La disputa de los cárteles en Chiapas se ha vuelto más intensa en la región fronteriza del sur.

Argenis Esquipulas/Cortesía/Los Ángeles Press 

La creciente ola de violencia en la zona fronteriza de Chiapas, impulsada por las disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, ha sumido a la región en una profunda crisis. Este conflicto no solo ha afectado la seguridad de los habitantes, sino que también ha provocado un alarmante nivel de deserción escolar. A pesar de que el ciclo escolar 2024-2025 comenzó oficialmente el pasado 26 de agosto, alrededor de 300 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria no pudieron regresar a las aulas, sin una fecha clara para retomar sus estudios.

El impacto de la violencia en Chiapas es devastador. Más de 10 mil habitantes de los municipios más afectados, como Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Berriozábal y Coita, han sido desplazados de sus hogares, huyendo del terror impuesto por las organizaciones criminales. Esta situación ha dejado a miles de estudiantes sin la posibilidad de asistir a la escuela, generando una deserción escolar sin precedentes.

Según la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el abandono escolar en estos municipios es alarmante. La inseguridad ha obligado a padres de familia a retirar a sus hijos de las instituciones educativas por temor a que sean víctimas de la violencia o sean reclutados por el narcotráfico. Este fenómeno, además de truncar el futuro de miles de niños y jóvenes, está sembrando las semillas de una generación perdida en la región.

La violencia no solo ha afectado a los estudiantes, sino también a los docentes. Reportes de la Comisión Política de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 de la CNTE indican que varios maestros han sido víctimas de desaparición y homicidios. Las amenazas contra el personal educativo son constantes, y el temor se ha arraigado profundamente entre aquellos que se dedican a la enseñanza en estos municipios.

El recrudecimiento de la violencia ha llevado a muchos maestros a renunciar o a solicitar traslados a zonas más seguras. Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades agrava la situación. La Secretaría de Educación en Chiapas no ha implementado medidas concretas para garantizar la seguridad de los docentes, quienes prefieren mantenerse en silencio para evitar represalias.

A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades estatales han mostrado una preocupante pasividad. La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas ha informado que más de un millón 800 mil estudiantes de educación básica regresaron a clases en la entidad, pero esta cifra oculta la realidad en la zona fronteriza, donde la educación se ha visto interrumpida por el narcotráfico.

Los académicos han expresado su preocupación por la falta de acciones concretas por parte del gobierno para proteger a la comunidad educativa. La inacción gubernamental no solo pone en riesgo la vida de estudiantes y maestros, sino que también amenaza con perpetuar el ciclo de violencia y pobreza en la región.

La crisis en la zona fronteriza de Chiapas es un recordatorio doloroso de los efectos devastadores de la violencia en la vida cotidiana de las personas. La imposibilidad de que 300 mil alumnos regresen a las aulas no solo afecta su presente, sino que compromete el futuro de toda una región. Es urgente que las autoridades tomen medidas decisivas para proteger a la comunidad educativa y garantizar que la educación, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, no sea víctima del narcotráfico. El tiempo apremia, y con cada día que pasa, se pierden más oportunidades para los niños y jóvenes de Chiapas.

En un contexto de creciente violencia e inseguridad que azota las comunidades de Chiapas, un grupo de obispos de la región, en conjunto con representantes eclesiásticos de Guatemala, ha alzado la voz en un enérgico llamado dirigido tanto a las autoridades como a los grupos criminales que operan en la entidad. A través de un comunicado, los obispos han solicitado la intervención inmediata de los tres niveles de gobierno en México para atender la alarmante situación de violencia, y han hecho un llamado directo a los narcotraficantes para que cesen las acciones que han sembrado el terror en la población.

El mensaje de los obispos es claro y contundente: es urgente que las autoridades no sólo reconozcan la magnitud del problema, sino que también se acerquen a las comunidades afectadas para constatar de primera mano lo que sus habitantes han construido con esfuerzo y colaboración, a pesar de la constante amenaza de los grupos criminales. “Es imprescindible que los funcionarios de todos los niveles de gobierno visiten las comunidades para ver lo que los pobladores han logrado a pesar de la violencia”, señala el comunicado.

La petición de los obispos está dirigida a las autoridades municipales, estatales y federales, a quienes se les demanda una respuesta firme y efectiva ante la crisis de inseguridad que predomina en Chiapas. Los obispos insisten en la necesidad de que las autoridades tomen medidas concretas para desarmar a los grupos criminales que han convertido a diversas regiones del estado en zonas de conflicto, donde la violencia se ha vuelto parte del día a día de las comunidades.

