El acceso a la información y la transparencia (INAI) estará a cargo del propio gobierno y la historia nos dice que se trata de un ejercicio de simulación.

Cortesía/Los Ángeles Press/Con Voz Propia/ Ignacio García.

La eliminación del INAI representaría un regreso al pasado, cuando imperaba la opacidad en el dinero público.

Foro Público

Entre las diferentes reformas constitucionales que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, se encuentra una de la que ya hemos referido en este espacio, se trata de la extinción de los organismos autónomos constitucionales, siendo uno de los más importantes para la democracia el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya eliminación representaría un regreso al pasado, donde imperaba la opacidad y la sociedad desconocía cómo gastaba el gobierno el presupuesto.

El INAI es una de las instituciones más relevantes para combatir la corrupción en el ámbito público, pues mediante la transparencia la sociedad puede conocer qué hacen los servidores públicos con el dinero público que manejan y con ello prevenir y detectar posibles hechos delictivos que vulneran los intereses de la colectividad.

La reforma constitucional que planteó López Obrador establece que las funciones del INAI serán trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), lo que significaría que sea el gobierno el que se revise a sí mismo, un absurdo político, dados los antecedentes que existen en el sistema político nacional, pues la experiencia previa nos dice que donde exista mayor dependencia de un poder, menor capacidad de transparentar los recursos económicos podrá.

La transparencia es un mecanismo fundamental para combatir la corrupción y fortalecer la democracia, ya que cualquier ciudadano puede realizar solicitudes de información hacia alguna institución pública del Estado mexicano, un derecho básico establecido en la Constitución, pero que estará en duda con las modificaciones que pretenden aprobar los legisladores federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados.

Cuando un Estado no promueve la transparencia no sólo se facilitan los actos de corrupción, sino que también se vulneran los derechos humanos, debido a que el acceso a la información es fundamental y se deben brindar las herramientas necesarias para que se cumpla, no obstante, con la centralización de las funciones de transparencia y acceso a la información al propio gobierno, sólo se simulará este ejercicio.

Es evidente que la transparencia es incómoda para cualquier gobierno, a ningún servidor público le gusta tener que mostrar el uso del dinero público a la población, así como tener que revelar las formas en las que se generan contratos públicos para los bienes y servicios que adquieren, mostrar los sueldos y percepciones económicas que perciben, y sus bienes patrimoniales.

Pero López Obrador desde que se desempeñó como jefe de Gobierno de la Ciudad de México trató de evitar la transparencia al proteger los contratos y reservar los gastos de la construcción del segundo piso del Periférico, misma situación que implementó con las obras del gobierno federal en este sexenio con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, los cuales fueron protegidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que determinó que esa información sería de seguridad nacional y por ello no está al alcance de la ciudadanía.

Los periodistas, académicos, investigadores, estudiantes y activistas que han realizado solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) pueden dar cuenta de la importancia del INAI que, si bien no es el proveedor de la información, es el intermediario que se encarga de revisar que las entidades obligadas cumplan con la entrega de la información solicitada y en caso de que no existan las mismas puede aplicar sanciones económicas tanto a servidores públicos como a las instituciones.

Pero en este sexenio el gobierno federal ha tratado de obstaculizar la entrega de información solicitada a los distintos organismos públicos, lo que evidencia la incomodidad que le produce la transparencia y el acceso a la información, pues el INAI multó en 2023 por más de 46 millones de pesos a distintos sujetos obligados que incumplieron con la ley, una cifra histórica para la institución que al mismo tiempo muestra el desinterés de la Federación por transparentar los recursos económicos.

Además, para el gobierno de López Obrador el INAI ha sido una institución de poca importancia, ya que desde el 31 de marzo de 2022, cuando concluyeron sus periodos los tres anteriores comisionados no se han nombrado a sus sustitutos, pues el Ejecutivo debió enviar una terna para que el Senado de la República los votara, una muestra clara del desdén hacia el órgano encargado de impulsar la transparencia en el país.

Incluso el INAI dejó de operar temporalmente ante la falta de comisionados y fue a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cómo se permitió su funcionamiento con sólo cuatro de los siete comisionados que integran al instituto nacional.

A diferencia de otras instituciones que fueron impulsadas desde la agenda gubernamental, en el caso del INAI surgió por el interés de un grupo de académicos, activistas, periodistas y estudiantes que desde 2001—con el inicio de la primera alternancia democrática del país—plantearon la legislación en materia de transparencia y debido a su organización se creó en 2002 el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que hasta ese momento sólo obligaba a algunos sujetos a entregar información de interés público.

El derecho a la información se estableció por primera vez en la Constitución en la reforma de 1977, pero se comenzó a hablar públicamente de la transparencia durante el proceso electoral de 2000, en el que Alianza Cívica comenzó a exigir información sobre la “partida secreta” que era parte de los salarios reales del entonces presidente de México, Ernesto Zedillo.

Con la reforma constitucional de 2007, el IFAI ahora tenía la función de hacer cumplir el artículo sexto constitucional y obtuvo su autonomía de cualquiera de los poderes, mientras que con la reforma de 2014 se transformó en el INAI con la capacidad de atracción de solicitudes de información sobre casos de sujetos obligados del ámbito local y la consolidación de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Se incluyeron a más sujetos obligados para entregar información como los partidos políticos y los sindicatos, los cuales reciben recursos públicos, pero aún restan otras entidades que podrían proporcionar información como asociaciones civiles, fundaciones y voluntariados que también reciben dinero público.

Si bien el INAI puede mejorar sus funciones como agilizar los procesos de respuesta de los organismos obligados, así como mejorar su socialización para que la ciudadanía conozca cómo puede acceder a su derecho a la información, además de aplicar sanciones más severas a las entidades que incumplen con sus obligaciones, no se pueden eliminar todos los avances que se han alcanzado durante este siglo.

Su desaparición implica un retroceso histórico para el país, ya que se volverá a la política de la discrecionalidad y opacidad en el uso de los recursos públicos, mientras que los periodistas no contarán con información que permitieron publicar algunos de los grandes reportajes de los últimos años como los escándalos de las toallas de Fox, los negocios de los hijos de Martha Sahagún, la opacidad en los contratos de la tragedia de la guardería ABC en el gobierno de Felipe Calderón, los falsos positivos de la guerra contra el narcotráfico, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la Estafa Maestra, los escándalos de Odebrecht, de OHL, así como la Casa Gris de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y la corrupción de Segalmex.

Todos estos grandes trabajos de investigación fueron posibles a través del acceso a la información que se cumplió con instituciones tan vitales como el INAI, pero los argumentos de su “alto costo”, “su innecesaria independencia” y “supuesta corrupción” son carentes de fundamentos reales que justifiquen su extinción.

Nota aparte: La erradicación del INAI representará un regreso al siglo XX, cuando la ciudadanía sólo podía creer lo que decía el gobierno en sus informes de gobierno, en los que se dibujaba al país mejor Noruega, Finlandía o Dinamarca y completamente ajenos a la realidad.