sh1>DIPUTADA KARLA MONTERO. Sin saber, aporta.

La discusión llegó de la peor forma pero llegó. El martes pasado, la diputada local Karla Montero, del Partido Encuentro Social, acusó a medio mundo, periodistas y medios de comunicación, de “chayoteros”. Tabla rasa. Para sostener su acusación —porque eso fue, una acusación—, esgrimió una relación de proveedores del Congreso del Estado donde aparecen personas físicas y empresas que cobran ahí de algún modo. La información estaba en el portal de transparencia del congreso desde hace meses, pero, al parecer, nadie se había tomado la molestia de revisarla. En realidad, lo que la diputada estaba exhibiendo son contratos de publicidad o, al menos, eso se estipula formalmente, más allá de si en algunos casos eso implica una intromisión en la línea editorial del medio contratado.

No faltó quien se rasgara las vestiduras y en la sesión siguiente del jueves, diputados de distintos grupos parlamentarios expresaron su solidaridad con los periodistas y los medios, entre ellos Graciela Domínguez, líder de la bancada de Morena, quien planteó la necesidad de legislar sobre la protección laboral de los periodistas, lo cual, a juicio nuestro, es urgente.

Sin embargo, nadie tocó un tema central que ahora mismo se discute en los círculos nacionales: la comunicación social que llevan a cabo gobiernos de los tres niveles y el manejo de los recursos destinados a la publicidad oficial.

A finales del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a la organización Artículo 19 por la omisión que había de una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en cuanto al destino de la publicidad oficial.

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación —dice el 134—, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

La Corte resolvió el amparo en noviembre de 2017 y dio plazo hasta abril de 2018 para generar dicha Ley y fue en agosto que se aprobó, pero bajo profundos cuestionamientos porque terminaba no cambiando nada en cuanto a la discrecionalidad con que los recursos públicos para este rubro se han manejado durante décadas. Al grado que fue bautizada como la “Ley Chayote”.

Y este es el tema aquí. Lo que hizo la diputada Montero empata de alguna forma con lo que ha estado diciendo el alcalde electo de Culiacán, Jesús Estrada, en el sentido de que no habrá más contratos con los medios de comunicación simplemente porque no hay dinero. En realidad la postura de Estrada Ferreiro tiene más que ver con su aversión a la prensa que con la falta de recursos, pero eso es otra cosa.

Los tres niveles de gobierno y los poderes ocupan recursos para manejo de publicidad, pero aquí hay dos cosas muy evidentes que deben ser modificadas ya: una de ellas es que los montos gastados en publicidad son brutalmente elevados y, dos, que esos recursos son distribuidos de manera facciosa e interesada entre los medios afines al que gobierna. Por eso, medios como la revista Proceso, de gran prestigio y circulación nacional, con gran aceptación en redes sociales, no tiene publicidad del gobierno federal por su línea editorial crítica.

No sé si el congreso estatal deba esperar a que se reforme la recién aprobada Ley de Comunicación Social y Publicidad Oficial —o se derogue y surja una nueva— para empezar a discutir en Sinaloa este tema; de lo que no hay duda es que es un asunto que deberá resolver esta legislatura. Habrá quiénes se opongan sin duda, y serán los medios —grandes y chiquitos— que tradicionalmente han sido beneficiados con las bolsas de los gobiernos destinadas a la publicidad. Pero estos cambios son indispensables en el marco de lo que Morena llama la “cuarta transformación”. Equidad y transparencia serán las claves. Y los nudos estarán en la equidad, pues ahí hay que discutir los criterios con que los contratos serían asignados.

Bola y cadena
UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA y un nuevo país requieren de una relación nueva del poder con la prensa. Y si se habla de una transformación a fondo —la cuarta, se dice—, también en esta relación deben cambiar las reglas, hasta ahora y desde hace siete décadas, unas reglas turbias e interesadas basadas sobre todo en el dinero. La publicidad, aunque sea legal, sustentada en un contrato, con frecuencia es también una forma de soborno. Es muy simple: lo contrario al “no te pago para que me pegues” de José López Portillo a Proceso es “te pago para que me trates bien”. Y eso tiene que cambiar. Hay excepciones valiosas, por fortuna.

Sentido contrario
QUE BUENO QUE GRACIELA DOMÍNGUEZ plantee que Morena propondrá legislar para que los periodistas tengan mayor protección y se garantice su libertad para expresarse. Es urgente que esas garantías, plasmadas en la constitución y en la ley laboral se cumplan, porque con frecuencia los periodistas no solo no tienen las prestaciones legales básicas, ya no digamos buenos salarios. Y no hay organizaciones de periodistas que hasta ahora hayan reparado en ello. Por lo menos no se sabe que hagan algo para defender a sus agremiados de las humillaciones que sufren al interior de sus fuentes de trabajo, donde muchas veces no tienen ni contratos laborales y son despedidos sin liquidaciones justas. Esta idea de Graciela sería congruente con lo que la próxima secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, trae entre manos.

Humo negro
¿QUÉ INTERÉS TIENEN DOS EX GOBERNADORES de Sinaloa para organizar un encuentro con indígenas del norte con el fin de que desistan de un amparo logrado para evitar la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo? ¿Qué compromisos hicieron con la empresa alemana? ¿Por qué les ofrecieron dinero a los dirigentes comunales para convencerlos?

Columna publicada el 28 de octubre de 2018 en la edición 822 del semanario Ríodoce.