en casos de Latinoamérica en los textos enlazados antes y después de este párrafo, los obispos holandeses esencialmente transfirieron a un sacerdote conocido por su comportamiento abusivo a nuevas comunidades sin ofrecer alguna advertencia del riesgo.

El informe holandés expuso un historial de negligencia calculada, donde la seguridad de los fieles se sacrificó para proteger a la institución. En ningún momento habla de un exceso de reportes de abuso sexual a manos del clero ahí.

Alemania: La punta del iceberg

Al moverse al oriente, en Alemania, la situación es casi igual, agravada por la incapacidad de la Conferencia Episcopal Alemana para aclarar la responsabilidad de Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, en la crisis de abusos sexuales ahí. No es casual que sobrevivientes alemanes como Doris Reisinger-Wagner hablen de un “sistema Ratzinger” en la Iglesia Católica para ocultar sistemáticamente el alcance de la crisis en ese país.

El informe alemán clave sobre la crisis de abusos sexuales se conoce como el estudio MHG, llamado así por las universidades que lo llevaron a cabo (Mannheim, Heidelberg y Giessen). Publicado en 2018, luego de un intento fallido en 2013, el estudio fue encargado por los obispos alemanes y revela una realidad impactante marcada por un profundo fracaso institucional para abordar la crisis.

En contraposición a la entrevista del León XIV con Crux, los autores del estudio enfatizaron que los casos documentados eran sólo “la punta del iceberg”. Los autores afirman que el número real es mayor, ya que muchos archivos fueron destruidos o estaban incompletos. Por lo tanto, el problema no era el exceso de reportes, como insinuó Prevost, sino el subreporte.

Los hallazgos del estudio se vieron limitados por los registros disponibles, que sistemáticamente subestimaron la magnitud del problema. Esta falta de denuncia demuestra que el número de casos probablemente sea mucho mayor de lo que sugieren las cifras del informe, lo que significa que no hay fundamento para desacreditar la denuncia si no se ha establecido una línea de base.

El estudio alemán identificó al menos tres mil 677 víctimas de abuso sexual por el clero católico entre 1946 y 2014. El informe vinculó a estas víctimas con mil 670 clérigos acusados, lo que representaba el 4.4 por ciento de los sacerdotes y diáconos de la población estudiada. La gran mayoría eran varones jóvenes.

El informe concluyó que las estructuras y políticas internas de la Iglesia Católica facilitaron el abuso y su encubrimiento. Cita “relaciones asimétricas de poder” y el “sistema cerrado” como factores que permitieron que el abuso prosperara.

También descubrió que, en muchos casos, los sacerdotes acusados ​​simplemente fueron reasignados a nuevas parroquias sin que la nueva comunidad fuera informada de su pasado, una práctica conocida como “cambio de sacerdotes” o solución geográfica que les permitió continuar con los abusos

En esa lógica, debe notarse que la noción de “sistema Ratzinger” es un término para describir una manera de operar de la institución frente a la crisis de abuso sexual. No es un conjunto formal de reglas, sino un patrón de conducta institucional que, como señala Reisinger-Wagner, prioriza proteger la reputación de la Iglesia Católica por sobre el bienestar de las víctimas de abuso.

Reisigner-Wagner explora este concepto en su texto coautorado, que publicado en 2021 está disponible sólo en alemán, pero cuyo título se podría traducir como: Sólo la verdad salva. El abuso en la Iglesia Católica y el sistema Ratzinger (Nur die Wahrheit rettet. Der Missbrauch in der katholischen Kirche und das System Ratzinger), como una realidad construida sobre varios principios clave:

Secrecía y centralización: todos los casos de abuso se mantuvieron bajo un estricto velo de secreto, gestionados interna y centralmente por el Vaticano. La política oficial de secreto pontificio se utilizó para impedir que la información llegara a las autoridades civiles o al público.

Enfoque en el proceso canónico: El sistema dependía de procesos canónicos lentos y complejos para gestionar los casos, lo que a menudo tenía consecuencias mínimas para los depredadores y disuadía a las víctimas de denunciar.

