Fabricación de culpables

Ángel Ordóñez: 15 años preso por un crimen imposible en Chihuahua

El caso de Ángel Ordóñez comenzó en agosto de 2010 con una escena alterada, una audiencia en coma y una condena de 30 años.

El 30 de agosto, Ángel Ordóñez cumplirá 15 años en prisión de forma injusta. “Todos podemos decir que nunca cometeremos un crimen, pero no podemos asegurar que nunca nos acusarán de cometer uno. Y si lo hacen, suerte con el sistema penal”: Ángel Roberto Ordóñez.

Por Guadalupe Parral / Guadalupe Lizárraga

PRIMERA PARTE: EL MONTAJE

A la edad de 21 años, Ángel Roberto Ordóñez Rodríguez fue condenado a 30 años de prisión en 2010 por homicidio y violación agravada en contra de su novia. Desde el inicio, su caso se convirtió en un espectáculo mediático: campañas sistemáticas en medios de comunicación lo denigraron, lo señalaron y construyeron públicamente su culpabilidad, configurando una tortura psicológica que lo acompañó durante todo el proceso judicial. Hoy, gracias a los avances tecnológicos y científicos en materia criminalística, surgen nuevas evidencias que revelan la fabricación de culpabilidad.

Su equipo de abogados y peritos en criminalística, junto con él, luchan por demostrar su inocencia y desenmascarar la red de corrupción que domina el sistema de justicia en Chihuahua. Durante el mandato del entonces gobernador panista Javier Corral Jurado (hoy senador por Morena), la prioridad no fue esclarecer casos como el de Ángel, sino garantizar el éxito mediático de su estrategia ‘Operación Justicia para Chihuahua’, sacrificando la verdad y el derecho a un juicio justo de muchas personas inocentes fabricadas culpables.

Sin embargo, la historia de Ángel comenzó antes, en un contexto donde el sistema judicial ya estaba marcado por prácticas de encubrimiento y manipulación. Su caso fue absorbido por esa maquinaria, al grado de convertirse en un emblema de cómo se fabrica un culpable desde la escena del crimen hasta el tribunal.

El linchamiento de medios

Desde los primeros días, el caso de Ángel fue tratado como un espectáculo mediático. Periódicos locales y noticieros repitieron la versión de la Fiscalía como si fuera un hecho consumado, lo presentaron como “el locutor asesino” y omitieron las circunstancias de su estado clínico al momento de la detención. Titulares sensacionalistas y notas sacadas de contexto reforzaron una imagen de culpabilidad anticipada, mientras las omisiones y contradicciones de la investigación quedaban fuera del debate público.

La cobertura no sólo estigmatizó a Ángel, sino que también revictimizó a la víctima, utilizada como símbolo para justificar la dureza de la acusación. Esta narrativa, impulsada desde el poder político y judicial, configuró una condena social que antecedió a la sentencia formal y minó cualquier posibilidad de defensa justa.

¿Quién es Ángel Ordóñez?

En 2010, Ángel era un locutor en ascenso. Estudiante de Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey y su voz resonaba en Chihuahua a través de la frecuencia juvenil de radio del 88.5. Pero un trágico suceso calló su voz. Un intento de homicidio en su contra y un encarcelamiento por un crimen que asegura no haber cometido lo han mantenido preso en el Cereso de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Dentro de prisión, Ángel Roberto Ordóñez Rodríguez no sólo lucha por demostrar su inocencia, sino que ha convertido el encierro en un espacio de aprendizaje y estrategia: allí cursó la maestría y alcanzó el doctorado en Derecho, convirtiéndose en un experto que enfrenta el sistema judicial con conocimiento y determinación. ‘Por ese compromiso moral que tengo con Isabel. Tenemos 16 años más para seguir peleando y no vamos a dejar de hacerlo hasta obtener justicia. Confiamos en este recurso de revisión de sentencia y, una vez que pueda recuperar mi libertad, continuaré esta lucha por la justicia para Isabel’, confesó a la periodista Guadalupe Lizárraga en 2024 para Los Ángeles Press.

Comienza la pesadilla

Aquella noche del lunes 30 de agosto de 2010, a las 20:05 horas, una llamada de emergencia llevó a los paramédicos del sistema URGE, Omar Torres y Vicente González a la calle Manuel Aguilar 307, colonia Barrio del Norte, Chihuahua, Chihuahua. Allí, encontraron a Ángel y a su novia: ella sin vida; él, en estado de coma. Pero había otra persona más, una mujer que dijo ser prima de Ángel y quien entregó a uno de los paramédicos una caja de pastillas que supuestamente encontró en el lugar.

En coma farmacológico, Ángel fue trasladado al Hospital Central Universitario, lo que impidió cualquier entrevista por el ministerial Fernando Díaz Aguirre por encontrarse “delicado de salud e intoxicado”. Díaz Aguirre actualmente es policía de investigación en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género.

