Aguascalientes, Ags.— Una vez más, los gobiernos federal y estatal optaron por cerrar las puertas a la prensa independiente, dejando fuera a Objetivo7 tanto en el informe presidencial como en la visita oficial a Aguascalientes realizada ayer.

El veto no es nuevo: se ha convertido en una práctica sistemática contra medios que no se alinean con la narrativa oficial. En ambos eventos, el acceso fue cuidadosamente administrado a medios afines o que no cuestionan la gestión gubernamental, mientras que se negó la acreditación a quienes ejercen un periodismo crítico.

La exclusión evidencia la censura institucionalizada que persiste en México, pese a los discursos de “apertura democrática” que el propio presidente repite en cada escenario. El gobierno federal reproduce los mismos patrones de control que en décadas pasadas: limitar la cobertura, administrar la imagen pública y bloquear a quienes investigan lo que incomoda.

En Aguascalientes, el gobierno estatal ha replicado la estrategia, reduciendo los espacios de prensa a una lista selecta, privilegiando convenios publicitarios por encima del derecho ciudadano a estar informado. Esto constituye un ataque directo a la libertad de expresión y al pluralismo informativo, pilares que la Constitución y los tratados internacionales obligan a garantizar.

El dinero es de la sociedad, no es de grupos políticos, ni siquiera es de los gobiernos.

Al negarse la acreditación a Objetivo7, lo que se censura no es a un medio en sí, sino a la ciudadanía que tiene derecho a recibir información diversa, contrastada y libre de filtros oficiales.

La censura se convierte así en la confirmación de un hecho: mientras se habla de “transformación” y “progreso”, en realidad se sigue cultivando la vieja costumbre de controlar la narrativa pública.