Río Doce/Ismael Bojórquez

El primer fiscal de Sinaloa, sea quien sea, ya está torcido de antemano. La autonomía “pretendida” se ahogó en los propios artificios que llevaba la iniciativa del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, y que el congreso, también como poder “autónomo”, no se atrevió a modificar.

De acuerdo con la reforma que crea la Fiscalía General de Sinaloa, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Sinaloa entregó al jefe del Ejecutivo los cinco nombres, de los cuales tres serían propuestos al congreso estatal. La terna le fue presentada al Legislativo el viernes pasado, y se supone que esta semana será nombrado el fiscal.

Pero nacerá acotado de antemano, porque, de acuerdo con la fracción III del artículo 76 bis de la Ley, el fiscal podrá ser removido por el gobernador. Y aunque esta eventual remoción podrá ser objetada por las dos terceras partes de los diputados presentes en una sesión, la guadaña penderá siempre sobre el titular de la fiscalía, lo cual, obviamente, acota su autonomía.

Pero las reglas están ahí. Y aunque ni la iniciativa de Quirino Ordaz ni en la reforma que se logró se plantea un rediseño a fondo de lo que hasta hoy es la procuraduría de justicia, sería muy saludable que el fiscal que llegue empiece por un diagnóstico que le permita transformar una entidad pública que, hasta ahora y casi siempre, ha sido incapaz de satisfacer mínimamente los propósitos para los cuales fue creada.

Durante los seis años anteriores la procuraduría fue incapaz de revertir los niveles de impunidad con que se cometen los delitos en Sinaloa. Pero no solo eso, sino que fue convertida en un instrumento del gobernador para proteger las corruptelas de sus funcionarios. La Policía Ministerial, que depende de la procuraduría, no fue menos corrupta ni estuvo menos involucrada con el crimen organizado, pero esto no le importó ni al gobernador ni al procurador, porque fue parte de las “estrategias” para combatir algunas bandas del narcotráfico. Mientras Jesús Antonio Aguilar Íñiguez combatía a un bando, desayunaba con el otro.

Y esta sería una de las primeras acciones del fiscal: depurar la fuerza policiaca que tendrá a su mano, porque con una policía corrupta no hay sistema de persecución del delito que sea eficaz. Y profesionalizarla, pues el nuevo sistema de justicia penal exige procesos más limpios en su integración.

La agenda del fiscal será enorme, tanto como la deuda histórica de la procuraduría de justicia con los sinaloenses. No es posible que solo el dos o tres por ciento de los casos de ejecutados sea consignado, cuando tenemos un promedio de cuatro por día. (El alto nivel de homicidios en Sinaloa tiene que ver, desde hace décadas, con que a los asesinos no se les persigue, lo cual es tarea, en la mayoría de los casos, de la procuraduría de justicia). O que un ladrón —para hablar de asuntos más caseros— que acaba de salir de prisión porque la consignación fue deficiente, ahora asalte un comercio dos veces en una semana.

Los feminicidios crecieron exponencialmente en los últimos seis años, sin que la procuraduría de justicia fuera capaz atacar el problema. Y el ominoso crimen de Sandra Luz Hernández, cuando buscaba a su hijo desaparecido, queda como una muestra aberrante de la injusticia en Sinaloa, coronada con la liberación del único detenido porque la procuraduría no integró bien la consignación.

El tema de los desaparecidos es otro y no es menor. El gobernador ha dicho que puede crearse una fiscalía especial para estos casos pero los fiscales especiales han resultado un fiasco casi siempre y terminan siendo pararrayos de los fiscales generales.

Y hay uno más que está presente y del cual los ciudadanos están exigiendo respuestas: las casi 40 demandas por corrupción durante la pasada administración que se han presentado ante la procuraduría de justicia y que, por órdenes del propio ex gobernador, Mario López Valdez, fueron encajonadas y duermen en el polvo.

Bola y cadena

SOBRE ÉSTE ÚLTIMO TEMA el fiscal y el fiscal anticorrupción que deberá nombrar a su llegada, tendrán que enviar señales claras, lo cual marcará pautas sobre el rumbo que tomará Sinaloa. O seguimos siendo un sistema basado en la corrupción, en el engaño y en la demagogia, o avanzamos hacia posiciones de mayor transparencia, de verdadera rendición de cuentas, de hacer política para servir a la gente y no a los mismos políticos, de castigo a los que se enriquecen con los recursos públicos. Lo dijo el gobernador mil veces cuando andaba en campaña: la gente está cansada de tanta corrupción. Pues ahora es cuando se sabrá si hay congruencia o todo fue jarabe de pico.

Sentido contrario

NO HAY MUCHO TIEMPO PARA QUE LOS ALCALDES que pretenden reelegirse en el 2018 puedan demostrar que han sido buenos administradores. Muchos de ellos no han terminado de acomodarse en sus sillas hasta ahora. Menos se puede hablar de resolver problemas. Y no hay forma en que lo hagan. La violencia que cercena sus ciudades será la mala nota a la hora de que los ciudadanos evalúen su gestión. Y tampoco ahí se les ve por dónde.

Humo negro

ESTE AÑO HAY DOS ELECCIONES de gobernador —en Nayarit y en el Estado de México—, pero podría decirse que en ésta última entidad se juega el futuro del país. Las fuerzas están muy parejas y, hasta donde se aprecia ahora, será una elección de tercios. Delfina Gómez Álvarez va por Morena, Josefina Vázquez Mota por el PAN y Alfredo del Mazo Maza por el PRI. Si el PRI ganara la elección, agarraría un aire vital para el 2018, habida cuenta la debacle por la que atraviesa; si la elección la gana Morena, será muy difícil que paren a Andrés Manuel López Obrador en el 2018, pues su figura sigue creciendo y también la gente de otros partidos que se le suman. Pero lo mismo ocurriría con el PAN si Josefina se alza con la victoria. Este partido gobierna ya 40 millones de mexicanos y esta sería como la cereza del pastel antes de llegar a la justa presidencial. Pero esperemos el 4 junio.