René Carrillo Durán y la dificultad para demostrar desapariciones forzadas
El exdirector de la Policía Ministerial de Aguascalientes, René Carrillo Durán, fue absuelto de manera definitiva del proceso que enfrentaba desde 2019 por el delito de desaparición forzada, derivado de la denuncia por la detención y posterior desaparición de José Francisco Espinoza Huerta, conocido como “El 12”, ocurrida en diciembre de 2018.
El proceso judicial
Carrillo Durán permaneció cinco años en prisión preventiva mientras se desarrollaba el proceso, acusado de haber ordenado o participado en la detención ilegal del pepenador en la colonia Insurgentes. De acuerdo con los testimonios, José Francisco fue subido a una camioneta de la entonces Policía Ministerial y no se volvió a saber de él.
Durante este tiempo, el caso se convirtió en un referente en Aguascalientes sobre la debilidad institucional en materia de derechos humanos y la fragilidad del sistema judicial para esclarecer desapariciones. Sin embargo, las instancias judiciales concluyeron que las pruebas presentadas eran insuficientes para acreditar la responsabilidad penal de Carrillo Durán.
La absolución
El pasado 28 de agosto de 2025, un juez federal resolvió su absolución definitiva, lo que significa que ya no existen recursos pendientes ni posibilidad de que el caso continúe en su contra. Con ello, Carrillo Durán recuperó su libertad tras años de litigios.
Hoy, a través de un video publicado en redes sociales, el exfuncionario confirmó la resolución judicial, agradeció el apoyo de su familia durante el proceso y afirmó que la justicia “por fin le dio la razón”. En sus declaraciones, subrayó que fue señalado injustamente y sostuvo que nunca tuvo participación en hechos de desaparición forzada.
Un caso emblemático
El caso de René Carrillo Durán es considerado emblemático porque involucró a un mando de alto nivel de la policía investigadora estatal y expuso las tensiones entre el aparato de seguridad y la exigencia de justicia de las víctimas. Su desenlace confirma la dificultad de los tribunales para sostener acusaciones de desaparición forzada, uno de los delitos más graves en la legislación mexicana.
