La cloaca de corrupción al interior de la Dirección de Servicios de Protección empezó a destaparse.

La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene investigaciones contra funcionarios y elementos de esa corporación.

Las irregularidades van desde cobros de servicios no prestados, hasta asignación de escoltas sin justificación o de manera gratuita.

Una de las investigaciones fue iniciada de oficio luego de que Ríodoce publicó que la Dirección de Servicios de Protección prestó servicios de vigilancia a la empresa Bonatti y los alrededor de 5 millones de pesos que se pagaron nunca ingresaron a las arcas del Gobierno del Estado.

El Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó que han encontrado una serie de irregularidades en la corporación.

“Tenemos varios detalles que estamos corrigiendo, es una realidad las malas prácticas que se realizaban, la instrucción que nosotros tenemos del Secretario de Seguridad es que no haya impunidad y ese tipo de aspectos, hay algunas deficiencias que hemos notado y se está haciendo una investigación de parte de Asuntos Internos”, dijo.

En el caso de Bonatti, manifestó, ya se han removido algunos funcionarios de la dependencia como parte de las investigaciones.

En enero y marzo, Ríodoce publicó que Servicios de Protección prestó el servicio de vigilancia en las zonas donde se construía el gasoducto en el norte y sur del estado, pero el pago se hizo de manera irregular.

Agentes consultados dijeron que el pago semanal lo recibían en efectivo y además les daban un sobre con dinero para que lo entregaran en las oficinas de la zona Centro, a sus superiores.

Ese dinero, acusaron los elementos, no ingresó a las cuentas de las dependencia y había funcionarios que se estaban beneficiando.

Los policías involucraron en una red de corrupción al ex Director de Servicios de Protección, César Yunué Santa Cruz Oliden; al Coordinador de la Zona Centro, David Mendoza Leyva; y al segundo comandante, Rafael Gaxiola Medina.

Los elementos señalaron que el mes pasado fueron citados a declarar en la Unidad de Asuntos Internos y luego fueron amenazados por David Mendoza.

Castañeda Camarillo dijo que son varias personas involucradas en ese caso pero por el momento no puede dar a conocer la identidad debido a que siguen sujetas a investigación.

Aseguró que pronto habrá resultados en la indagatoria interna y se procederá contra quien le resulte responsabilidad.

El funcionario comentó que entre las irregularidades encontradas, también detectaron asignación de escoltas sin justificación y servicios que no se cobraban.

“Había algunos funcionarios que no tenían razón de ser que tuvieran escoltas y se retiraron; había unas situaciones que se prestaba una servicio que no pagaban al Estado y se están cobrando, se está regularizando todo y a medida que se han detectado las cosas se está actuando en consecuencia”, aseguró.

La semana pasada, elementos de la Dirección de Seguridad Pública(DSP) denunciaron ante Ríodoce que desde hace cuatro meses no les pagan los resguardos extras.

Castañeda Camarillo indicó que se está investigando esa situación debido a que los servicios al parecer sí se pagaron, pero no a la gente que los prestó.

Los policías señalaron que a cada agente le deben alrededor de 15 mil pesos.

Esos resguardos, explicaron, son los que prestan fuera de su jornada de trabajo y el servicio es pagado por la empresa que los contrata.

Anteriormente se retrasaban hasta un mes para hacer el pago, pero en esta ocasión ya pasó demasiado tiempo, expresó un agente.

Los policías señalaron que reciben un sueldo quincenal de 5 mil 200 pesos y con los resguardos buscan un ingreso adicional.

“Hacemos esos resguardos para tener un dinero extra porque lo necesitamos, dejamos a nuestras familias para trabajar extra porque la quincena no nos alcanza, tenemos familias, tenemos deudas que pagar, para eso los hacemos y no nos lo pagan”, indicó un elemento.

Cuando reclaman el pago en la DSP, dijo, solo les dicen que no hay dinero a pesar de que esos servicios ya deben estar pagados.

Castañeda Camarillo comentó que se están revisando la relación de agentes que prestaron los resguardos y quiénes fueron los que cobraron.

“Era una práctica que era común anteriormente, lo que estamos tratando de hacer ahorita es garantizar que el elemento que tenga servicios extraordinarios que representa una remuneración, lo reciba quien lo tenga que recibir y que no se apunte alguien más, lo famosos voladores.Al que le pagaron no fue, pero si se prestó el servicio, esa es una de las principales líneas de investigación, alguien cobró ese dinero”, expresó.

En coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, que es la dependencia que recibe el dinero, explicó, están revisando los ingresos y egresos de dinero de esa dependencia.

Hay servicios en los que no cuadran los números, pues hay pagos a un número de elementos mayor al que realmente se necesitaba, detalló.

Aseguró que para evitar más actos de corrupción, la Secretaría de Seguridad Pública está colocando mayores filtros, entre ellos más supervisores.