Según el informe médico de integridad física de Samuel Francisco Villa, de la Fiscalía General del estado, el 1 de septiembre de 2010, Ángel salió del coma, pero estando “semiinconsciente, soporoso, con miosis y diplopía, debido a intoxicación aguda con antidepresivos, ansiolíticos y Diazepam e ingesta de alcohol etílico”, fue detenido y obligado a declarar en un tribunal ambulante.

En una videograbación de esa audiencia improvisada en el hospital, resaltaron dos aspectos: uno, que la jueza Delia Valentina Meléndez no le permitió contar con un abogado de confianza y le impuso al defensor público Eugenio Natera Gutiérrez, quien maniobró a favor de la Fiscalía. Y dos, que la audiencia y el estado de inconsciencia de Ángel parece divertirle a la agente del Ministerio Público Edna Edith Alvidrez, y a los agentes, Daniel Nieves Torres y Raúl Octavio Ochoa Lozano, quienes sonreían entre sí mientras lo procesaban.

Raúl Octavio Ochoa Lozano, quien fungió como agente del Ministerio Público para acreditar la presunta responsabilidad de Ordóñez en 2010, ni siquiera tenía estudios concluidos: de acuerdo con su cédula profesional, terminó la carrera hasta 2015 en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El fiscal millonario: Daniel Nieves Torres

Desde los hechos del 30 de agosto de 2010, la investigación quedó en manos del agente del Ministerio Público Daniel Nieves Torres —actual funcionario de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua—, cuyas actuaciones exhibieron omisiones graves. La autoridad judicial terminó por eliminar al menos cinco declaraciones ministeriales presentadas como testimonios de hechos, pero que en realidad eran de oídas o basadas en dichos de terceros. Carecían de datos precisos sobre identidad, fecha y hora, y mostraban contradicciones insalvables que impedían su corroboración.

Estos vacíos procesales no sólo evidenciaron la deficiencia de la investigación inicial, sino también la fragilidad de la acusación que mantiene a Ordóñez en prisión desde hace casi 15 años.

El agente que llevó la investigación de Ángel Ordóñez, acusado falsamente de matar a su novia de 15 años, en 2023 obtuvo ingresos por más de 27 millones de pesos según la declaración de su patrimonio en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto equivale a pagos mensuales de 2 millones de pesos, mientras que otros agentes de su categoría tienen devengados sueldos de poco más de 30 mil pesos mensuales.

El patrimonio del fiscal del caso Ordóñez:

•Ingresos declarados por Daniel Nieves Torres en 2024: 27,495,832 pesos

•Sueldo promedio anual de un agente del Ministerio Público en Chihuahua: entre 300 mil y 450 mil pesos

•Diferencia: más de 60 veces el salario esperado.

https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/08/27/daniel-nieves-patrimonio-7hIb6wrPb.pdf&embedded=true

La sentencia

En un improvisado tribunal en el hospital y completamente sedado, Ángel Ordóñez fue coaccionado a aceptar un procedimiento abreviado, es decir, la terminación anticipada de su proceso penal. Este procedimiento busca agilizar la justicia y reducir la carga del sistema judicial.

El 16 de febrero de 2011, el ministerio público resolvió que, “mediante la violencia física, el acusado abusó de la víctima; posteriormente, mediante la sujeción de un cable eléctrico, la privó de la vida, mediante asfixia mecánica, causándole la muerte por asfixia mecánica por estrangulación”.

Y penalmente se le hizo responsable de la comisión de los delitos de violación agravada y homicidio agravado y calificado, imponiéndole 30 años de prisión y una condena a pagar de 50 mil pesos, por concepto de reparación del daño, negándosele el beneficio de la condena condicional.

“Fui detenido en estado de coma. No se me realizó ninguna lectura de derechos, incluso, se me presentó ante la jueza después de las 48 horas, violando con ello lo suscrito en el artículo 16 de la Constitución (que obliga a las autoridades a explicar por escrito el fundamento legal y los hechos que justifican cualquier acto que afecte a las personas, incluyendo las órdenes de aprehensión y cateo)”.

El caso de Ángel Ordóñez sintetiza la forma en que el sistema judicial de Chihuahua fabricó culpables para sostener una narrativa política. La audiencia en estado de coma, los fiscales sin formación y la fortuna inexplicable del agente investigador configuran un patrón de arbitrariedades que marcaron su condena y que hoy siguen impidiendo su libertad.

Sin embargo, los nuevos dictámenes científicos en toxicología, mecánica de hechos y criminalística —realizados más de una década después— refuerzan lo que su defensa ha sostenido desde el inicio: Ángel no pudo cometer los delitos por los que fue condenado. Estas pruebas, inéditas y contundentes, son el eje de la segunda parte de este reportaje.