JUSTICIA. Atada al compromiso político.

Oscar González Mendivil

El World Justice Project es una organización independiente que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en todo el mundo. Consideran que un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y protege a las personas frente a las injusticias.

A fines de enero la organización dio a conocer el llamado Rule of Law Index 2017-2018, o Índice de Estado de Derecho, en 113 países del planeta. Este esfuerzo toma en cuenta variables como las restricciones a los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de regulaciones, justicia civil y justicia penal. México ocupó la posición 92 y bajó cuatro peldaños en relación al índice del año 2016.

El aspecto peor evaluado de nuestro país fue el sistema de justicia penal, ya que obtuvo la posición 105 entre todos los países. En el ejercicio anterior había ocupado el lugar 108. Los puntos que se toman en cuenta para obtener esta calificación, son: efectividad del aparato de investigación, eficacia y rapidez del sistema de justicia, eficiencia de la readaptación social penitenciaria, imparcialidad de policías, fiscales y jueces, ausencia de corrupción, autonomía de los órganos de justicia penal, debido proceso y respeto a los derechos humanos.

En pocas palabras, de acuerdo al informe, los operadores del sistema de justicia penal en nuestro país son poco eficientes, lentos, parciales al hacer su trabajo, carentes de autonomía, se encuentran bajo sospecha de corrupción y no podemos esperar que se ciñan al debido proceso. Los resultados parecen confirmar la opinión de muchos mexicanos: frente al delito lo que cabe esperar la mayoría de las veces es que no pase nada. Algo que hemos denominado la expectativa anómica.

En el Segundo Encuentro de Novela Negra efectuado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en marzo de 2017, el escritor colombiano Gustavo Forero sostuvo que en Latinoamérica la novela de crímenes es aquella que da cuenta de un espacio de anomia social, es decir, de falta de normas. No es que el delincuente carezca de reglas éticas y eso lo lleve a una vida criminal, sino más bien que el cumplimiento de la norma, la aplicación de la ley por parte de la autoridad, es algo de excepción.

Para Forero, en nuestras naciones se rompe el vínculo de causa–efecto entre crimen y sanción. El castigo al delincuente no existe, o en el mejor de los casos, se presenta de manera escasa, fragmentada o fortuita. Por ello, nuestra realidad social en materia de investigación criminal puede caracterizarse como anomia.

Tal vez esta sea la razón por la cual nuestras sociedades ya no esperan que la mayoría de los delitos se esclarezcan o que se inicien juicios que culminen en la condena de los criminales. Al contrario, esperan la impunidad. Por eso la llamamos la expectativa anómica, suponemos por anticipado que el crimen quedará sin castigo.

¿Cómo resolver este problema? Lo primero es tomar una decisión de política pública nacional para no dar marcha atrás en la operación del sistema acusatorio. Es indispensable fijar una postura contundente para que los promotores de una vuelta al pasado entiendan que borrar o corregir el sistema acusatorio será contraproducente.

Segundo, hay que elaborar un diagnóstico que permita tener en claro cuáles son las deficiencias del aparato de seguridad y justicia en México. Definida la problemática, debe traducirse en asignación de recursos para llevar a cabo programas estratégicos transparentes y evaluables. Solo que antes se debe modificar la visión centralista de las políticas de seguridad que ha privilegiado la Federación durante este sexenio. Si el problema son los robos, pero la PGR insiste en atacar preferentemente el terrorismo, algo no funciona.

También hay que fijar metas que permitan hacer avanzar un proceso de transformación. Debemos aprender a generar expectativas reales. Exigir soluciones absolutas en semanas o meses abona a la cultura de la simulación y termina por hacer el juego a aquello que se critica. Las etapas intermedias sirven para hacer ajustes en los procesos de implementación de soluciones.

Capacitación, infraestructura, tecnología, equipamiento, modelos de gestión, normatividad, todo debe estar subordinado a la consolidación de las instituciones. Es positivo tener un liderazgo que reacciona frente a los delitos un día determinado, pero es mejor contar con una organización que investiga y sanciona a los criminales todos y cada uno de los días del año.

En lo que se refiere a la justicia penal mexicana, ya no cabe eso de mía la policía, fiscales carnales, mucho menos jueces reses. Es momento de hacer las cosas bien. La justicia no se construye con personas atadas a otras por compromisos políticos.

Artículo publicado el 4 de marzo de 2018 en la edición 788 del semanario Ríodoce.