Abel Murrieta Gutiérrez era procurador de justicia de Sonora cuando desaparecieron y asesinaron al periodista Alfredo Jiménez Mota. Duró doce años en el cargo, seis con Eduardo Bours, de militancia priista, y los otros seis con el panista Guillermo Padrés. Luego se metió de lleno a la política; fue diputado local y federal por el PRI, y ahora buscaba la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano. Lo asesinaron el jueves mientras repartía volantes en un crucero de Ciudad Obregón. De un discurso recio, para algunos amenazante en un municipio convulsionado por la violencia desde hace varios años, alguien decidió detenerlo.
Un amigo me llamó de Sonora y me dijo: “Cuando mataron a Jorge Julián Chávez Castro (en 2003), usted escribió una frase que me impactó mucho, algo así como ‘los demonios que él mismo desató llegaron por él’. Chávez Castro había sido procurador de justicia en la negra administración de Antonio Toledo Corro, alcalde de Culiacán y en sus últimos años, bajo el gobierno de Juan Millán Lizárraga, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad. En el número cuatro de Ríodoce, cuando todavía gozábamos del deslumbramiento del parto, publicamos en portada un amplio reportaje sobre este crimen, que titulamos La herencia maldita.
Por eso la analogía del sonorense. Abel Murrieta fue cómplice del asesinato de Alfredo, al menos por omisión. Pero la complicidad con el crimen pudo ir más allá porque su jefe de la entonces Policía Judicial, Roberto Tapia Chan, fue señalado de haber participado en los hechos, en complicidad con uno de los grupos de narcotraficantes que campeaban en la entidad, “Los Números”, ligados a los hermanos Beltrán Leyva.

Nunca, ni las autoridades locales encabezadas por Murrieta, ni las federales, bajo el mando de Eduardo Medina Mora, entonces titular de la PGR, aclararon el caso. La razón, seguramente, es que el hecho fue invadido por el tufo de la narcopolítica, pues hasta a Ricardo Bours Castelo, hermano del gobernador y ahora candidato de MC a la gubernatura de Sonora, se le incluía en una red de funcionarios de todos los niveles que apoyaban las actividades de los hermanos Beltrán Leyva.

La desaparición de Alfredo es una de las grandes deudas del Estado mexicano con el verdadero periodismo. Igual que el crimen de Javier Valdez en Culiacán y del cual se cumplieron cuatro años este sábado, en su caso estuvo involucrado el narcotráfico. También fue de altísimo impacto. A raíz de su desaparición, el 2 de abril de 2005, decenas de propiedades, ranchos, casas, bodegas, fueron cateadas y aseguradas —además de armas y vehículos— manteniendo el tema en las portadas de los diarios locales y nacionales y en los noticieros de televisión y de radio.

La embestida del gobierno federal cimbró las estructuras del cártel y eso no se lo perdonaron a Raúl Enríquez Parra, el jefe de “Los Números”, o “Los Güeritos”, como se les conocía. De ahí su asesinato. Los mataron a golpes a él y a tres hombres que lo acompañaron a una fiesta que se llevó a cabo en Culiacán, invitado por Alfredo Beltrán, el Mochomo. Fue en octubre de 2005 y Raúl y sus hermanos, pero directamente él, había sido involucrado en la desaparición del periodista.

Los cuerpos del Nueve y sus compañeros de infortunio y traición fueron arrojados desde una avioneta en Masiaca, en el sur de Sonora, pero el escándalo ya estaba hecho. Alfredo, que trabajaba en El Imparcial de Hermosillo, había publicado un reportaje titulado Los Tres Caballeros, donde cuenta la relación de los hermanos Beltrán Leyva con las altas esferas del gobierno.
“Bien me decía mi hermano que no viniera”, dicen que dijo Raúl Enríquez Parra antes de ser asesinado.

Bola y cadena
El SÁBADO SE CUMPLIERON CUATRO años del asesinato de Javier Valdez. El hombre que dirigía la célula que lo mató a dos cuadras de la oficina, Juan Francisco “N”, está a punto de ser sentenciado. Se cumplirá una etapa más de la demanda de justicia, sin duda, pero quedará otra, la más difícil: traer de los Estados Unidos —donde se encuentra preso en calidad de testigo protegido— al asesino intelectual, Dámaso López Serrano, para que sea juzgado aquí.

Sentido contrario
EL GOBERNADOR DEBE SENTIRSE muy tranquilo para irse a España a una feria internacional de turismo. O muy nervioso. Estará fuera toda esta semana ¿Quién se quedará a cargo del gobierno? ¿Gonzalo Gómez Flores? No parece una buena decisión si se considera el nivel de polarización que han alcanzado las campañas electorales en la entidad. De hecho, Quirino Ordaz Coppel acaba de ser denunciado —él y Mario Zamora, candidato a gobernador por la coalición Va por Sinaloa— ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, acusados por presunta “coacción del voto”. Esto, por emitir tarjetas recargables con el sello de “Puro Sinaloa” y entregadas en el contexto de las campañas electorales. No hay respuestas medias: o el gobernador se siente plenamente confiado en que las campañas electorales marchan sobre ruedas y todo saldrá bien, o anticipa conflictos extremos y mejor prefiere escapar a su impacto.

Humo negro
NO HAY QUE OLVIDAR QUE DOS de sus funcionarios que fueron denunciados por estar haciendo campaña en tiempos laborables en favor de Mario Zamora, Evelio Plata y Manuel Tarriba, fueron dados de baja del gobierno. Quirino sabe que le estaba jalando la cola al tigre y mejor decidió cortar por lo sano. Arrivederci. Ya alguien de Palacio Nacional le advirtió que no se metiera y que respetara los “acuerdos”. ¿Puede hacer más de lo que ha hecho por Mario Zamora? No. Ya hizo lo suyo, el resto es del candidato. ¿Tendrá la capacidad Mario Zamora para remontar? Pues le queda poco tiempo y, según encuestas del propio gobierno estatal que no pueden ser difundidas, dizque anda siete puntos abajo de Rubén Rocha.

Columna publicada el 16 de mayo de 2021 en la edición 955 del semanario Ríodoce.