Al menos 8,594 víctimas de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura y ejecución extrajudicial en la llamada Guerra sucia, según la Comisión para la Verdad.

En Guerra sucia también se cometieron ejecuciones masivas, masacres, y violencia sexual como arma de guerra.

Por Ignacio García/cortesía/los Ángeles Press

El informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad reveló que el Estado mexicano fue el responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en la “Guerra sucia” entre 1965 y 1990 principalmente contra comunidades disidentes, población de la diversidad sexual, refugiados centroamericanos y periodistas.

De acuerdo con el MEH, ocho mil 594 personas fueron víctimas de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura y ejecución extrajudicial, así como masacres y violencia sexual, además de que 123 mil 34 personas fueron desplazadas en 113 diferentes eventos.

El Ejército mexicano fue la principal institución que cometió las violaciones graves de derechos humanos, aunado a que se documentó que 385 personas fallecieron por 46 distintas masacres cometidas en Puebla, Sinaloa, Hidalgo y Chiapas, mismas que fueron invisibilizadas por el gobierno federal.

Asimismo, el número de víctimas por las violaciones graves a derechos humanos cometidas en la guerra sucia en el país superaron en 276 personas a las 815 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en abril pasado, con lo cual se cometieron de forma sistemática asesinatos.

De la misma manera, identificaron que hubo represión contra organizaciones político militares, movimientos estudiantiles y obrero sindicales, así como víctimas de comunidades campesinas indígenas y afromexicanas, militantes de movimientos urbano-populares, zonas violentadas por imposiciones de políticas de desarrollo y refugiados en la frontera sur del país.

También apuntó que los casos de violencia están relacionados con casos recientes como Ayotzinapa y Tanhuato, donde la impunidad se ha mantenido de forma constante y con resistencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se rehusó a dar a conocer los expedientes generales sobre los casos graves de violaciones de derechos humanos.