La Que voltem para a casa! ha organizado una marcha que recorrerá las prisiones en Madrid, Toledo y León a las que han sido dispersados los presos independentistas galegos.

Diagonal.– Esta es la undécima marcha convocada por Que voltem para a casa! / QUE VOLTEM PARA A CASA!
De Santiago de Compostela y Vigo hasta Valladolid, León, Madrid y Toledo en una marcha de más de 1.500 kilómetros. La asociación Que voltem para a casa!, formada por familiares y amigos de presos y presas independentistas gallegos, saldrán en marcha los próximos días 3 y 4 de febrero para denunciar la política de dispersión penitenciaria.

“Uno de nuestros objetivos es acabar con la dispersión penitenciaria, una medida que se aplica sistemáticamente a los presos y presas gallegas independentistas”, explica Cristina Rodríguez Ramos, miembro de la asociación que organiza esta marcha desde hace once años. Desde Que voltem para a casa! han lanzado una campaña de micromecenazgo en Verkami con el objetivo de conseguir 3.500 euros con los que financiar los gastos derivados de la marcha.

El día 3 de febrero, una columna partirá en autobús desde Santiago de Compostela hasta Lugo. De allí continuará hasta la prisión de Villanubla, en Valladolid, y después a Mansillas de las Mulas. Ahí se encontrará con otra columna que partirá desde Vigo el día 4 y que pasará también por las prisiones de Estremera (Madrid) y Ocaña). Más de 1.500 kilómetros de marcha que suponen una pequeña muestra de las largas distancias que familiares y amigos de presos se ven obligados a realizar cada fin de semana para poder ver a sus seres queridos. La asociación Que voltem para a casa! cifra en 272.892 los kilómetros recorridos durante 2016 para poder visitar a los cinco presos independentistas galegos y en cerca de 36.000 euros el gasto que supuso abarcar este recorrido

“Queremos llevarles nuestro apoyo, que vean que estamos ahí y seguimos peleando porque se cumplan sus derechos, pero también denunciar esta situación. Vamos a recorrer muchísimos kilómetros en un día, y es la distancia que tienen que recorrer cada fin de semana la familia y amigos de estas presas y presos”, continúa Cristina, quien también denuncia las violaciones de derechos sufridas durante todo el proceso seguido contra estas personas, “desde que los detienen, con detenciones incomunicadas, secreto de sumario –que limita su derecho de defensa efectiva– y el papel de la Audiencia Nacional como tribunal de excepción, hasta la dispersión y el régimen de vida al que son sometidos, en primer grado y FIES”.

En 2013, la Audiencia Nacional dictó la primera sentencia que contemplaba la existencia de un grupo armado independentista operativo en Galicia, a pesar de que nunca se ha dado un atentado o ataque que pusiera en peligro a personas. Desde entonces se cuentan al menos seis personas condenadas con penas de entre seis y 18 años de cárcel, y nueve personas más imputadas en el marco de la operación Jaro. La asociación Que voltem para a casa! denunció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la vulneración de derechos de los presos independentistas galegos durante su juicio en la Audiencia Nacional y reclamó la revisión de la condena, pero esta petición fue desestimada.