La ruta en los expedientes fabricados de la PGR

Agente de la SEIDO Lourdes López Lucho: del caso Wallace a Ayotzinapa

Lourdes López Lucho Iturbe, la funcionaria que ayudó al montaje Wallace en 2014 y blindó a policías estatales y federales del caso Ayotzinapa.

Con el agente del Ministerio Público Ernesto Óscar Francisco Ornelas al frente de la mutilación de los videos del Palacio de Justicia y Lourdes López Lucho presionando testigos y formalizando diligencias tardías, la SEIDO operó el encubrimiento desde dos frentes complementarios en el caso Ayotzinapa.

Guadalupe Lizárraga/Los Ángeles Press

El nombre de Lourdes López Lucho Iturbe, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la SEIDO en el área de secuestros, aparece en dos de los casos más emblemáticos en los que el Estado mexicano es responsable directamente: el caso Wallace y el caso Ayotzinapa. La trayectoria de la agente revela un patrón de prácticas que sirvieron, primero, para torturar y acosar a periodistas y familiares de víctimas en el caso Wallace y, después, para ocultar responsabilidades y blindar la versión oficial en el de Ayotzinapa.

Aquella actuación mostró claramente que la funcionaria de SEIDO operaba a favor de Isabel Miranda Torres, quien era el rostro visible de la fabricación de culpables para simular que se combatía el delito de secuestro y por el que Miranda fue recompensada con poder político y económico.

En octubre de ese mismo año, Lourdes López Lucho Iturbe fue designada como agente del Ministerio Público en el caso Ayotzinapa. Entre las primeras diligencias —de entre las 503 mencionadas en las actas de la PGR— fue recibir, el 8 de diciembre, el oficio 72287 de la Primera Visitaduría de la CNDH, mediante el cual se autorizaba al organismo a tener acceso a la indagatoria en la AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/874/2014. Su superior jerárquico era Jorge García Valentín, entonces fiscal especial y encargado de la Coordinación General “B” de la UEIDMS (SEIDO).

Días después, el 22 de diciembre de 2014, López Lucho Iturbe abrió formalmente una de las averiguaciones troncales del caso Ayotzinapa ─la 1017/2014─, que integraba las copias certificadas de la AP 871/2014, con 75 tomos y 12 anexos. En estas averiguaciones se incluían las imputaciones en contra del grupo delictivo Guerreros Unidos, del exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, junto con otras 52 personas más; además de consignar por primera vez el delito de desaparición forzada en agravio de los 43 estudiantes.

Entre los imputados se encontraba César Miguel Peñaloza Santana, exalcalde de Cocula. Su nombre aparece en las averiguaciones previas integradas por la PGR (AP 871/2014 y luego AP 1017/2014, a cargo de Lucho Iturbe), donde se le imputó por delincuencia organizada en relación con el grupo Guerreros Unidos.

La acusación lo vinculaba como autoridad municipal con el crimen organizado en la región, en el mismo periodo en que se perpetró la desaparición de los normalistas. Fue señalado de recibir sobornos y encubrir operaciones en el municipio clave en la narrativa oficial de la “verdad histórica” (el basurero de Cocula donde supuestamente incineraron a los estudiantes, que se abordará en otra entrega).

Dentro de la misma averiguación, López Lucho acusó a José Luis Poblete Aponte por un cargo de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, sin conexión probada con el caso Ayotzinapa.

• La captura de autoridades municipales como César Miguel Peñaloza o de personajes secundarios como José Luis Poblete, sin pruebas sólidas de su relación directa con la desaparición, mostró la estrategia de inflar el expediente con imputaciones de distinto calibre para dar la apariencia de castigo y reforzar la narrativa de la “verdad histórica”.

El chofer del Estrella de Oro 1531

Una de las audiencias que marcó con mayor oscuridad el nombre de Lourdes López Lucho Iturbe se llevó a cabo el 25 de abril de 2015. Allí participaron la Visitaduría Adjunta de la CNDH y los testigos Anel Benhumea y Rogelio Josué Robles Cárdenas, quedando registrada oficialmente en el Expediente CNDH/1/2014/6432/Q/VG (Recomendación VG/015/2018).

