Río Doce.- El domingo pescaron a Tomás Yarrington en Florencia. Italia. Es uno de esos pocos casos en los que los grupos en el poder actúan de manera precavida, se deslindan de uno de sus mafiosos, se adelantan a fincarle responsabilidades y evitan, así, daños políticos mayores. Desde 2012 la PGR emitió una orden de aprehensión del ex gobernador tamaulipeco. Otra cosa es que haya existido, o no, la voluntad para cumplirla; el lustro transcurrido desde que se giró la orden de captura hasta la detención del individuo hace pensar que no, como no parece haberla en los casos de los Duarte y manifiestamente no la hay en el de Borge Angulo.

Otros ex funcionarios han sido apresados en días recientes por la policía de Estados Unidos. El más conocido es Édgar Veytia, quien fue capturado cuando aún se desempeñaba de fiscal general de Nayarit, el 23 de marzo, en San Diego, por acusaciones de narcotráfico. Unos días más tarde cayó preso en Phoenix Carlos Manuel Villalobos Organista, ex senador panista, acusado de desviar presupuestos destinados a seguridad, educación y salud cuando se desempeñaba de secretario de Hacienda en el gobierno de Guillermo Padrés Elías, en Sonora.

Tanto los ex funcionarios detenidos por Washington como los delincuentes sin cargo oficial que han sido capturados o entregados en extradición por el gobierno de Peña Nieto (el más prominente es el Chapo) aportan a la administración de Donald Trump una masa de información sobre los entresijos de la corrupción en México, las complicidades entre funcionarios y grupos delictivos y la inoperancia deliberada de los organismos supuestamente encargados de procurar justicia y responsables, en los hechos, de procurar impunidad.

Washington tiene otras fuentes y otros métodos para hurgar en la criminalidad gubernamental al sur del Río Bravo. Un caso conocido es el espionaje sistemático, masivo y de alta tecnología aplicado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) sobre funcionarios y políticos de diversos niveles.

Entre espionaje y confesiones de delincuentes presuntos o confesos capturados por Estados Unidos, el gobierno de ese país ha logrado hacerse con una formidable capacidad de chantaje sobre los gobernantes mexicanos del PAN y el PRI, ejecutores serviles de los dictados económicos, políticos y estratégicos de Washington en nuestro país.

Tal circunstancia no sólo explica la plena sumisión de tales gobernantes a los dictados del norte sino también la preferencia de Trump, recientemente expresada vía su secretario de Seguridad Interior, John Kelly, por un nuevo gobierno panista o priísta a partir de 2018: no otra conclusión puede extraerse de lo dicho por éste y por el senador John McCain en el sentido de que no quieren en México un presidente de izquierda. La administración republicana desea que el vecino del sur sea gobernado por alguna fórmula conocida, es decir, alguien de quien pueda lograr docilidad mediante datos comprometedores. En suma, aunque las candidaturas priísta y panista de cara a 2018 aún no se han definido, es claro que estarán de antemano sometidas a Donald Trump.(Texto editado).