Protección de la condición de clérigo: Un objetivo principal era evitar la laicización de sacerdotes, incluso cuando se demostraba que eran depredadores. A menudo se les transfería a nuevas parroquias (la llamada solución geográfica), lo que les permitía continuar con los abusos en nuevas ubicaciones.

Culpar a factores externos: Esta mentalidad tiende a minimizar la naturaleza sistémica de la crisis, atribuye el problema a factores externos como la revolución sexual de los sesenta, en lugar de a la cultura arraigada de abuso y encubrimiento en la Iglesia Católica.

Este enfoque creó una cultura de silencio donde la falta de rendición de cuentas y el temor institucional al escándalo disuadieron a las víctimas de denunciar los abusos. La falta sistemática de denuncias permitió a la institución protegerse a sí misma y a sus miembros. Nadie en Alemania habla de un exceso de denuncias.

Francia: Una traición de una magnitud inimaginable

En Francia, el informe de la CIASE (Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia Católica, aunque el contenido sólo apaece en francés) de 2021 fue una bomba. Se trata, hasta la fecha, del informe más completo sobre abusos sexuales, tanto por parte del clero como de otros, en Europa.

Se estima que hasta 216 mil menores fueron víctimas de abusos sexuales por parte del clero y laicos vinculados a la Iglesia católica en Francia desde 1950. El llamado Reporte o Informe Sauvé, citado repetidamente en varias entregas de esta serie, describe una cultura generalizada de secretismo y protección institucional que permitió que los abusos permanecieran en el olvido durante décadas, lo que evidencia que el problema no es de un exceso, sino de una falta de denuncias en general y ante las autoridades civiles.

Y a pesar del alcance del informe, todavía ahora aparecen nuevos casos “viejos” en Francia. El jueves, Paris Match publicó un reportaje detallado de ocho páginas sobre los abusos sexuales en la arquidiócesis de Marsella, dirigida por el cardenal Jean Marc Nöel Aveline, actual presidente de la Conferencia Francesa de Obispos. Allí, surge una vez más la historia habitual de encubrimientos y manipulación sistemática de los fieles dispuestos a confiar en el proceso canónico (es decir, el proceso interno de la Iglesia Católica).

Un sobreviviente, citado por Paris Match, narra la historia habitual de un obispo que hizo promesas exageradas sobre su urgente interés en abordar el problema, sin ningún resultado real a pesar de la disposición del sobreviviente a esperar la intervención de Aveline. Y un exseminarista narra un caso similar.

Medios locales franceses de la región, como La Provence Marseille, dieron cuenta, durante este fin de semana, cómo el cardenal Aveline intentó justificar su indisposición para actuar en estos y otros casos en su diócesis.

En 2024, las numerosas víctimas del colegio católico de Nuestra Señora de Bétharram pudieron hablar abiertamente, en muchos casos por primera vez, sobre sus devastadoras experiencias. El sacerdote católico Camille Rio escribió un texto para Los Ángeles Press, disponible después de este párrafo, donde analiza lo que considera el tema clave de ese caso.

Investigaciones

La cifra de 216,000 menores abusados ​​sexualmente por el clero desde 1950 desmintió la idea de que el problema se limitaba a ciertas áreas o entornos, y reveló una crisis de una escala difícil de estimar.

El informe confirma que la actitud de la Iglesia Católica en Francia fue la de “proteger a la institución”, lo que condujo al encubrimiento. Fue una admisión de que la misma estructura que se suponía debía ofrecer orientación moral había promovido una cultura endémica de abuso y secretismo.

En ningún momento el informe ofrece datos que puedan considerarse como un respaldo a la idea de un diez por ciento de sobredenuncias de abusos sexuales por parte del clero, presentada por León XIV durante su entrevista.

Al sur de los Pirineos

Hacia el sur, al otro lado de los Pirineos, el Defensor del Pueblo ofreció su propia investigación en materia de abusos cometidos por clérigos en España. Sus conclusiones ponen de relieve un problema de subdenuncia o subreporte.

El informe, disponible aquí, se presentó en octubre de 2023, fue la primera investigación oficial del país sobre el alcance de los abusos sexuales en la Iglesia católica. Si bien la investigación recogió testimonios de cientos de víctimas, utilizó una encuesta a gran escala para estimar el número real de personas afectadas por el fenómeno, lo que reveló la magnitud del subreporte.

