Ismael Bojórquez/Río Doce

Desde 2006, durante los debates de los candidatos presidenciales en ese proceso electoral que Felipe Calderón se echó a la bolsa, Andrés Manuel López Obrador dijo que para combatir la violencia había que echar mano del Ejército. La violencia por esas fechas se había desatado con el surgimiento de los Zetas y las guerras entre las organizaciones del narcotráfico se habían extendido a rincones impensables como Acapulco, Guerrero, por ejemplo. Días después de que Calderón asumió el poder, hizo aquello, metió de lleno al Ejército Mexicano a la guerra contra el narcotráfico sin un diagnóstico correcto del problema que tenía enfrente y, lejos de resolverlo, lo profundizó con los saldos infernales que todos conocemos y padecemos ahora —gracias también a que Enrique Peña Nieto siguió en la misma línea.

Nunca creí en ese “abrazos, no balazos” de López Obrador durante la campaña pasada, no se comprende mucho esa amnistía a delincuentes que proponen —creo que ni ellos saben exactamente qué significa— y ya se sabía desde hace lustros de la gran corrupción y desorganización que impera en las policías de todos los niveles. Una premisa ineludible, básica, es que al narcotráfico hay que combatirlo desde muchos frentes (por eso es fundamental la iniciativa para despenalizar la producción, comercialización y consumo lúdico de la mariguana) y uno de ellos es la fuerza. Las otras variables de ese combate, la creación de empleos, oportunidades para los jóvenes, educación… abonarán, sin duda, pero sin el uso de la fuerza ningún logro será posible.

Pero viene aquí el tema de derechos humanos que aparece al parejo con la sola idea del Ejército en las calles. Y esto es por razones obvias: durante las gestiones de Calderón y EPN fueron un desastre en todo el país. Lo padecimos también en Sinaloa. Fuimos testigos y víctimas de saqueos, crímenes, vejaciones, cateos ilegales y hasta de rapiña. Y no solo abusos del ejército, también de la Marina, que no fue menos animal en algunos operativos. El más reciente registro de su pisada brutal fue el asesinato de cuatro jóvenes a los cuales habían desarmado durante una fiesta en la periferia de Culiacán y a los cuales terminaron fusilando ahí mismo.

Así, la necesidad de combatir al narcotráfico también con la fuerza de las armas y la urgencia de recuperar nuestros derechos humanos se presenta como una contradicción. Por ello el reclamo de las organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, para que el nuevo gobierno dé marcha atrás y no modifique la constitución para respaldar legalmente la creación de lo que será la Guardia Nacional (GN). Creo que, al final, el proyecto de AMLO pasará todos los filtros porque tiene con qué hacerlo, si se trata del Congreso y si se trata de una consulta. Y hasta de opinión pública. En todo caso, la presión de estos organismos ayudaría a que se incorporaran en las reformas previstas candados que acoten la actuación de las fuerzas armadas como tales o actuando como partes integrantes de la GN.

Es una apuesta muy temeraria la del próximo presidente. Es el comandante supremo de las fuerzas armadas y todas las miradas voltearán hacia él siempre que se presente una actuación reprobable de la GN, de la Marina o del Ejército. Si esto ocurre, la gente querrá que no pase lo mismo que con Fox, Calderón o Peña, cuando los abusos se cometieron impunemente; se exigirá castigo, justicia. Y aquí es donde puede estar la diferencia. Los comandos de exterminio que siempre han existido han actuado con la anuencia de los mandos y la vista gorda de Los Pinos. Si esto cambia, a pesar de la formación represora de las fuerzas armadas, podríamos estar viendo algo distinto.

En todo caso, se está planteando que la GN se someta a una prueba de tres años, que luego de pasar ese periodo se evalúe su actuación y los niveles de criminalidad del país para determinar si continúa o no. Podríamos apostar que llegará para quedarse, pero ya se verá.

Bola y cadena
¿LA CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL REPRESENTA una continuidad de las estrategias de Calderón y Peña Nieto? No necesariamente. Lo contrario, ir solo con las policías locales y federales y acuartelar soldados y marinos garantizaría el fracaso de cualquier estrategia contra la delincuencia organizada. Tal vez por eso la apuesta de AMLO. Ya se sabrá si funciona o no. Vale más que sí.

Sentido contrario
LA VIDA DEL SNTE ha estado siempre ligada al poder presidencial, al dinero sucio y a las traiciones. En 1988 llegó Carlos Salinas al poder y destronó a Carlos Jonguitud Barrios para entronizar a Elba Esther Gordillo. Jonguitud había hecho lo mismo con Manuel Sánchez Vite en los años 70. La maestra Gordillo ha sido acusada de todo, hasta del crimen del maestro Misael Núñez Acosta, símbolo de la lucha magisterial asesinado en enero de 1981. Estuvo presa durante casi todo el sexenio actual por presunto lavado de dinero y fue absuelta. Ahora, con el arribo de la “cuarta transformación”, el actual dirigente, Juan Díaz renuncia al cargo para dar paso al nombramiento de una nueva dirigencia, que, seguramente, recaerá en Elba Esther Gordillo. ¿Democracia aquí? ¿Defensa de los intereses magisteriales? No: en el fondo hay un estercolero del cual beberán muchos de aquellos que navegan con la bandera del cambio.

Humo negro
YA VAN DOS OCASIONES EN QUE SE PRETENDE discutir la posibilidad de modificar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y han sido boicoteadas. Alguien debe poner orden aquí. Si hay voces que exigen cambios en la Universidad deben ser escuchadas de una forma civilizada; también las que quieren mantener el statu quo en la casa rosalina. Dejar que las cosas corran como van, es como encender un cigarrillo adentro de una cuetera.

Columna publicada el 25 de noviembre de 2018 en la edición 826 del semanario Ríodoce.