JOSÉ LUIS FUENTES. Chapo y osado.

Las imágenes anticipaban el fin. Lo contrario hubiese sido la excepción de una regla infernal que no está escrita pero que opera siempre. Los dos agentes de la SEIDO hablando frente a una cámara, hincados y de espaldas a cuatro hombres que les apuntan con sus fusiles, anunciaban su propia muerte. Triste, devastador que se diera por hecho su destino, pero eso mismo habla de un país donde el poder y el gobierno, en muchos niveles y zonas, los detentan las organizaciones criminales.

Todo el mundo ha dicho que el secuestro y luego ejecución de los dos jóvenes es obra del Cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque no hay una definición oficial al respecto. Una filtración, tal vez, o la certeza de que esa zona la controla ese grupo, han creado la presunción de que fueron ellos, pero es solo eso… hasta ahora.

Como sea, además de la osadía que plantea por sí mismo el hecho, y la indefensión en que se encuentran los policías cuando son enviados a labores de “inteligencia”, no hay que desdeñar el contenido del mensaje.

Según lo que leyó el agente Alfonso Hernández —obviamente bajo la presión a que estuvieron sujetos—, la Secretaría de Gobernación les dio órdenes de hacer detenciones arbitrarias y desaparecer a narcotraficantes.

“… El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, han dado la orden a todas las dependencias de gobierno, en especial al grupo de investigación de la SEIDO, Ejército y Marina, que hagan negativa toda captura de cualquier objetivo, sea o no sea delincuente, y desaparecer todo rastro de las operaciones que realicemos, así como permiso abierto de hacer lo que queramos con ellos, que es lo que hemos estado haciendo en conjunto con la Marina.

“Acciones como tortura, robo, secuestro de nuestros objetivos y hasta desaparecerlos sin respetar mujeres, niños y personas mayores, siendo ellos las principales víctimas”.

No es la primera vez que un grupo criminal llama la atención sobre las políticas públicas en materia de seguridad y su orientación. Mensajes dejados sobre cuerpos mutilados han reclamado, desde hace lustros, que tal gobernador, jefe policiaco o secretario de seguridad o mando del Ejército esté atacando a un grupo para favorecer a otro. Se han hecho llamados a través de mantas colgadas de los puentes, pero nunca se había optado por utilizar a gente del propio gobierno como vehículo del mensaje y menos que terminara de forma tan trágica.

En Sinaloa tuvimos un caso similar, cuando, en 2013, un grupo armado secuestró a Frank Armenta Espinoza, escolta del entonces gobernador Mario López Valdez. A los pocos días de su desaparición apareció en un video donde acusa al gobernador y a sus jefes policiacos de tener acuerdos con el Cártel de Sinaloa, dando santo y seña de lo que decía y haciendo públicas grabaciones telefónicas y de radio que, según él, daban prueba de lo que estaba afirmando. Después de que se hizo público un segundo video, Armenta Espinoza apareció muerto en Culiacán.

Por esos días el Cártel de Sinaloa tenía una guerra abierta contra las fuerzas de Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, y contaba con el apoyo del gobierno estatal. Ese fue el contexto del secuestro y utilización de Frank Armenta, pero nunca se supo nada ni sobre sus dichos ni sobre su secuestro y homicidio.

Lo que pasó con los agentes de la SEIDO ocurre días después de que en Culiacán un grupo de elementos de la Marina irrumpió en una fiesta que se realizaba en la Limita de Itaje —un pueblito conurbado con Culiacán— y dio muerte a cuatro jóvenes, hechos que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó como un enfrentamiento.

Según testimonios recogidos por Ríodoce —y videos que circularon en redes sociales—, los marinos sometieron a hombres, mujeres y niños y los retuvieron durante horas, los despojaron de teléfonos celulares y les robaron joyas y dinero. También informaron que los jóvenes fueron asesinados una vez que los habían desarmado.

Si hiciéramos un ejercicio de contraste entre lo que a los agentes de la SEIDO les hicieron leer en el video contra lo que ocurrió en la fiesta del 30 de enero en Culiacán, encontraríamos que es exactamente lo mismo.

El caso de la Limita de Itaje fue atraído por la PGR y desde entonces no se sabe nada porque no hay información oficial; la Marina no emitió comunicado alguno y la información que ofreció el gobierno estatal es falaz y contradictoria. ¿Qué pensar entonces ante tanta turbiedad? ¿En manos de quién está la justicia en este país?

Bola y cadena
POR ESO LA INQUIETUD DE MUCHA GENTE ante la creación de la Ley de Seguridad Interior, que abre más los espacios para que las fuerzas armadas puedan llevar a cabo acciones que ahora corresponden a las autoridades civiles. Por eso la desconfianza.

Sentido contrario
¿QUÉ MOTIVOS PUEDE TENER UN hombre como Estaban Loaiza para involucrarse en actividades delictivas como presuntamente lo hizo y habiendo ganado tanto dinero como pitcher de grandes ligas? ¿La necesidad? ¿La ambición? ¿El desvarío? ¿La enajenación?

Humo negro
EL EJERCICIO SE ESTÁ HACIENDO en varias partes del país por gente que puede simpatizar con uno u otro partido; instalan en algún lugar público un pliego con forma de boleta electoral y tres opciones: Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. El sondeo se hizo el viernes pasado por un grupo que encabezó el doctor José Luis Fuentes (simpatizante de MORENA, que quede claro), en la plazuela Álvaro Obregón. Se invitó al que iba pasando a votar libremente y el resultado fue el siguiente: AMLO: 684 votos; Anaya 57 y Meade 31. Pero que nadie se emocione de más o suicide: es solo un ejercicio.

Columna publicada el 18 de febrero de 2018 en la edición 786 del semanario Ríodoce.

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