En este sentido, el comunicado destaca la importancia de que las autoridades no se limiten a implementar acciones desde la distancia, sino que se involucren directamente en las comunidades. La proximidad y el contacto directo con los afectados es esencial para comprender la realidad que viven los pobladores y para diseñar estrategias de seguridad que verdaderamente respondan a sus necesidades. “Las comunidades han trabajado arduamente para construir un ambiente de paz y seguridad, y es responsabilidad del gobierno proteger esos esfuerzos, desarmando a quienes buscan destruirlos”, subraya el documento.

En un tono igualmente enérgico, los obispos dirigieron un mensaje directo a los narcotraficantes, a quienes les imploran que cesen la violencia y el derramamiento de sangre que han impuesto en la región. “A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho. La vida es sagrada, la sangre derramada clama al cielo y el corazón no olvida la sangre que nos salpica”, expresan con fuerza.

El comunicado hace un llamado a la conciencia de quienes forman parte de los grupos criminales, recordándoles el valor intrínseco de la vida humana y condenando el uso de armas de alto calibre para intimidar y eliminar a aquellos que defienden la vida y el territorio. Los obispos destacan que la violencia no sólo destruye cuerpos, sino que también deja heridas profundas en el tejido social, en la memoria colectiva de las comunidades, y en las almas de quienes sobreviven a la violencia. “No podemos ignorar el dolor y el sufrimiento que la violencia ha causado. Cada vida perdida es una herida en la humanidad”, señala el comunicado.

Además de abordar el tema de la seguridad, los obispos también se pronunciaron respecto a las elecciones extraordinarias que se llevaron a cabo recientemente en los municipios de Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal. Desde antes de la jornada electoral, los líderes eclesiásticos habían solicitado a las autoridades electorales que reconsideraran la realización de las elecciones en medio de la violencia que afecta a la región. Sin embargo, a pesar de sus peticiones, las elecciones se llevaron a cabo el pasado fin de semana.

Los obispos han manifestado su preocupación por la seguridad de los habitantes y por la legitimidad de un proceso electoral realizado en un entorno tan hostil. Subrayan que la violencia no sólo pone en riesgo la integridad física de los ciudadanos, sino que también socava la confianza en las instituciones democráticas. En su comunicado, expresan su temor de que los resultados de estas elecciones puedan verse empañados por el miedo y la coacción ejercida por los grupos criminales, quienes han demostrado su capacidad para influir en la vida diaria de las comunidades.

El llamado de los obispos de Chiapas y Guatemala es parte de un esfuerzo más amplio de la Iglesia Católica por actuar como un mediador en la búsqueda de la paz en regiones afectadas por la violencia en México y Centroamérica. A lo largo de los años, la Iglesia ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la justicia social y la protección de los derechos humanos, especialmente en comunidades vulnerables y marginadas. Este reciente comunicado se enmarca en esa tradición de defensa de la vida y la dignidad humana.

Los obispos han expresado su disposición para colaborar con las autoridades y con otras organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto. Sin embargo, también han dejado claro que la responsabilidad principal recae en el gobierno, que debe tomar acciones decisivas para proteger a sus ciudadanos y restaurar la paz en las comunidades afectadas.

El comunicado de los obispos de Chiapas y Guatemala es un recordatorio urgente de la gravedad de la situación en la región y de la necesidad de una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades. Su llamado a la paz, dirigido tanto a los narcotraficantes como a los gobiernos, resuena con fuerza en un momento en que la violencia ha alcanzado niveles alarmantes y la seguridad de las comunidades está en riesgo.

En un escenario donde la vida humana se ha vuelto desechable para quienes empuñan las armas, la voz de los obispos se alza como un faro de esperanza, llamando a la reflexión y a la acción. Su mensaje es claro: es hora de poner fin a la violencia, de proteger la vida y de trabajar juntos por un futuro de paz y seguridad para todos los habitantes de Chiapas y las regiones aledañas.

La demanda de los obispos es más que un llamado; es un clamor que no puede ser ignorado si se desea un futuro en el que la vida y la dignidad humana sean verdaderamente respetadas. La respuesta de las autoridades y de los grupos criminales determinará el rumbo que tome esta región en los próximos años, y si las esperanzas de paz podrán finalmente convertirse en realidad.