La encuesta, realizada a más de ocho mil adultos, estimó que el 1.13 por ciento de los adultos españoles, lo que equivale a más de 440 mil personas, había sido víctima de abusos en un entorno religioso.

De esa cifra, el 0.6 por ciento, o aproximadamente 200 mil personas, declaró que su depredador había sido un sacerdote u otro miembro del clero.

El titular de la oficina del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, señaló que esta cifra es mucho mayor a la de casos denunciados a las autoridades o a la Iglesia Católica. El informe criticó la respuesta de la Iglesia Católica, marcada por la “negación o deseo de ocultar o proteger a los abusadores”, lo que contribuyó al silencio y la falta de denuncia.

A diferencia del informe del Defensor del Pueblo, un informe publicado por los obispos españoles en 2023, titulado “Para dar luz”, cuestionó las que insistió en presentar como “elevadas cifras”. Para hacerlo se amparó en la cifra oficialmente reconocida en España.

La discrepancia entre las estimaciones del Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal Española ilustra el problema central de la falta de denuncias.

No sólo la Iglesia Católica

Hacia el norte, están los informes británicos de la Investigación Independiente sobre Abusos Sexuales Infantiles (IICSA, contenido sólo en inglés) sobre las iglesias Católica y Anglicana en el Reino Unido.

El informe del IICSA sobre la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales, publicado en noviembre de 2020, investigó sus prácticas de salvaguarda. El informe analizó datos de 1970 a 2015 con 931 denuncias de abuso sexual infantil. Estas denuncias involucraron a mil 753 personas y 936 presuntos perpetradores. La revisión destaca un aumento significativo en las denuncias desde mediados de la década de 1990. Desde entonces, los servicios de asesoramiento en protección de la Iglesia Católica han aceptado las recomendaciones del IICSA.

El informe del IICSA sobre la Iglesia Anglicana en Inglaterra y Gales concluyó que no protegió a menores del abuso sexual. El informe señaló que, en el pasado, los sistemas de protección infantil carecían de recursos suficientes y, en ocasiones, se ignoraba al personal de protección para proteger la reputación del clero y de la Iglesia. Desde la publicación del informe, la Iglesia de Inglaterra ha reconocido estas deficiencias y ha mejorado sus políticas y procedimientos de protección, aunque aún se necesita más trabajo. El informe halló un total de 390 delincuentes condenados vinculados a la Iglesia Anglicana entre 1940 y 2018.

Un aspecto crucial de estos informes es el desafío de la falta de denuncias, lo que dificulta establecer una línea de base para la magnitud del abuso en el Reino Unido, al menos en dos territorios clave: Inglaterra y Gales. Tanto los informes católicos como los anglicanos del IICSA reconocen este problema.

En el caso de la Iglesia Católica, una evaluación de la evidencia reveló que no existía un estudio sólido sobre la prevalencia del abuso y que la falta de denuncias y los retrasos en la denuncia dificultaban determinar el número de víctimas.

El informe también afirma que es probable que el número de denuncias sea considerablemente superior a las cifras presentadas. En este sentido, las cifras oficiales en el Reino Unido, un país con un sistema judicial extremadamente sólido, constituyen un límite inferior, no un límite superior.

En el caso de la Iglesia Anglicana, el informe del IICSA destaca cómo se dio una impresión errónea de la magnitud del problema por las inconsistencias en los registros diocesanos. Esto sugiere que las cifras reportadas no representan realmente el problema y que la verdadera magnitud probablemente sea mayor.

El informe destaca que una cultura de clericalismo y deferencia generó barreras clave para para reportar los casos, que muchas víctimas no pudieron superar.

Los informes sobre ambas iglesias demuestran que los datos recopilados, si bien impactantes, no pueden considerarse una verdadera “línea de base” por problemas sistémicos que impidieron que las víctimas se presentaran.

Irlanda y Australia

Más al oeste, en la República de Irlanda, la situación es prácticamente la misma. Dado el papel de la Iglesia Católica en la formación de la identidad nacional irlandesa, con esa institución como el corazón de una sociedad resiliente, las revelaciones sobre abusos y el alcance del encubrimiento fueron devastadores.

