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Altares y sótanos: Cortesía/Río Doce/Ismael Bojórquez.

Hace tres semanas el Consejo Universitario de la UAS acordó incorporar un busto de Héctor Melesio Cuen Ojeda a la Rotonda de los Universitarios Ilustres. Fue a propuesta de un consejero y fue aprobada por unanimidad. Este es un buen ejemplo de cómo las mayorías absolutas pueden conducir a excesos. Me pregunto si Cuen tiene más méritos que Liberato Terán Olguín, uno de los constructores de lo que ahora es la UAS, a fuerza de una lucha indeclinable por la democracia y por la academia. También porqué incluyeron a Jorge Medina Viedas y no a Eduardo Franco o a Marco César García Salcido, que condujeron con sabiduría la casa rosalina en sus momentos más convulsos.

En sistemas de absoluto control no hay razonamientos, solo líneas que se aceptan ciegamente. Proponer a Cuen Ojeda para que ocupe un lugar al lado de Jesús Kumate, de Raúl Cervantes Ahumada, del fundador de lo que a la postre sería la UAS, Eustaquio Buelna y del gran revolucionario, Rafael Buelna Tenorio, es defecar sobre sus memorias. Salvo Norma Corona y Medina Viedas, una luchadora social asesinada y el otro un comunista que terminó empequeñecido trabajando para los gobiernos del PRI, aquellos fueron académicos, científicos, revolucionarios…

¿Qué se pretende con ello? ¿Salvar su memoria o pasar el trapeador por la conciencia de los que quedan al acecho del botín que deja una vez que fue asesinado mientras encaramaban en un avión a Ismael Zambada García aquel 25 de julio? Ninguno de los que ahora ocupan un lugar en la rotonda universitaria acumularía más negativos que Cuen. La propuesta se justificó “por su legado y aportaciones a la academia, ciencia, cultura y deporte, así como por su trato humano”, pero ninguno de esos “valores” pasaría una prueba mínima de contrastes. Por el contrario, Cuen suplantó la academia por un mercado de lealtades en el que, si no estabas con él y su proyecto político, eras desplazado por más méritos académicos que tuvieras.

No es cómodo hablar de los negativos de alguien que ya no está. Mucho menos en la forma en que se lo llevaron, pero se trata de exponer la obscenidad de quienes impulsan estas iniciativas, tratando con ellas de echar polvo a un tema ineludible, que es la relación que Héctor Melesio tuvo con el Mayo Zambada y que, a la postre, le costó la vida. Con lo que hacen no les importa tanto cómo se va a recordar a quien fue su líder, sino salvar su propio pellejo ante la opinión pública. El mejor homenaje que le pueden hacer es exigir, minuto a minuto, que se haga justicia.

Ya tuvimos un caso semejante en el crimen de Jorge Julián Chávez Castro, asesinado el 17 de febrero de 2003 en la cochera de su casa, en la colonia Guadalupe. Era gobernador Juan Millán y Chávez Castro gozaba de una fama pública aceptable, aunque sus negativos estaban tapados sobre todo con el manto oficial. Lo asesinaron y lo primero que hizo el gobernador, antes de aclarar el crimen fue crear el premio al Mérito de Participación Ciudadana: una medalla de oro con su nombre y al reverso el escudo de Sinaloa. Diez días después, cuando todavía la familia le ofrecía el último novenario a su memoria, se leía en el congreso estatal la iniciativa de Millán para crear el premio.

Diputado local en esa legislatura, José Antonio Ríos Rojo se preguntaba ¿por qué una medalla con el nombre de Chávez Castro y no de Jorge Aguirre Meza, un ciudadano ejemplar también asesinado? ¿O en memoria de los jóvenes desaparecidos de Las Quintas, o de los policías caídos cumpliendo su deber?

Millán sabía que atrás del hombre al que pensaba inmortalizar había una historia negra, que nunca aclararía su crimen y por eso, cuando la entonces PGR atrajo el caso, él mismo mandó a Ríodoce, por medio de Luis Pérez Hernández (la nota la publicamos en el número 28), un expediente donde aparece Chávez Castro como inculpado en una investigación federal por delitos contra la salud. Suegro de Alfonso Durazo, entonces jefe de oficina de la presidencia con Vicente Fox, el caso se metió en un cajón de donde nunca salió.

Bola y cadena
EL PREMIO CHÁVEZ CASTRO FUE un fiasco. Empezó entregándolo el Congreso del Estado y después este le pasó la bolita al Consejo Estatal de Seguridad, quien terminó otorgando la medalla a agentes del ministerio público, a pesar de que su labor no tiene nada que ver con lo “ciudadano”. Uno de los que lo recibieron, en 2007, fue Macario Ochoa Ruiz, que llegó a ser fiscal antisecuestros. En 2020, el mismo personaje fue detenido por la Guardia Nacional en San Luis Río Colorado con 40 kilogramos de cristal. En la actualidad, el premio quedó en el olvido, tierra sobre tierra.

Sentido contrario
EL DE JORGE PERAZA BERNAL fue un crimen atroz, una felonía que pagamos todos, que nos mata otro poco a todos, a uno por uno de los sinaloenses, de los culichis, de los que todos los días salimos de casa a estudiar, a trabajar, a dejar a nuestros hijos en la escuela, con el horror tatuado en la piel, con el pánico al instante cuando escuchamos un ruido fuerte en la calle o se nos acerca alguien, un auto, una sombra, tal vez la de nosotros mismos. Como decía Javier: chingadamadre.

Humo negro
AUNQUE NUNCA HEMOS ESTADO conformes con quienes han estado al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su naturaleza es incontrovertible: es una institución para defender a los ciudadanos de los abusos del poder, sobre todo de las dependencias del gobierno, de las policías, de los militares, de las fuerzas armadas, defender sus libertades, sus derechos al trabajo, a la educación, a una vida digna. Pero en los últimos años, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, parece haber cambiado el sentido de su misión al ponerse de lado de las instituciones del gobierno, no de los ciudadanos. Pobre y servil su papel, fue metida a chaleco en la terna de donde saldrá la nueva presidenta de la Comisión. Y no es muy difícil adivinar de dónde vino la instrucción.

Artículo publicado el 10 de noviembre de 2024 en la edición 1137 del semanario Ríodoce.

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