Claudia Sheinbaum se dijo dispuesta a colaborar con los obispos católicos y pedir a la Fiscalía General de la República atraer el caso de Marcelo Pérez.

Luego de condenar el asesinato de Marcelo Pérez, la presidente insistió en defender la reforma judicial.

Cortesía/Los Ángeles Press

La actividad en Palacio Nacional este lunes 21 de octubre se atuvo en todo a la plantilla heredada del gobierno previo. Aunque Claudia Sheinbaum cumplió con la formalidad de expresar su condena al asesinato de Marcelo Pérez Pérez, el sacerdote de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas del que dan cuenta otros textos de Los Ángeles Press hoy, es difícil saber qué pasará en realidad.

El gobierno previo hizo algo semejante cuando se asesinó a Héctor Melesio Cuén Ojeda, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo al momento de su asesinato, pero la realidad en ese caso demuestra que, más allá de los juegos retóricos es difícil esperar alguna solución a estos casos.

No es que no se cumplan ciertas formalidades. En el caso de Cuén Ojeda la Fiscalía de Sinaloa lo hizo. Para cubrir el expediente acudieron al lugar de los hechos pero no siguieron las más elementales normas para analizar una escena de un crimen. Esa no es una opinión de Los Ángeles Press, es lo que la Fiscalía General de la República dijo en su momento como lo explica la nota que aparece después de este párrafo.

Sabemos que actuaron así desde antes de que terminara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la entonces fiscal de Sinaloa renunció a su cargo. La propia Fiscalía General de la República denunció la miríada de irregularidades e inconsistencias de su contraparte sinaloense en la investigación del crimen de Cuén, como lo informamos en su momento en la nota que aparece después de este párrafo.

Ayer, cuando todavía se digería la noticia del asesinato de Marcelo Pérez, nos enteramos de más detalles de la penosa conducta de esa dependencia del gobierno de Sinaloa, como lo detalle el texto que aparece después de este párrafo.

¿Hay razones para confiar en la capacidad de la Fiscalía de Chiapas para resolver este caso? Es difícil imaginar alguna. El comunicado que publicó ayer al mediodía difícilmente explicaba algo de lo ocurrido.

Se atienen al formalismo de anonimizar el nombre de la víctima, cuando es pública y conocida la identidad del sacerdote. El comunicado incluso está afectado por errores básicos de redacción como identificar la calle Franz Bloom de San Cristóbal de Las Casas como “calle Flanz Bloom”, como se puede ver en la imagen que aparece después de este párrafo.

Ese comunicado, por cierto, está disponible en el perfil de la Fiscalía de Chiapas en Facebook y se puede consultar aquí.

Pero tampoco es posible esperar demasiado si la Fiscalía General atrae el caso. El mejor ejemplo de ello es la situación que se vive con el caso Ayotzinapa en el que la Procuraduría General de la República, primero, y luego la Fiscalía han ejercido esa facultad sin que en realidad se resuelva algo diez años después de la desaparición.

En ese sentido, la actividad matutina de la Presidencia de la República ofrece poca o ninguna esperanza de que, ahora sí, se esclarezca este crimen. No sería difícil que los policías chiapanecos fabricaran algún culpable para cubrir el expediente, pero eso sólo servirá para satisfacer a los incondicionales de la presidente, pues lo que es un hecho es que, en el último año, Chiapas reporta un incremento de casi el 100 por ciento en el número de homicidios.

Lo que es peor, como se informó en su momento, incluso del otro lado de la frontera de México, en Guatemala, jerarcas católicos de aquel país, como el cardenal Álvaro Ramazzini, han denunciado durante casi dos meses la inacción de la autoridad federal mexicana para resolver el problema de la violencia, como dimos cuenta en la nota que aparece después de este párrafo.

Y nosotros mismos hemos dado cuenta de cómo los grupos criminales ejercen control sobre la frontera de México cerca de un cuartel de la Guardia Nacional, ahora ya militarizada según el deseo de López Obrador, sin que se resuelva cosa alguna.

Lejos de ello, el día previo a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, hubo una masacre ejecutada por al menos dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, responsables de la muerte de al menos seis personas, que—según ellos—querían escapar de los poderosos vehículos de esa dependencia a bordo de una Ford Pick-Up F150 de mediados de los noventa a la que acribillaron con armas de alto poder, como narra el texto que aparece después de este párrafo.

Para completar el cuadro de las medidas espectaculares que al final no resuelven cosa alguna, Sheinbaum dijo—por ahí de las nueve de la mañana—que su gobierno podría pedirle a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso.

Si nos atenemos a la historia de lo que han sido las atracciones de casos de la antigua Procuraduría y la actual Fiscalía, la realidad es que no hay razones para ser optimistas respecto del futuro del caso del padre Pérez Pérez.

En ese sentido, no sorprende que luego de cumplir con la formalidad de condenar el asesinato, la señora Sheinbaum y su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez hayan dedicado su tiempo en Palacio Nacional a atacar a los jueces, magistrados y ministros que se resisten a capitular ante la Presidencia de la República.

Sheinbaum defendió la reforma con un mapa en el que destaca el uso del color de su partido, que se muestra después de este párrafo tal y como apareció en la pantalla del Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En otros temas, también estuvo en Palacio Nacional el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

El exdirigente nacional de Morena se dijo contrario a los llamados productos chatarra en las escuelas públicas de México que deberán dejar de venderse en las tienditas escolares poco antes de que termine el actual año lectivo, a finales de marzo de 2025.