DIRECTOR DE CORENA AUTORIZA TALA EN BOSQUE DE TLALPAN DESDE “SU” PROPIA EMPRESA

Los encargados del Bosque, Lizbeth García Pérez y Abraham Velázquez Ramírez, también trabajan en la misma “consultora”

Un evidente conflicto de interés existe alrededor de la tala de árboles en el Bosque de Tlalpan, donde el propio Director de la Comisión de Recursos Naturales (CORENA), José Manuel Ávila Cetina es a la vez director general y representante legal de la firma consultora “Yelizyotl”, encargada de realizar la declaratoria del proyecto.

Esta es sólo una de las muchas irregularidades encontradas y dadas a conocer por la Fundación para la Protección del Bosque de Tlalpan (FBT), cuyo presidente, Rafael Sánchez Navarro, advierte de la necesidad de “seguir el procedimiento del Programa de Manejo del Área Natural Protegida Bosque de Tlalpan antes de iniciar una tala, lo que no ocurrió en este caso, como en otros por los que ha sido señalada la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller García”.

Es decir, que aprovechando que no se ha nombrado un Consejo Asesor como lo indica el Programa de Manejo del Área Natural Protegida Bosque de Tlalpan, donde existe representación de la sociedad civil, Corredores del Bosque de Tlalpan y vecinos de la zona, la Dirección de Regulación Ambiental, a cargo de Rubén Lazos Valencia solicitó a José Manuel Ávila Cetina, Director de la Comisión de Recursos Naturales (CORENA), un probatorio de que se había realizado un estudio válido para determinar los procedimientos que definirían la suerte de los árboles.

Y la respuesta fue una carta de la firma consultora “Yelizyotl (Estudios de Impacto Ambiental y Proyectos de Desarrollo Sustentable)”, fechada el 6 de agosto de 2016, con la firma como Director General y representante legal es la del mismísimo director de CORENA, José Manuel Ávila Cetina.

El perfecto conflicto de interés queda configurado al ser Ávila Cetina el orquestador de la tala, director general y representante legal de “Yelizyotl”, además de protector de Lizbeth García Pérez y Abraham Velázquez Ramírez, quienes se ostentan a sí mismos como “encargados del Bosque” y son a la vez miembros de la mencionada consultora “Yelizyotl”, como claramente se señala en la tarjeta de presentación de la firma.

Además, aunque la unidad de transparencia haya expresado que la SEDEMA, a través de CORENA, ha explicado a los miembros de la Fundación que fue la Universidad de Chapingo quien realizó el estudio diagnóstico, numerado 410/2015 y firmado por la Lic. Lorena Romero Lara, con una vigencia del 15 de enero al 30 de septiembre del 2016, el documento mencionado no está disponible para contrastarlo con las decisiones de CORENA y la SEDEMA de talar, en vez de remediar.

Por la magnitud del bien público protegido, el “Inventario-Diagnóstico y Saneamiento Integral del Arbolado del Área Natural Protegida Bosque de Tlalpan, México” debe ser sujeto de transparencia, sin embargo, la SEDEMA y la CORENA lo esconden a los interesados en la protección del bosque, a quienes sólo les han mostrado algunos documentos.

De tal manera que, afirma el presidente de la Fundación para la Protección del Bosque de Tlalpan, Rafael Sánchez Navarro, que ni la CORENA ni SEDEMA justifican su acción de haber derribado los 300 árboles en el Bosque de Tlalpan, Área Natural Protegida, ni lo transparentan con documentos oficiales que respalden tal acción. El ir y venir de papeleo burocrático y torpe, exhibe las componendas y conflictos de interés en la tala ocurrida en el acceso del Bosque de Tlalpan.

Los miembros de la Fundación protectora del bosque, explicaron que desde el 25 de noviembre de 2016 solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente la justificación técnica de las acciones que se están realizando para los trabajos de retiro de arbolado, pero les respondieron que existe un estudio de Protección Civil y Fitosanitario, el cual tampoco dicen no pueden dar copia “en razón de contener datos personales” y solo bajo un proceso tortuoso, se puede levantar la información que se mantiene bajo siete llaves y se le quita a la ciudadanía el derecho que por le ley le asiste de conocerlo.

Cabe mencionar también, la CORENA respondió que los 8 millones de pesos transferidos por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a la SEDEMA para la mencionada investigación, fueron pagados a la Universidad de Chapingo, dato tampoco acreditado debidamente.