De acuerdo con uno de los investigadores del Informe Pascal (documento de análisis sobre las omisiones e irregularidades del caso Ayotzinapa que hemos referido en entregas anteriores), quien señaló para Los Ángeles Press que, en esa audiencia con el chofer del autobús Estrella de Oro 1531, Gregorio Jaimes Reyna, quedó en evidencia que “quien obligó al chofer a cambiar su declaración fue la agente del Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbe”.

La coacción, sin embargo, se descubrió de manera oficial hasta el 11 de marzo de 2016, cuando el propio chofer compareció ante la SEIDO en una diligencia levantada también por la CNDH, dentro del mismo expediente. En esa constancia quedó acreditado que Lucho Iturbe presionó al testigo para que no mencionara a la Policía Estatal ni a la Policía Federal, y que únicamente señalara a la Policía Municipal de Iguala. Con esta maniobra, al eliminar toda referencia a fuerzas estatales y federales, la responsabilidad de la desaparición de los 43 normalistas quedó reducida a policías municipales y al grupo criminal Guerreros Unidos, señala el analista.

En el expediente, se señala que después de agotar la diligencia, a punto de salir del recinto, López Lucho se dirigió al chofer del autobús 1531, Gregorio Jaimes Reyna y —según el acta— le dijo:

—Ah, mire, que guardadito se lo tenía.

El chofer sin titubear le reprochó a Lucho Iturbe:

—Licenciada, acuérdese que ese día yo le comenté, pero usted dijo no, eso es mentira, ahí no participó ningún federal ni estatal.

Lucho se quedó callada, no hizo ningún comentario, evadiendo la situación, e inmediatamente salió de la oficina.

El papel de Gregorio Jaimes Reyna, chofer del autobús Estrella de Oro 1531, resulta clave para comprender la manipulación de testimonios en el caso Ayotzinapa. En el Informe Pascal se especifica que inicialmente Jaimes Reyna fue considerado testigo protegido bajo la conducción de Lourdes López Lucho Iturbe, pero su declaración sufrió un viraje determinante cuando la agente del Ministerio Público lo presionó a modificar su versión.

El testimonio de Jaimes Reyna cobra aún más fuerza al revisar las observaciones del Informe Pascal al primer informe del GIEI. En él se detalla que el autobús 1531 salió de Ayotzinapa con normalistas en la noche del 26 de septiembre de 2014, y que viajaba acompañado de un segundo conductor, Gonzalo “N”, quien fungía como chofer de reserva. El informe precisa que la caravana de autobuses llegó a la Terminal Epifanio Rodríguez a las 21:09:37 horas, y no a las 21:12 como señaló el GIEI, corrigiendo así la cronología oficial. La presencia de Jaimes Reyna como conductor principal queda documentada de manera inequívoca.

El analista del Grupo Pascal Bourne enfatiza a Los Ángeles Press: “el hecho fue tan grave que la CNDH levantó constancia legal y ordenó la elaboración de otra acta circunstanciada en la propia SEIDO”.

“Los licenciados Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado y Edgar Nieves Osornio (SEIDO), junto con el Visitador Adjunto, se trasladan a otra oficina; ahí, Gualberto Ramírez Gutiérrez (Titular de la Unidad Especializada en Secuestro de SEIDO) hace que se elabore el acta”.

El chofer del Eco Ter 3278

Otra diligencia relevante de Lourdes López Lucho Iturbe ocurrió el 8 de junio de 2015, cuando recibió la declaración del chofer José Ramiro López Castro, conductor del autobús Eco Ter 3278. Él narró la ruta de los normalistas y el momento en que varios estudiantes descendieron de la unidad. Su testimonio quedó asentado en la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.

El chofer relató que, tras salir de la Terminal de Iguala, el autobús se detuvo frente a la Bodega Aurrerá de la calle Ignacio Manuel Altamirano alrededor de las 21:20 horas, permaneciendo ahí hasta las 21:32 en espera de su esposa. Durante ese lapso, los normalistas comenzaron a gritarles a los agentes de la Policía Federal que vigilaban la zona, confirmando su presencia en momentos clave de los ataques. Esta referencia directa a los federales, que más tarde desaparecería de la versión oficial, quedó asentada en su declaración. La cronología coincide con el sistema de geolocalización Copiloto Satelital de la empresa Estrella Roja de Cuautla, que sitúa al autobús 3278 en ese punto preciso, mientras otros autobuses eran atacados en el centro de Iguala.

