Cortesía/Río Doce.

Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), es un organismo gubernamental creado para cumplir lo establecido en la Constitución: que al Estado le corresponde garantizar a los mexicanos el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, especialmente niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables; promover el desarrollo integral y sustentable, para asegurarle bienestar a la población campesina y, fomentar la actividad agropecuaria.

En México existen 59 millones de niños, adolescentes y adultos mayores en situación de pobreza que necesitan el apoyo de leche fortificada a precio subsidiado, pero SEGALMEX-LICONSA solo atiende a 6 millones 700 mil.

Ese programa contó en 2018, en el gobierno anterior, con un presupuesto de 1 mil 259 millones que bajó, en 2022, en la administración del presidente López Obrador, a 1 mil 050 millones.

En nuestro país, 53 millones de personas necesitan que el gobierno facilite su acceso a productos básicos económicos y de calidad a través de tiendas comunitarias, pero SEGALMEX-DICONSA solo atiende a 24 millones.

Ese programa contó en 2019 con un presupuesto de 3 mil 895 millones que bajó, en 2022, a 3 mil 042 millones.

Es información oficial, del propio SEGALMEX entregada a CONEVAL.

3 millones 421 mil 904 campesinos productores de maíz, frijol, trigo, arroz y leche necesitan un ingreso complementario en forma de precio de garantía, pero SEGALMEX solo atiende a 147 mil 700.

El presupuesto de este programa bajó de 9 mil 880 millones en 2020 a 5 mil 387 millones en 2022.

El gobierno federal ayuda a muy pocos de los mexicanos con necesidad.

Dedica cada vez menos presupuesto para la nutrición y alimentación de los pobres.

Entregar leche fortificada a precio bajo a todos los niños, adolescentes y adultos mayores pobres implicaría un aumento presupuestal de 8 mil 300 millones.

No hubo ese dinero en todo el sexenio. No hubo voluntad de hacerlo. El presidente tuvo otras prioridades. Una de ellas: dar 19 mil millones de pesos a los adultos mayores más ricos, los que ya tenían pensión de IMSS o ISSSTE y/o ingresos superiores al del 90 por ciento restante de los mexicanos.

Apoyar la nutrición de los más pobres y los ingresos de los campesinos que producen alimentos básicos es mucho menos importante para el gobierno federal, que la entrega universal de dinero en efectivo.

Nueve mil 500 millones de pesos fueron en 2022 para nutrición y alimentación de los pobres, mientras que 238 mil millones fueron para el programa universal de los que una parte, repito, le toca a los hogares más ricos del país.

La política social del gobierno morenista no considera garantizar los alimentos básicos a los pobres.

Desarrolla una política social que entrega efectivo para que el pobre se las arregle en el mercado.

Los pobres sujetos al comportamiento de la Bolsa de Chicago.

Sin exagerar, técnicamente cada pobre negocia individualmente con los gigantes del mercado global.

Para un gobierno con sentido social, los alimentos básicos son un bien al que deben acceder todos los ciudadanos, un bien público, y establece políticas para que los pobres no dependan de los vaivenes del mercado.

Un ejemplo son las lecherías, comedores escolares, subsidios a tortilla o las tiendas comunitarias. Eso que este gobierno no limpió de corrupción ni mejoró, sino que empequeñeció, igual a como lo hicieron los tecnócratas.

El gobierno mexicano, tiene una política social muy neoliberal.

No garantiza bienes públicos.

Volvamos a los datos oficiales.

En 2018, antes de iniciar el gobierno morenista, la autosuficiencia alimentaria del país, producir los alimentos que consumimos, era de 75 por ciento.

La meta prometida por el presidente para 2022 fue de 78 por ciento. No la consiguió. Todavía peor, retrocedió a 69.5.

En 2018, el coeficiente de autosuficiencia agrícola era de 62. La meta prometida fue de 66. Tampoco la consiguió. Todavía peor, retrocedió a 61.

En 2018, el coeficiente de autosuficiencia pecuaria era de 86. La meta prometida fue de 89. Tampoco la consiguió. Todavía peor, retrocedió a 81.

Los alimentos han subido el 56 por ciento en lo que va del sexenio, según el INEGI. Más que cualquier otra rama de mercancías o servicios.

Cuando al campo le va mal, lo padecemos, todos.

El primero de abril de 2023 el gobernador anunció que SEGALMEX compraría la cosecha del ciclo O-I. En octubre, aún había productores exigiendo que les pagaran el maíz que habían entregado.

El 2 de junio anunció que SEGALMEX compraría la cosecha del ciclo P-V. Ya entregaron el maíz y no hay pago aún. Volvieron las torpezas del pasado proceso. Requisitos innecesarios, requisitos intempestivos, caídas del sistema, documentos perdidos, lentitud, filas larguísimas, plazos incumplidos, anuncios que se convierten en mentiras, contradicciones, vueltas, vueltas y vueltas. Al modo SEGALMEX.

La corrupción de Seguridad Alimentaria Mexicana ya es proverbial.

Quince mil millones de pesos hasta cuando suspendieron las auditorías.

El ex director general, Ignacio Ovalle, solo fue cambiado de puesto.

SEGALMEX es ineficiente y corrupta porque el presidente privilegia la lealtad sobre la eficiencia.

Porque las evaluaciones y auditorías son intrascendentes.

Porque no pasa nada si no alcanzan las metas.

Porque no pasa nada si no ayudan a la gente.

Porque no pasa nada si roban.

Porque los morenistas cierran los ojos ante los hechos.

Porque los medios buscan agradar al poder.

Porque la sociedad civil no vigila, no califica, no denuncia.

Porque los afectados no se organizan.

Porque no hay contrapesos.

Artículo publicado el 11 de agosto de 2024 en la edición 1124 del semanario Ríodoce.