Río Doce.- La lucha por el control del mercado de los combustibles entró a una nueva fase: la compra de conciencias y el engaño a jueces de distritos en juicios de amparos presuntamente amañados.

Por el conflicto, Combustibles Velarde Espinoza S.A mantiene cerrada lo que sería su tercera estación de servicios, al sur oriente de la ciudad, desde hace seis meses, acumulando pérdidas.

El lío comenzó por la apertura de una tercera gasolinera que el pequeño distribuidor de combustibles pretendió construir en Centenario número 10 esquina con Santos Degollado, frente a la colonia Gabriel Leyva solano (Texas), después de cumplir con toda la regulación federal en la materia.

La primera embestida en contra de esta empresa, que generaría 54 empleos directos para vecinos colindantes, fue durante el año 2015, cuando el hoy director de la Dirección de Desarrollo Social, Carlos IV Nemesio Bloch Artola, entonces regidor y presidente de la Comisión de Gobernación y miembro de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas en el gobierno del priista Arturo Duarte García y emparentado con la familia Artola —propietarios de Pilarica Multiservicios—, movió sus influencias y trabó los permisos de construcción de la nueva gasolinera, doblegando a la comuna parar detener la edificación. La comuna cayó en excesos y terminó accediendo a los intereses que le ordenaban el cierre de la nueva estación de servicios.

Horacio Velarde Lugo respondió de inmediato y destrabó el conflicto llevando a juicio el bloqueo.

Vencidos legalmente en el juego de influencias, la embestida continuó, pero ahora utilizando a terceros.

En 2016, un grupo de supuestos colindantes recurrieron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa para actuar en contra de Combustibles Velarde Espinoza, a fin de consumar la suspensión de los trabajos de construcción de la gasolinera que no pudo lograr el regidor Artola, pero se resolvió adverso a los intereses presuntamente grupales.

Entonces, reaparece otro grupo de 10 colindantes guiados por José Ramón Bojórquez Félix y en abril del 2016 intentan el juicio de amparo 253/2016-5to en el Juzgado Quinto de Distrito, reclamando al Ayuntamiento de Ahome y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la falta de emplazamiento a juicio para oponerse a la apertura de la gasolinera por considerar que les causa daños a la salud.

En el juicio piden suspender la obra, y se les fija una garantía de 200 mil pesos para daños y perjuicios en caso de que se pierde el caso, pero no la presentan.

Bojórquez Félix se dice vecino colindante del lugar, pero en autos quedó demostrado que en realidad reside en el fraccionamiento las Mañanitas, a más de 1.5 kilómetros del lugar del conflicto. Y también quedó establecido su nexo como trabajador de Pilarica.

En julio de ese mismo año, otro grupo de colindantes representados por el mismo actor inicia el juicio de amparo 440/2016-/7º, con los mismos argumentos que los anteriores, solicitando la suspensión de la obra. Es en éste en donde depositan la garantía de 200 mil pesos. El reclamo es el mismo y contra las mismas autoridades.

En agosto del 2016, un tercer amparo con 35 nuevos colindantes es presentado en el Juzgado Séptimo de Distrito. Se le asigna el expediente 549/16/7º, por los mismos hechos.

Y finalmente, el 27 de enero del 2017, en el Juzgado Quinto de Distrito reaparece la misma nulidad de los permisos y la revocación de las licencias de construcción. Pero no se deposita fianza alguna.

Hasta ahora, los juzgados de distrito le han dado entrada a todos los amparos intentados por los vecinos colindantes, y se han desahogado de manera individual, aunque todos tienen el mismo reclamo y narran los mismos hechos, que son extemporáneos.

Una fuente cercana a los expedientes comentó a petición de anonimato, que el caso es extraño porque en hechos similares y relacionados con un mismo asunto de fondo, los jueces de distrito los acumulan por costumbre. Además, el caso ha demostrado que los aparentes quejosos no son vecinos colindantes, sino aledaños, y por lo tanto no tienen afectación directa a la salud por la gasolinera; además, el trámite intentado es extemporáneo.

“Por la regulación en la materia de estaciones de servicio, es realmente muy difícil que exista daño a la salud; lo que el asunto oculta en realidad es un interés comercial de un consorcio que quiere eliminar la competencia que beneficia al consumidor entregando litros completos a un precio justo, y no volúmenes incompletos con costos altos. Es una cuestión moral, la nuestra es entregar los que el cliente paga. No hago ningún favor, pero tampoco robo, como los consorcios”, afirmó Velarde Lugo.

El corredor de los consorcios.

Justo en el bulevar Centenario, en donde el minorista Combustibles Velarde Espinoza pretende instalarse, funcionan tres sucursales de la tercia de principales consorcios gasolineros de la ciudad. Y entre ellos no hay trabas de operación, y los vecinos colindantes no denunciaron afectación.

Frente a la colonia Gabriel Leyva Solano, al poniente, está la sucursal Leyva de Realgas, que opera 10 gasolineras en la ciudad.

Al oriente, en Centenario y Degollado, se encuentra la sucursal Degollado de Sevafusa, que administra siete estaciones de servicio, y a poco menos de medio kilómetro está la Pilarica Centenario. Pilarica Multiservicios administra 13 sucursales. Estas jamás se han enfrentado entre sí.