El Informe Pascal apunta:

Al día siguiente del testimonio del chofer, el 9 de junio de 2015, Lucho Iturbe gestionó y recibió de Pegaso/Movistar los primeros discos con registros de llamadas de dos números específicos (7771583815 y 7471476561). Estos discos contenían datos de llamadas entrantes y salientes, horas y duración, así como la información de las celdas de antena, lo que permitía ubicar en tiempo real las posiciones de los equipos. Ese mismo día se integraron también dictámenes periciales de audio, video y fotografía, entre ellos el paquete de 540 tomas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el basurero de Cocula y un dictamen de video con folio 86633.

• El cruce de estas diligencias muestra un patrón: mientras el chofer López Castro ofrecía un relato puntual que confirmaba la participación de la Policía Federal, Lucho Iturbe integraba al expediente los dictámenes técnicos y periciales sin profundizar en esa línea de responsabilidad, con lo cual la presencia de los federales quedó borrada del caso. Así, las diligencias de junio de 2015 terminaron reforzando un expediente dirigido a sostener la “verdad histórica”.

En resumen, el Informe Pascal sostiene que el GIEI manipuló la cronología de las comunicaciones de los normalistas: ubicó las llamadas a las 21:40 horas, cuando en realidad habían comenzado a las 21:19, al mismo tiempo que los primeros disparos contra el Estrella de Oro 1531 y el Eco Ter 3278, ocultando así el margen de tiempo en que los estudiantes del Eco Ter 3278 y el Estrella de Oro 1531 fueron atacados y detenidos frente al Palacio de Justicia. La agente López Lucho Iturbe, por su parte, recibió los discos con los registros telefónicos que permitían reconstruir esa huella de llamadas y ubicar con precisión la posición de choferes y estudiantes. Sin embargo, esos metadatos de telecomunicaciones —clave para comprobar la falsedad de la versión oficial— se integraron al expediente sin explotación analítica, quedando reducidos a una formalidad procesal. Así, mientras el GIEI distorsionaba los tiempos de las llamadas, la propia SEIDO, bajo la firma de Lucho Iturbe, custodiaba la evidencia que podía desmentirlo.

La retención de autobuses

El momento decisivo llegó el 10 de septiembre de 2015. Ese día, Lourdes Lucho Iturbe decretó la retención de cinco autobuses como “instrumentos del delito”:

• Estrella de Oro 1531, Estrella de Oro 1568, Costa Line 2510, Costa Line 2012, Eco Ter 3278

La agente giró un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el traslado, internamiento y resguardo de estas unidades en el depósito vehicular “Cabeza de Juárez”. Se practicó inspección ocular y se notificó a los representantes legales de las empresas Estrella de Oro y Estrella Roja del Sur. Ambos se negaron a firmar las actas, lo que quedó asentado en el expediente.

Los autobuses permanecieron bajo resguardo oficial en la Ciudad de México. Ocho meses más tarde, en febrero de 2016, ya bajo custodia formalizada, la Policía Federal los sometió a escaneos con rayos X. Los dictámenes concluyeron que no había modificaciones estructurales ni compartimentos ocultos, descartando un “autobús de la droga”.

Lectura crítica desde el Informe Pascal

Desde la perspectiva del Informe Pascal, estas actuaciones —aunque revestidas de legalidad— formaron parte de una estrategia mayor de la SEIDO para dar apariencia de investigación a un proceso de encubrimiento. Las diligencias encabezadas por Lucho Iturbe sobre los autobuses llegaron un año después de los hechos, cuando las evidencias inmediatas ya habían sido borradas o manipuladas. En paralelo, el agente ministerial de la SEIDO, Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, había intervenido desde septiembre y octubre de 2014 en la extracción y mutilación de los videos del Palacio de Justicia de Iguala, que nunca fueron integrados completos al expediente.

• Así, mientras Lucho manipulaba testigos y formalizaba diligencias tardías, Ornelas operaba en la eliminación de pruebas clave, dos frentes distintos del encubrimiento.