El Informe Ryan (contenido en inglés, disponible aquí) y el Informe Murphy (contenido en inglés, disponible aquí) expusieron una profunda traición a la confianza. Los informes mostraron que la jerarquía católica, desde los arzobispos hasta los más jóvenes, prefirieron proteger a la institución en lugar de los fieles.

Esta cultura generalizada de secretismo y protección institucional condujo a un notable subreporte de los abusos, lo que significa que los casos documentados probablemente representan sólo una fracción de la cifra real.

El Informe Murphy reveló una estrategia de “secretismo, evitar el escándalo, proteger la reputación de la Iglesia y preservar sus bienes”, una filosofía escalofriante que guió sus acciones y permitió que los abusos ocurrieran sin control durante décadas.

Incluso Benedicto XVI tuvo que admitir, en su carta pastoral a los fieles de ese país en 2010, la magnitud de lo que realmente ocurrió en Irlanda.

Finalmente, está la información de la Comisión Real Australiana. Si algo queda claro en sus numerosos documentos, informes y testimonios es que hay evidencia de un abuso institucional generalizado. No se abordaron las causas del problema. Sacerdotes australianos serían enviados, en secreto, a Jémez, Nuevo México, para someterse a terapias breves y, en última instancia, inútiles.

Los sacerdotes regresarían a Australia, a otra parroquia o escuela católica, para repetir su papel de depredadores. El informe principal de 2017 concluyó que la Iglesia había fallado sistemáticamente en la protección de los niños, con acusaciones ocultadas deliberadamente para evitar el escándalo.

Y si se ocultaron, es casi impensable admitir la idea de que existiera un recuento preciso del número de casos de abuso y negligencia y, lo que es más preocupante, del número real de depredadores.

El informe de la Comisión Real descubrió cómo se protegía a los perpetradores mientras se silenciaba a las víctimas, todo en un esfuerzo desesperado por preservar la imagen de la institución. Las conclusiones de la comisión pusieron al descubierto una cultura en la que la Iglesia priorizaba su propia reputación y poder sobre la seguridad y el bienestar de los más vulnerables de la sociedad.

En ese sentido, sólo espero lo mejor para los equipos de comunicación del Vaticano. Este es el tipo de pesadilla mediática que perseguirá al relativamente nuevo papa durante los próximos años, no sólo al enfrentarse a los medios, sino también al asistir a actos públicos, como ocurrió durante los últimos 30 años aproximadamente con Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

Posibles escenarios: ¿Un momento de Damasco?

El propio Francisco vivió un momento similar en 2018, durante su viaje a Chile. El papa Francisco aceptó una entrevista improvisada con una TV argentina. A pesar de la escasa asistencia a sus actos públicos, estuvo dispuesto a volver a defender de manera sorda al obispo Juan de la Cruz Barros Madrid, acusado por las víctimas de encubrir los crímenes del conocido sacerdote depredador Fernando Karadima.

El papa Francisco afirmó no haber visto “ni una sola prueba en su contra” y calificó las acusaciones de “calumnia”. Esta declaración provocó una gran indignación entre las víctimas y sus defensores, y fue ampliamente considerada como una grave crisis para su papado.

La reacción fue severa e impulsó a Francisco a tomar lo que algunos llamaron una “corrección” después de que el entonces presidente de Tutela Minorum y arzobispo de Boston, el cardenal Seán O’Malley, sintiera la urgente necesidad de reunirse con Francisco en Lima, Perú, para pedirle que cambiara de rumbo.

Finalmente, el Pontífice argentino comprendió la magnitud de su error. Encargó una segunda investigación sobre Karadima y aceptó sus propios errores. Se disculpó con las víctimas que había desacreditado y pidió la renuncia de toda la jerarquía chilena, aunque solo unas pocas fueron obligadas a dimitir.

Debe recordarse que acusaciones similares fueron lanzadas contra Juan Carlos Cruz Chellew, sobreviviente chileno y miembro laico de Tutela Minorum cuando él y otras víctimas chilenas de Fernando Karadima denunciaron un esquema de abuso de gran escala, sistemático, en la parroquia del Sagrado Corazón de Providencia en Santiago de Chile.

