Cortesía/Río Doce/Altares y sótanos/Ismael Bojórquez.

Representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ACNUDH), estuvieron este fin de semana en la Bahía de Ohuira para investigar las condiciones en que se está construyendo la planta de amoniaco de consorcio Gas y petroquímica de Occidente (GPO), con capital alemán.

Es un paso más en la incansable lucha de los comuneros de la bahía para que la planta no se construyera y que inició desde que fue anunciada, durante la administración de Mario López Valdez, pese a que la Bahía de Ohuira está dentro de la lista Ramsar desde que México se integró al acuerdo internacional, en 1986.

La Convención de Ramsar es un tratado internacional que data desde 1971 y se creó en la ciudad iraní de ese nombre. México se integró en 1986, justo en el primer gobierno neoliberal, encabezado por Miguel de la Madrid. Vale apuntar ahora que uno de los objetivos centrales del acuerdo es contribuir al desarrollo sostenible a nivel mundial. Y vale decirlo porque hace apenas unos días, en el marco de la reunión del G20 en Brasil, nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, pronunció un fuerte discurso sobre la necesidad de que las naciones que lo integran se preocupen más por la defensa del medio ambiente en el mundo.

Los comuneros de la Bahía de Ohuira tienen una década denunciado los atropellos de la empresa, apoyada por los gobiernos municipales, estatales y el mismo gobierno federal (ahora también por el Poder Judicial), que han terminado por permitir que la planta sea construida.

Uno de los propósitos fundamentales de la Convención Ramsar es proteger los humedales del mundo y su uso racional. Cuando México se integró a la Convención, registró 142 humedales, entre ellos el de Ohuira, llamado humedal Santa María, Topolobampo y Ohuira, en Ahome.

Pero los intereses económicos han podido más que la necesidad de preservar el medio ambiente, a pesar de estar bajo gobiernos que aseguran defenderlo. Como diputada federal, en 2019, Tatiana Clouthier se hizo presente en Topolobampo y dijo estar de lado de los comuneros, pero se olvidó de ellos en cuanto llegó a la secretaría de Economía. El propio presidente de la república dijo que, si había controversia, recomendaba hacer una consulta. Y se hizo, pero manoseada para que el veredicto fuera favorable a los intereses de la empresa, pues se instalaron mesas en comunidades que nada tenían que ver con la bahía y hasta se compraron votos a favor, como en San Miguel Zapotitlán.

No era un asunto de consulta. El entonces presidente AMLO politizó un conflicto que debía resolverse con base en estudios científicos. La pertenencia del humedal a la lista Ramsar era una razón suficiente, pero el tema se fue a litigio. Y resulta que ese mismo poder judicial que el actual gobierno tanto ha criticado por corrupto, terminó favoreciendo los intereses de los empresarios, contra la lucha de los comuneros y la preservación del medio ambiente.

Es verdad que se requieren empresas, industrializar el estado, generar riqueza y empleos —y esta ha sido el discurso de gobiernos de todos los colores para justificar el apoyo a GPO—, pero no a costa de sacrificar el equilibrio ambiental y menos pisotear los derechos de los pueblos originarios, de por sí maltratados históricamente.

Había otras salidas, otros usos del humedal si lo que se buscaba era generar riqueza y empleos. En aquellos años voces académicas se preguntaban porque no sacarle provecho con desarrollos ecoturísticos, como ya se ha hecho en otros casos, en México y en otras partes del mundo. Pero nadie escuchó.

El proyecto nació con el impulso de Francisco Labastida Gómez, secretario de proyectos estratégicos con Malova y con la asesoría de su padre, Francisco Labastida Ochoa. Atravesado estuvo con la venta de terrenos el exdiputado federal, Rubén Benjamín Félix Hays, sobrino de Leonardo, el Nalo Félix, que se creía el dueño de Topolobampo. Funcionarios del gobierno estatal que fueron impulsores del proyecto, aparecieron luego como “acompañantes” de GPO. Toda una trama de intereses contra los que resistieron y siguen resistiendo las comunidades afectadas.

Bola y cadena
PEDIRLE A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO de Naciones Unidas para que estudie el caso y emita medidas y recomendaciones tal vez no sea demasiado tarde y habla de la capacidad de resistencia de las comunidades indígenas resueltas a defender su patrimonio de la voracidad empresarial. Han sido un ejemplo de lucha que debiera enorgullecer a todo aquel que se diga partidario de las causas justas. El problema es que muchos de lo que antes apoyaban estas luchas son parte del gobierno y se han vuelto capaces de todo en nombre del “proyecto”. Comen por eso; viven de eso, y hasta sienten que están cumpliendo una misión. Pobres.

Sentido contrario
¿POR QUÉ LA PRESIDENTA SHEINBAUM tiene que pedirle información al presidente Biden, de los Estados Unidos sobre la captura de Ismael Zambada García? ¿No lo tiene resuelto ya la FGR, según ha informado? ¿O el gobierno federal ha estado jugando con la opinión pública? ¿Por qué la FGR detuvo la información sobre el caso y en particular sobre el crimen de Héctor Melesio Cuen Ojeda? ¿Qué se esconde?

Humo negro
LA VIOLENCIA GENERADA POR ESTOS hechos y que lleva ya dos meses y medio, no solo no baja de nivel, sino que amenaza con expandirse y profundizarse; la cuota que pagan hombres y mujeres inocentes ya es muy alta y puede no haber tocado techo todavía. No hay luz en el túnel, por el contrario, todo se ve cada vez más oscuro.

Artículo publicado el 24 de noviembre de 2024 en la edición 1139 del semanario Ríodoce.