Los Ornelas y López Lucho: una trama conjunta de manipulación

En la primera entrega destacó el nombre de Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, como el agente del Ministerio Público Federal que, al frente de un grupo de peritos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), irrumpió en el Palacio de Justicia de Iguala para extraer los videos del 26 de septiembre de 2014. Su intervención marcó el inicio de la manipulación de evidencias clave, mientras López Lucho operaba en paralelo con el acoso de de testigos como el chofer Gregorio Jaimes Reyna.

Esta colaboración entre Ornelas Delgado y López Lucho en la SEIDO muestra cómo la manipulación de Ayotzinapa no se limitó a omitir datos, sino que fue una acción coordinada: mientras uno adulteraba evidencias materiales, la otra presionaba declaraciones de testigos para sostener la versión oficial. Ambos nombres quedaron registrados en actas levantadas por la CNDH, lo que confirma su participación directa en audiencias y diligencias que resultaron críticas para blindar la “verdad histórica”.

Pero el apellido Ornelas vuelve a aparecer en distintos momentos y niveles de la investigación del Grupo Pascal Bourne, quien lo hace notar a Los Ángeles Press. Uno de estos nombres es el de Óscar Ornelas Hernández, actual visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En una diligencia oficial, este funcionario reportó que la cámara 14 del C4 estaba ubicada en Periférico Norte de la ciudad de Iguala y que allí había quedado registrada una Suburban negra junto con tres patrullas de la policía municipal trasladando a un grupo de estudiantes.

Sin embargo, la verificación del grupo de investigadores demuestra que la cámara 14 no se localizaba en Periférico Norte, sino en Periférico Poniente. Este error, deliberado o no, desvió la georreferenciación de un momento clave del ataque.

“Lo tenemos bien documentado —explica a Los Ángeles Press un analista del Informe Pascal—, porque Óscar Ornelas, de la CNDH, ubicó la cámara 14 del C4 en Periférico Norte, cuando en realidad está en Periférico Poniente. Y el GIEI la ubica en la salida a Taxco, cosa que es todavía más descabellada. Nosotros estuvimos en el sitio, hay fotografías en el expediente. Incluso descendimos unos 150 metros hacia el Oxxo que está frente al tanque de agua de la Conagua, lugar al que también irrumpieron el 29 de septiembre para obtener los videos de ese establecimiento. Todo esto forma parte de la investigación.”

Otro personaje con el apellido Ornelas y que estuvo presente el día de los hechos es Sandy Ornelas Ramírez, despachadora de la Policía Estatal en el C4 de Iguala. Desde su puesto, tuvo acceso a los reportes en tiempo real de las patrullas y ambulancias movilizadas, así como a la comunicación operativa entre corporaciones. Su presencia en el corazón del sistema de control revela cómo el apellido se repite en posiciones neurálgicas la noche del 26 de septiembre de 2014.

En el caso de Felipe Martín Ornelas Rebollo, actualmente retirado, su historia está estrechamente ligada a los dos periodos de gobierno de Ángel Aguirre Rivero en Guerrero. El primero, entre 1996 y 1999, cuando asumió como gobernador sustituto tras la caída de Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas, donde la Policía Motorizada emboscó y asesinó a 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Coyuca de Benítez. Ese periodo coincidió con el escándalo de su familiar, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, convertido en 1997 en el primer militar de alto rango procesado por vínculos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito y acopio de armas. El segundo periodo, de 2011 a 2014, ya como gobernador constitucional, incorporó a Ornelas Rebollo en su círculo más cercano, al frente de tareas de seguridad y contrainteligencia, justo en los años en que se gestó la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Una nota del Noroeste vincula directamente a Ornelas Rebollo con el general Marcos Esteban Juárez Escalera, conocido como “El Caminante”, quien fungió como supuesto enlace entre sicarios de Guerreros Unidos y mandos policiales la noche del 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, en el Informe Pascal se demuestra que no existe una relación verídica de grupos de narcotráfico relacionada con los estudiantes de Ayotzinapa.