En ese sentido, cabe preguntarse si el arzobispo francés Thibault Verny estará a la altura de hablar con su jefe, el papa, sobre el daño potencial de sus afirmaciones sin fundamento sobre la magnitud de las falsas denuncias de abusos sexuales por parte del clero.

El tema es relevante y existen al menos tres escenarios posibles en este momento. En el primer caso, existe un mayor escrutinio sobre las víctimas que estaban a punto de hablar de sus casos, con acusaciones de culpabilización que llegan incluso al nuevo papa.

Similar a la situación del papa Francisco, hablar de “acusaciones falsas” por León XIV se percibe ya ahora como un ataque a la credibilidad de todas las víctimas. Los críticos, incluyendo a las víctimas y sus defensores, podrían acusarlo de culpar a las víctimas y de centrarse en un pequeño número de denuncias sin fundamento en lugar del problema sistémico del abuso y el encubrimiento.

Esto es más relevante, nuevamente, ya que, como se demostró anteriormente, no existe algún informe, estudio o metaestudio que permita tal tipo de denuncia. La mayoría de los datos disponibles sobre “denuncias falsas” se refieren al abuso sexual en general, y si algo debe ser claro es que la dinámica del abuso sexual por clérigos es diferente a la del abuso en otros contextos.

En este escenario, como ocurrió en 2018, se produce una inevitable indignación mediática y pública, con un mayor riesgo de reacción mediática, con titulares y campañas en redes sociales que destacan los dichos del papa como un retroceso. El público podría interpretarlo como una señal de que la prioridad de la Iglesia Católica sigue siendo proteger su reputación y al clero acusado, en lugar de las víctimas.

Un ejemplo de ello fue la declaración publicada ese mismo día por SNAP, la Red de Sobrevivientes de Abusos Sacerdotales, disponible aquí en inglés y español en Scribd, donde cuestionan la comprensión del papa sobre el problema y le instan a que su papado priorice las causas profundas de la crisis.

En este escenario, la declaración podría erosionar aún más la confianza en el compromiso de la Iglesia Católica para abordar la crisis de abusos, especialmente entre las víctimas y sus familias. Podría reducir la probabilidad de que los sobrevivientes se presenten, por temor a que sus denuncias sean cuestionadas o desestimadas.

¿Un llamado a la acción?

Un segundo escenario sería aquel en el que Roma reconociera la necesidad de una aclaración y una acción inmediatas. Es menos probable, ya que los dichos de León XIV quizás reflejan una actitud de insatisfacción en Roma y en otras partes del mundo católico ante los tímidos esfuerzos de Francisco por mejorar aspectos menores del comportamiento institucional de la Iglesia Católica en el tema.

En las horas posteriores a la entrevista de León XIV, no hay indicios de que reconozca un error por su parte. Quizás se deba a la actual crisis política en Estados Unidos o a alguna otra razón, pero lo cierto es que Roma parece estar intentando desestimar las críticas.

Aun así, existe la posibilidad de una disculpa y una aclaración del verdadero significado de lo que dijo durante la entrevista. El principal problema es que también descartó cualquier posibilidad de una reforma importante en el futuro previsible, y su pontificado parece estar mucho más interesado en dar marcha atrás en las reformas de Francisco que en impulsarlas.

El verdadero compromiso del actual papa se verá en los próximos días. Otra opción podría ser abrir o reabrir un caso importante. Roma podría facilitar los procesos de denuncia de abusos a través de una aplicación, un sitio web o con una serie de recursos tecnológicos por país, región o idioma, para demostrar un interés real en atender las experiencias de las víctimas.

Lamentablemente, existe un tercer escenario menos optimista: Una declaración probablemente mal calculada profundiza la división en la Iglesia Católica.

Hasta cierto punto, esa era la situación de la Iglesia Católica antes de la entrevista, y por eso las palabras de León XIV, al menos según lo informado por Crux, son tan preocupantes para amigos, familiares e incluso sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero que aún se consideran católicos.

Para quienes ya han abandonado su Iglesia de origen, es un doloroso recordatorio de una época problemática en sus vidas, una que quisieran dejar atrás, pero que es realmente difícil de olvidar debido a este baile de conga papal: dos pasitos pa’lante, tres pasitos pa’trás.

