Cortesía/Río Doce/Altares y sótanos/Ismael Bojórquez.

En los usos y costumbres de la narcopolítica, se acepta y estila que si un grupo criminal apoya a un gobernante tiene derecho a controlar las policías. No fue gratuito que Ismael, el Mayo Zambada, haya puesto a Chuytoño al frente de las policías estatales y controlara las municipales, cuando Mario López Valdez llegó a la gubernatura en 2010. Lo declaró el propio Vicente Zambada Niebla, hijo del capo, en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, en Brooklyn. Así, las policías Ministerial, Estatal Preventiva y las policías municipales, se convirtieron en brazos armados del Cártel de Sinaloa, que para esos años sostenían todavía una lucha feroz contra lo que quedaba del clan de los hermanos Beltrán Leyva, sobre todo en la zona norte. A nivel nacional las policías federales han cumplido en muchos momentos ese papel.

¿Nos hemos preguntado por qué la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desarmó e inmovilizó a toda la policía municipal de Culiacán? Porque ese es un hecho, los inmovilizó. La revisión del armamento fue solo el pretexto. Si así fuera, ya los hubieran puesto a trabajar de nuevo. Normalmente toman nota, medidas, ajustan y ya, los demás a la calle. Eso es lo que se ha hecho en otras ocasiones, incluso con la entonces policía Ministerial, en la época del popular Chuytoño. Lo hicieron hace días con la policía de Navolato, donde la revisión duró un día. Y apenas lo hicieron también en Mazatlán y luego a trabajar.

En Culiacán la medida fue tomada por la SEDENA cuatro días después del enfrentamiento entre Chapos y Mayos en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde murieron al menos cuatro hombres, dos que publicó la Fiscalía y dos más que quedaron en la parte posterior de los departamentos Clamont, en un solar baldío, y cuyos cuerpos fueron recogidos a las dos de la mañana quién sabe por quién (esos la Fiscalía no los contó pero Ríodoce recogió testimonios de vecinos que vieron cuando se llevaban los cuerpos en medio del sigilo).

Pero en este caso la policía municipal fue el primer respondiente y esto resultó sospechoso, pues normalmente en este tipo de eventos mejor se resguardan hasta que lleguen la Guardia Nacional y el Ejército. De hecho, los altos mandos les han dado la instrucción de que, cuando haya eventos violentos, como enfrentamientos entre bandas, se concentren en un lugar seguro. Por eso es posible ver en fila las patrullas municipales estacionadas mientras la gente se esconde en casas y tiendas. En los hechos del primer culiacanazo, recordemos, los polis municipales abandonaban las patrullas y se quitaban el uniforme. Pero esta vez hasta le anduvieron haciendo al hombre araña trepados en los techos con una enjundia que no se les había visto.

Después de estos hechos vino el desarme. El problema es que con ello han aumentado la inseguridad de los ciudadanos y del comercio, pues el robo de vehículos, el asalto a establecimientos —incluida una casa de cambio en la colonia Las Quintas— y el secuestro exprés, se han incrementado.

La pregunta es qué estaban haciendo los gobiernos, el estatal y el municipal, para garantizar que la policía local cumpliera con su encomienda de proteger a la ciudadanía, prevenir delitos, cuidar la ciudad y que respondiera solo a esa encomienda, no a los designios de los criminales. Porque a esa conclusión conducen acciones como esta. El gobierno estatal pone, por Ley, al secretario de Seguridad Pública y el municipio debe estar vigilante de que el cuerpo de seguridad cumpla sus funciones. Pero ni uno ni el otro se preocuparon por ello; dejaron hacer y dejaron pasar.

En agosto de 2022, apenas unas horas después de haber sido nombrado subdirector Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, fue asesinado Juan Miguel Silva Alvarado, conocido como el “Comandante Boxer”. Nunca se aclaró el crimen a pesar de las sospechas de que sus propios compañeros lo habían puesto.

Bola y cadena
LAS POLICÍAS MUNICIPALES, todos lo sabemos, están cortadas con las mismas tijeras de la corrupción; eso no ha cambiado; se amainó el problema cuando se instauraron los controles de confianza, pero de mil formas ese trámite se fue diluyendo en la práctica porque, además, se convirtió en un problema para la contratación de personal debido a que eran muy rígidos. La academia de policía, sí, forma policías, pero no para aguantar los cañonazos de dinero narco; o de las amenazas. Las policías municipales son parte de un sistema criminal, aquí, en Mazatlán, en Guamúchil, en Guasave, en Ahome… en todas partes. Son la parte más delgada del hilo y por eso son tan frágiles.

Sentido contrario
Y JUSTAMENTE POR ESA FRAGILIDAD es imprudente y absurdo que ahora anden trepados los agentes en patrullas de la policía estatal, pero sin armas ¿qué harían en un enfrentamiento con células del narco? ¿Cómo se defenderían de un ataque? Ojalá no tengamos que verlo.

Humo negro
EL CONFLICTO ENTRE EL GOBIERNO estatal y los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha entrado en una nueva etapa no prevista hasta ahora. El nuevo encargado del despacho de la rectoría, Candelario Ortiz Bueno, ha decretado un paro general de labores en la casa rosalina a partir de este lunes, haciendo un llamado general a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que ponga fin al conflicto. Una medida temeraria porque son dos temas, uno, el relacionado con la nueva ley orgánica de la institución aprobada por la anterior legislatura local y, dos, los procesos judiciales en contra de funcionarios, la mayoría acusados de corrupción. Y ninguno de ellos puede resolverse de la noche a la mañana, pues transitan por senderos formalmente ajenos a una decisión ejecutiva. En todo caso, se pondrá a prueba el talante y la visión de la nueva presidenta. Por lo pronto, el paro de 160 mil miembros de la comunidad universitaria se convertirá en una presión más para el gobernador Rubén Rocha.

Artículo publicado el 06 de octubre de 2024 en la edición 1132 del semanario Ríodoce.