En ese mismo entramado aparecen Javier Bello Orbe, coordinador de la zona norte de la Policía Ministerial de Guerrero, y su escolta, también ministerial, Eliohenay Salvador Martínez Hernández. Con base en la Recomendación VG/015/2018 de la CNDH, se demuestra que ambos policías aparecieron primero en Periférico Norte, entre las 21:30 y las 22:00 horas, cuando fueron detenidos los tres autobuses con normalistas: el Costa Line 2012, Costa Line 2510 y el Estrella de Oro 1568.

Los autobuses quedaron varados y rodeados por policías municipales y estatales, con refuerzo ministerial. Es en este preciso punto donde la CNDH ubica a Javier Bello Orbe y a su escolta Eliohenay Salvador Martínez Hernández. Más tarde, ya en el Puente del Chipote, se interceptó otro autobús clave, el Estrella de Oro 1531, donde viajaba el soldado infiltrado Julio César López Patolzin.

Investigaciones

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Bello Orbe y Martínez Hernández se movían junto con los desplazamientos de los estudiantes, siguiendo un plan compartido con otras corporaciones policiales y estuvieron en los dos escenarios estratégicos de la noche —Periférico Norte (tres autobuses) y el Chipote (un autobús)—, lo que confirma, con el Informe Pascal, su papel en la coordinación operativa de la emboscada.

Cómo funcionaba la coordinación

La Policía Ministerial identificaba y contenía a los normalistas, mientras la Policía Federal y el Ejército cerraban los accesos y consolidaban el cerco. Ninguna corporación actuaba de manera aislada o por iniciativa propia, sino como parte de una cadena sincronizada de mando y ejecución previamente planeada.

El Informe Pascal destaca que la mención en la Recomendación VG 015/2018 de la CNDH (folios 479 y 480, apartado 14, evidencias 33 y 34) confirma que no se trató de un error o de meros testigos circunstanciales, sino de actores con un rol activo. La reiterada presencia de los Ornelas, junto con Bello Orbe y Martínez Hernández, en dos puntos neurálgicos de Iguala esa noche —periférico norte y el Chipote— muestra que la desaparición de los normalistas se ejecutó como operación conjunta de inteligencia y fuerza pública.

Claves de la cuarta entrega

La trayectoria de Lourdes López Lucho Iturbe en el caso Ayotzinapa combinó la apariencia de legalidad —retención de autobuses, recepción de oficios, digitalización de tomos, entrega de discos a la CNDH, órdenes de aprehensión— con una intervención directa en la manipulación de testimonios.

Cada una de sus diligencias refleja un patrón ya descrito: presionar al chofer del Estrella de Oro 1531 para borrar de su declaración a la Policía Estatal y Federal; recibir el testimonio del chofer del Eco Ter 3278 que señalaba la presencia de la Policía Federal y después diluirlo en el expediente; ordenar la retención de cinco autobuses como “instrumentos del delito”, pero de manera tardía y sin profundizar en la hipótesis del “autobús de la droga”.

Protegió a la Policía Estatal y Federal, orientando la narrativa hacia una culpabilidad exclusiva de la Policía Municipal y del grupo delictivo Guerreros Unidos.

El Informe Pascal interpreta estas acciones como parte de una estrategia de encubrimiento, en coordinación con otros agentes de la SEIDO como Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, responsable de la manipulación de los videos extraídos del Palacio de Justicia de Iguala.

Del falso secuestro de Wallace a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la firma de Lourdes López Lucho Iturbe revela un mismo patrón: fabricar expedientes, intimidar víctimas, presionar testigos y blindar la responsabilidad de las instituciones federales. Sus diligencias fueron una pieza más que consolidó el encubrimiento de Estado.

• López Lucho combinó actos con apariencia de legalidad —retención de autobuses, recepción de oficios, entrega de discos— con la manipulación directa de testimonios.
• Presionó a testigos para omitir a la Policía Estatal y Federal, diluyó referencias a los federales y formalizó diligencias que reforzaron la “verdad histórica”.
• Su labor se coordinó con otros agentes de la SEIDO, como Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, responsable de la manipulación de los videos del Palacio de Justicia.
• Del falso secuestro Wallace a Ayotzinapa, su firma revela un mismo patrón: fabricar expedientes, intimidar víctimas, presionar testigos y blindar la responsabilidad de las instituciones federales.