Una llamada telefónica en 2020 por un presunto integrante del CJNG al sacerdote Marcelo Pérez reveló los pactos del crimen con funcionarios.

Amenazas del CJNG al sacerdote de Chiapas Marcelo Pérez refería a otros dos sacerdotes, uno fallecido y otro prófugo por denuncias de abuso sexual.

Cortesía/Los Ángeles Press/Guadalupe Lizárraga.

En 2020, el sacerdote católico Marcelo Pérez Pérez, originario de Chiapas, recibió una llamada telefónica de un presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien lo amenazaba de que si no trabajaba para la organización criminal decapitaría a sus feligreses y pondría sus cabezas a las puertas de su parroquia. La conversación, grabada por el sacerdote, fue luego difundida en las redes sociales, generando revuelo debido a la gravedad de las amenazas. Cuatro años después, el sacerdote fue asesinado.

El hombre, identificado como un supuesto integrante del CJNG, se presentó como representante de la organización que, según dijo, estaba tomando el control de la plaza en Chiapas, en nombre de su líder Nemesio Oceguera Cervantes, conocido como El Mencho.

“Yo vengo representando al Cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales venimos retomando esta plaza, Chiapas, claramente a la orden de Nemesio Oceguera Cervantes, el señor Mencho“, afirmaba el interlocutor en la llamada.

El narcotraficante indicó que la comunicación no debía alarmar al padre Marcelo, sino más bien que era un llamado a que colaborara con ellos. Le ofreció protección y seguridad durante seis años, a cambio de “alinearse” con el cártel, sugiriendo que el padre ya debía estar familiarizado con las dinámicas de la organización y con los “tipos de personas” con las que trataba. En la misma llamada, el narcotraficante hizo referencia a Miguel Patiño, obispo de la diócesis de Apatzingán, y Eduardo Córdova Bautista, sacerdote de la arquidiócesis de San Luis Potosí.

El primero, el obispo Miguel Patiño, había denunciado en 2013 la violencia del narcotráfico en Michoacán, en una carta pública que captó la atención nacional. En ésta, Patiño describía la brutal disputa entre las principales organizaciones criminales, como la Familia Michoacana, los Zetas, Nueva Generación y los Caballeros Templarios, que se peleaban por el control del estado. El padre describía cómo el narcotráfico había permeado todos los sectores de la sociedad, desde el cultivo de drogas en la Sierra Madre del Sur hasta el trasiego y comercio en las ciudades, pasando por secuestros, robos y extorsiones.

“Hagamos de Michoacán un estado de derecho: Los grupos criminales Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín. La Costa: para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de mariguana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más importantes y todo el Estado: para el trasiego y comercio de la droga, “venta de seguridad” (cuotas), secuestros, robos y toda clase de extorsión.”

En la conversación, el hombre del CJNG también mencionó a un segundo sacerdote, refiriéndose a Eduardo Córdova Bautista, quien fue sacerdote en la arquidiócesis de San Luis Potosí y actualmente está prófugo de la justicia por más de cien acusaciones de abuso sexual a menores de edad. Incluso con las alertas emitidas por Interpol y autoridades internacionales, que siguen vigentes desde 2016.

El caso de Córdova Bautista ha sido mencionado de manera reiterada en las investigaciones sobre abuso sexual del clero en Los Ángeles Press, en donde se destacan las alertas emitidas por la Interpol y las autoridades de otros países para que se le arreste y extradite a México de inmediato.

Sin embargo, en la llamada al padre Marcelo, el narcotraficante no profundizó sobre el contexto de estas menciones, pero sugerían parte de la táctica de extorsión.

El “punto más importante” según las palabras del narcotraficante en la amenaza telefónica giró en torno a una supuesta estrategia de “pactos” entre el cártel y las autoridades locales para reducir la violencia en la región. El hombre argumentó que tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos habían sido afectados por la creciente violencia, por lo que se hacía necesario buscar acuerdos con la organización criminal para garantizar la seguridad de todos.

“Un punto más importante” que se tocó en reunión es que se han venido firmando pactos con el cártel para disminuir el índice de violencia”, señala.

En este sentido, le ofreció al padre Marcelo “protección y seguridad” a cambio de su colaboración, aprovechando “su nivel de mando que tenía en la estructura estatal y municipal”, dijo.

Esta llamada pone en evidencia la complicada relación entre el crimen organizado y algunas autoridades locales en diversas regiones del país, donde los pactos de protección entre cárteles y funcionarios han sido señalados en múltiples ocasiones como un factor que perpetúa la violencia y la impunidad.

El caso de Marcelo Pérez Pérez, si bien aislado en su contexto, forma parte de un patrón más amplio de amenazas y coerción a figuras públicas y miembros de la Iglesia Católica, para que se alineen con los intereses de las organizaciones criminales, las cuales extienden su poder en zonas vulnerables del país.