La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada este martes por presunta asociación ilícita luego que un juez consideró que manipuló licitaciones de obras públicas para favorecer a un empresario amigo y cobrar a cambio millonarios sobornos.

El juez Julián Ercolini dio a conocer este martes un procesamiento que complica todavía más la situación judicial de la ex mandataria (2007-2015), a quien, además, le dictó un embargo por 10 mil millones de pesos (unos 625 millones de dólares).

Ercolini también procesó al exministro de Planificación, Julio de Vido, encargado de las obras públicas durante los 12 años de mandatos de Fernández de Kirchner y su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2015).

La lista de acusados se complementa con Lázaro Báez, el empresario presuntamente favorecido y José López, exsecretario de Obras Públicas, ambos actualmente presos, y Carlos Santiago Kirchner, primo del exmandatario.

Las investigaciones sobre denuncias de corrupción durante la gestión de Fernández de Kirchner se reactivaron con fuerza tras la llegada del gobierno del presidente Mauricio Macri, algo que la ex mandataria considera una “persecución judicial” que podría dejarla tras las rejas.

De acuerdo con el juez, el matrimonio Kirchner convirtió a su amigo Báez en un próspero constructor y beneficiario de la obra pública, lo que le permitió crear un emporio empresarial en la patagónica provincia de Santa Cruz y expandirlo al resto del país.

Según el fallo de Ercolini, así se diseñó “un esquema de beneficios exclusivos a favor de la empresa Austral, del empresario Lázaro Báez, en detrimento de las arcas del Estado”.

Agregó que los expresidentes enriquecieron “a una persona de su confianza”, o sea Báez, a través de la canalización de fondos públicos otorgados de forma discrecional y sin cumplir con las normas legales.

De esta manera Santa Cruz, la provincia que Néstor Kirchner había gobernado de 1991 a 2003, se convirtió, ya con él en la Presidencia, en la más favorecida con recursos para obra pública, 11.2 del presupuesto nacional.

La sospecha de los fiscales y plasmada por el juez es que en realidad Báez les pagaba a los Kirchner “retornos” de los millones que recibía por las obras públicas que le adjudicaban de manera irregular.

Para sustentar la acusación, los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques denunciaron que entre 2003 y 2015, es decir durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, Baéz obtuvo la licitación de 49 millonarias obras públicas, pero solo terminó dos.

El caso es emblemático porque con su procesamiento el juez impulsará a su vez otras causas judiciales en las que se investigan los presuntos delitos cometidos por los Kirchner junto con Báez.

Cuando declaró ante Ercolini, la expresidenta calificó como “un disparate” que la quieran acusar a ella y a Kirchner de haber encabezado una “asociación ilícita” para desviar los recursos de las obras públicas.

“Lo que digo es, medio en broma medio en serio, que si a nosotros nos quieren acusar de ser una asociación ilícita de un gobierno, este (el de Macri) sería una asociación ilícita terrorista: la gente tiene terror cuando llega la factura de luz, de gas, cuando van al supermercado”, dijo.

Desde que comenzó a recibir los millonarios contratos por parte del Estado, Báez aumentó su fortuna en 12 mil 127 por ciento, aunque actualmente la mayoría de sus cuentas y propiedades está embargada por la justicia, al igual que en el caso de Fernández de Kirchner.

Este es el segundo y más grave procesamiento en contra de la expresidenta, quien está a punto de enfrentar su primero juicio en una causa en la que se le acusa del delito de “administración infiel con perjuicio al Estado” a raíz de una operación financiera del Banco Central durante el último año de su mandato.