La vaguedad de la declaración y la falta de pruebas reales que respalden sus afirmaciones podrían ser utilizadas por facciones conservadoras dentro de la Iglesia para resistir aún más cualquier cambio y para intensificar sus campañas contra las sobrevivientes en redes sociales y en la vida real.

Podrían aprovechar la parte de “acusaciones falsas” de la declaración para argumentar en contra de medidas de rendición de cuentas más sólidas y, aún más importante, para radicalizar a la base católica para repudiar y atacar aún más a sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero que denuncien sus casos.

El comentario podría ser citado selectivamente y amplificado en línea, lo que generará una visión distorsionada del mensaje general del papa.

Esto podría crear la narrativa de que el papa apoya a los sacerdotes que se hacen las víctimas cuando existe abundante evidencia de cientos de sacerdotes depredadores en todo el mundo.

En última instancia, el impacto de la declaración dependerá de cómo el Vaticano y el papa gestionen la respuesta. La gestión del papa Francisco en el incidente chileno en 2018 demuestra que una corrección rápida y genuina puede mitigar una crisis, pero un paso en falso puede causar un daño significativo y duradero a la reputación de la Iglesia Católica, ya de por sí dañada, y a su relación con las víctimas.

Lamentablemente, las peores consecuencias de lo que el papa Prevost declaró a Crux se sentirán en países con departamentos de policía y sistemas judiciales débiles, donde no hay garantía de la disponibilidad de un kit de violación cuando se denuncia el abuso, y donde aún existen obstáculos para reconocer lo difícil que es para las víctimas de abuso sexual por parte del clero proporcionar un relato digno de un contador de cómo ocurrió el abuso.

¿Muy celosos de su deber?

Cabe destacar que León XIV también emprendió la guerra para defender a las presuntas víctimas de acusaciones falsas, quienes, según él, vieron sus vidas destruidas por las acusaciones. Lamentablemente, si se repasan los innumerables casos que no se denuncian en países como México o Perú, que Prevost conocía muy bien durante su época como obispo, es difícil preocuparse por departamentos de policía, fiscales o jueces excesivamente celosos.

De manera paradójica, la entrevista de Prevost con Crux apareció unas horas antes de que el periódico francés La Croix publicara un texto breve el martes 16 de septiembre (contenido en francés, es posible que pida una suscripción), sobre la decisión final del papa León XIV de expulsar del sacerdocio a un diácono permanente de Italia. De hecho, Alessandro Frastechi, recibió la noticia de la decisión de laicizarlo sin oportunidad de apelar en una cárcel italiana.

Él abusó de cinco menores, tres de ellos eran también sus estudiantes en el curso de religión católica que algunos países ofrecen a los padres que deseen inscribir a sus hijos como es costumbre en algunos países europeos. La Croix, por cierto, termina su texto, con un recordatorio de la indisposición de los obispos italianos de realizar un estudio nacional sobre el alcance del abuso sexual de clérigos ahí.

No puedo concebir un escenario en el que, por la razón que sea, Italia pudiera ser el país donde exista una epidemia de falsos reportes de vengativas “falsas víctimas” como lo fue la peruana Giuliana Caccia, quien trató de torpedear los esfuerzos del papa Francisco para lidiar con el Sodalicio.

En ese sentido, es difícil de imaginar un escenario que con una epidemia de falsas víctimas de abuso, que pudiera forzar al papa Prevost a decir lo que dijo a Crux.

Esto es más claro si se reconoce que el tímido intento de Francisco de reforma de la Iglesia Católica no prospera. Como se ha repetido una y otra vez en esta serie, en México, el segundo o tercer país con mayor número de católicos, los obispos no estuvieron dispuestos a cumplir la instrucción del papa Francisco de 2019 de establecer una comisión para prevenir el abuso sexual por parte del clero en cada diócesis.

No está claro qué pretendía el papa Prevost, quizás lo hizo por bondad, pero esto alimentará la ira de la extrema derecha católica en América Latina y otros países para desacreditar a todas las víctimas de abuso sexual por parte del clero como impostores que intentan inculpar a un sacerdote o, peor aún, dado el contexto actual, como enemigos de la Iglesia Católica.