Surgen denuncias contra funcionarios y militares por abuso de poder y ocultar información

Río Doce.- El sismo de 7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México y los Estados de Morelos, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero empieza a cimbrar a la clase política mexicana.

Denuncias, acusaciones, señalamientos y demandas jurídicas de personas, colectivos y organizaciones cobran fuerza en la capital del país y como bola de nieve se acumulan y empiezan a exhibir las miserias humanas de funcionarios corruptos, autoridades prepotentes y representantes populares insensibles atrapados en una madeja de vicios y abusos de poder, que hicieron la diferencia entre la vida y la muerte para niños, mujeres y adultos que fallecieron bajo los escombros de edificios.

Lo que en principio se justificaba como una acción de Estado que tenía la misión de desaparecer todo rastro de muerte mediante la aplicación del protocolo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y así justificar la limpieza de escombros mediante el Plan DN3, está causando dolores de cabeza al Gobierno de la Ciudad encabezado por Miguel Ángel Mancera y al Presidente Enrique Peña Nieto, por la avalancha de denuncias, acusaciones y demandas legales que sumadas, dan cuenta del descontento social que trajo el terremoto del pasado septiembre 19.

Así, el proceso de reconstrucción de una de las tres ciudades más grandes del mundo se desarrolla en medio de señalamientos, acusaciones y denuncias, que señalan están regidos por ordenamientos de tipo económico impuestos por las grandes empresas inmobiliarias, cuyos nexos con políticos con los gobernantes en turno están privilegiando la especulación, a costa de un plan de reconstrucción que garantice viviendas más seguras a los residentes en casos de desastres naturales.

Vecinos y víctimas de los edificios afectados documentan violaciones a sus derechos. Padres de menores fallecidos interponen demandas penales contra funcionarios locales y federales por actos de corrupción y organismos defensores de los derechos documentan violaciones por parte de los Gobiernos de la Ciudad de México y de la República por el manejo político con que condujeron y abordaron el dolor humano de las víctimas.

Organizaciones de padres de familia iniciaron protestas públicas frente a las delegaciones y los centros escolares donde acuden sus hijos, por la manera irresponsable que autoridades escolares de la Ciudad de México y el Gobierno federal están haciendo de los peritajes de edificios dañados que, acusan, están siendo elaborados al vapor y sin personal capacitado para las verificaciones, en la mayoría de los casos.

Los padres de familia y maestros que apoyan sus reclamos aducen que no están dispuestos a exponer a sus hijos y alumnos a morir bajo los escombros, como ocurrió en el caso del Colegio Rébsamen, donde “la corrupción y simulación provocaron muertes de menores, que pudieron evitarse”.

Estándares internacionales incumplidos

La ONG internacional Artículo 19, se lanzó duro el viernes pasado contra los Gobiernos de Mancera y Peña Nieto al declarar a la Revista Proceso que el gobierno mexicano ha utilizado los espacios de publicidad oficial en medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, para difundir spots, con el formato característico de este gobierno federal, en los que, en vez de proporcionar información de interés público para la ciudadanía, pretende resaltar que las instituciones gubernamentales están cumpliendo con sus obligaciones.

En opinión del organismo internacional que defiende los derechos de los periodistas, “el Estado mexicano ha desplegado una política de ocultamiento y censura, y la estrategia de comunicación no ha sido eficiente y tampoco garantiza, hasta el momento, las acciones de búsqueda de justicia para fincar responsabilidades institucionales y de actores privados por los daños a la vida, a la integridad y al patrimonio de las personas producto de posibles actos de corrupción”.

A partir de la información recabada, Artículo 19 concluye que hay una ausencia total de protocolos para mantener informadas a las personas ubicadas en zonas de derrumbe o de riesgo, sean víctimas o voluntarios.

En el reporte que narra la actuación de los gobiernos local y federal, la ONG revela que ambos gobiernos incumplieron con los estándares internacionales en contextos de desastres naturales y argumenta que la actuación de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera ante la tragedia, redundó en perjuicio de garantías fundamentales, lo que se tradujo en un “vacío informativo” que impacto negativamente los derechos de la sociedad.

En su reporte, Artículo 19 consigna que logró documentar que las autoridades federales y locales aplicaron un férreo bloqueo informativo a los periodistas, cuya labor, dice, resulta fundamental en el contexto de desastres naturales.

“La comunicación gubernamental se ha enfocado, una vez más, en promover la imagen del presidente de la República, otros altos funcionarios e instituciones en los lugares de desastre, en lugar de brindar información adecuada, pertinente, idónea y necesaria en este contexto”, insiste.

El organismo señala que tampoco se cuenta con cifras oficiales aproximadas de personas desparecidas, o con un listado que recupere en su totalidad los datos de personas hospitalizadas.

Durante los momentos más apremiantes de búsqueda y rescate, y hasta la fecha, acota, no ha fluido información oficial adecuada sobre las necesidades en lugares de colapso, centros de acopio y albergues.

“Lejos de informar, la estrategia gubernamental en los niveles federal y local ha tenido como objetivo controlar y administrar la información. No es casual que ante la falta de coordinación interinstitucional que redunda en el vacío informativo, diversas iniciativas ciudadanas —como #Verificado19S— hayan suplido la ausencia del Estado”, subraya.

Para Artículo 19, los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación también se encuentran condicionados por el actual proceder de las autoridades federales y capitalinas. “De esta manera es poco viable que se garantice la no repetición de daños tan graves en caso de una nueva catástrofe”, concluye.