Río Doce.- La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una carpeta de investigación por probable lavado de dinero desde octubre de 2017, en la que el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, es uno de los involucrados.

El caso corresponde al entramado de empresas fachada, en el que se involucra también al empresario queretano Manuel Barreiro, por lo que la dependencia solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) que emita una alerta migratoria para evitar que se fugue del país y poder detectar cualquier entrada o salida de esa persona a territorio nacional, informó La Jornada.

La indagatoria incluye a la empresa Juniserra, propiedad de Anaya Cortés, así como a Daniel N y Alberto N, quienes solicitaron a la PGR someterse a la figura jurídica de criterio de oportunidad, la cual les permite reconocer su participación en un ilícito, resarcir el daño y no ser juzgados.

El martes pasado, el abogado de los dos últimos, Jacobo Adrián Xamán McGregor, denunció que sus clientes, de quienes se reservó su identidad, han sido objeto de amenazas a raíz de que fueron llamados a declarar como parte de este caso.

Xamán explicó que la denuncia por acoso e intimidación la hicieron de forma pública o mediática, ya que no cuentan con pruebas de quién está detrás de ello, pero insistió en que está vinculado con el proceso que investiga la procuraduría y precisó que las declaraciones de sus clientes relatan los hechos que son parte de una investigación que ya se encuentra en curso y al día de hoy siguen en la PGR.

En entrevista con La Jornada, señaló que la investigación comenzó cuando los mecanismos de control del sistema financiero nacional reportaron operaciones anómalas, de las cuales el tema principal es el entramado de empresas fachada, ya que, luego de que una compañía propiedad de Anaya compró un terreno a Barreiro en 10 millones de pesos, éste presuntamente trianguló los recursos para finalmente recomprarle el lote a Anaya, ahora como nave industrial, en 54 millones de pesos.

La materia de la investigación en la PGR es, precisamente, si esta operación representa lavado de dinero, operación en la que están directamente relacionados el señor Barreiro, mis clientes y el señor Anaya como beneficiario al ser el socio de Juniserra, indicó.

Aunque la indagatoria comenzó el año pasado, reiteró que sus clientes decidieron hacer público el caso ahora, porque fueron citados a declarar como parte de dicho proceso hace sólo dos semanas. Nosotros tampoco teníamos conocimiento de la existencia de esta investigación, aclaró.

Por separado, la PGR confirmó que mantiene abierta una carpeta de investigación por lavado de dinero que se inició el 26 de octubre de 2017, tras recibir una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El agente del Ministerio Público de la Federación ha realizado diversas diligencias, como cateos, solicitud de alertas migratorias, así como, bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, citó a diversas personas, quienes acudieron a rendir su declaración, indicó en un comunicado.

Detalló que dos de las personas citadas solicitaron que se aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Fuentes federales confirmaron que se trata del mismo caso relacionado con el candidato panista y Barreiro. También ratificaron que la figura que buscan Daniel N y Alberto N es el mecanismo de criterio de oportunidad. La procuraduría se encuentra en análisis para determinar si cumplen los criterios para ser acreedores a dicha figura legal.

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, señaló ayer miércoles acerca del comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), que como no ha sido objeto de diligencia alguna, tampoco está acusado de delito alguno, y exigió que se evite confundir a la opinión pública.

Previamente, manifestó que está dispuesto a declarar acerca de la denuncia presentada en su contra por presuntamente orquestar una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en varios países y paraísos fiscales para simular la compraventa de una nave industrial.

La PGR emitió anoche un comunicado en el cual afirma que investiga hechos posiblemente constitutivos de lavado de dinero, sin mencionar el nombre del panista.

En un posicionamiento de tres puntos, que se dio a conocer de última hora, Anaya afirmó que los priístas, además de corruptos, son unos cobardes que avientan la piedra y esconden la mano, como quedó demostrado en la rueda de prensa que el día de hoy llevaron a cabo los voceros del candidato José Antonio Meade.

Como segundo punto, indicó que el PRI-gobierno pretende crear una cortina de humo para distraer la atención de los millonarios desvíos de recursos señalados por la Auditoría Superior de la Federación, que ocurrieron bajo la titularidad de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre muchas otras dependencias.

Desvíos que confirman lo que ha sido la tónica de este sexenio: una corrupción desmedida por parte de la actual clase gobernante. José Antonio Meade es cómplice de estos desvíos ya que fungió como tapadera.

Reiteró que los ataques en su contra son guerra sucia orquestada por el PRI para levantar la campaña en ruinas de su candidato, el cual se encuentra en un lejano tercer lugar en todas las encuestas.

Ante las preguntas acerca de si tenía disposición de presentarse a declarar a la PGR, el panista respondió horas antes: Puedo acudir ante la autoridad que quieran y cuando quieran.

Después de reunirse con empresarios en el Club de Industriales dijo que sería positivo que lo citaran a declarar, porque la gente se daría cuenta de que no hay absolutamente nada. Por eso no creo que ni se atrevan.

Al preguntarle por qué no ha denunciado a quienes lo acusan, respondió: El problema es ante quién quieren que los demande. ¿Ante la PGR, que está completamente controlada por el PRI?

El martes pasado, el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor señaló que han recibido amenazas dos personas que aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Querétaro para triangular una suma millonaria en varios países y paraísos fiscales con la finalidad de simular la compraventa de una nave industrial, con valor de 54 millones pesos, y con ello beneficiar a una compañía propiedad del panista.