Con los votos de la gran coalición formada por populares, socialistas y liberales, los partidarios del llamado cuarto paquete ferroviario, se impusieron finalmente a sus detractores esta semana en el Parlamento Europeo.

Si bien, sobre el papel la directiva y reglamentos aprobados mantienen el carácter de servicio público para algunos servicios ferroviarios deficitarios pero considerados de interés social, así como menciones a la necesaria protección laboral de los trabajadores de las empresas públicas que puedan pasar a operadores privados en el futuro, los sindicatos del transporte y los grupos de izquierdas y verdes desconfían de lo aprobado.

Estos grupos han denunciado que la lógica del cuarto paquete ferroviario conduce a la privatización total y a que en el futuro el ferrocarril europeo se gestione atendiendo exclusivamente a los intereses de las empresas privadas, a pesar de que la inciativa ha sido vendida desde sus inicios en la creación de un espacio ferroviario europeo único.

El Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, del que forman parte Podemos e IU, así como Los Verdes y el Movimiento Cinco Estrellas italiano, pidieron a través de enmiendas, rechazadas por la Gran Coalición, la retirada total del paquete.

Oleada de privatizaciones

La eurodiputada de Podemos Tania González, integrante de la Comisión de Transporte del Parlamento, ha criticado que lo que se avecina con esta aprobación es una “oleada de privatizaciones ferroviarias”, y ha defendido que solamente un tren público de calidad puede atender las necesidades sociales de la población, precios asequibles, condiciones dignas para los empleados y un servicio que atienda a las zonas rurales.

González denuncia además que el Estado ha invertido miles de millones de dineros público en una infraestructura ferroviaria y unos trenes que luego alquilará a operadores privados a bajo coste, ya que la apertura al sector privado de los mercados nacionales del transporte de pasajeros es el principal objetivo del cuarto paquete ferroviario.

Es el caso de los 2.642 millones en los que está valorado el llamado ‘contrato del siglo’ que la empresa Talgo se adjudicó el pasado 30 de noviembre para la fabricación de una treintena de trenes de alta velocidad –15 pedidos en firme y otros 15 sujetos a las necesidades– y su mantenimiento durante cuatro décadas. Estos trenes podrían ser puestos a disposición de operadores privados ya posicionados en el mercado de transporte ferroviario de pasajeros tales como Ferrovial, Acciona, Alsa Ferrocarriles (mediante su filial inglesa National Express), ACS o Continental Rail.

Leer más: Último tren con destino al pueblo

Desde el sindicato CGT se ha denunciado que “no puede dejarse un sector estratégico que tiene capacidad de fomentar el progreso y mejorar la cohesión social de la ciudadanía en manos de los intereses privados, que no tienen otro objetivo que ganar dinero por encima de cualquier interés social”.

Sentencia de muerte

También Ecologistas en Acción en un comunicado ha expresado que “las consecuencias de la privatización incrementada de los servicios ferroviarios no serán otras que el encarecimiento y deterioro del servicio, el abandono de líneas, el aumento de los accidentes y la pérdida de derechos laborales entre trabajadoras y trabajadores, tal y como está demostrado que ocurrió en Inglaterra o Argentina cuando se privatizó el servicio”.

Los ecologistas, que hablan de “sentencia de muerte para el tren com medio de transporte”, apuntan que la medida “redundará en una peor red ferroviaria, con cada vez menos usuarios, que beneficiará a la aviación y a la carretera, así como a sus intereses vinculados, como compañías aéreas, fabricantes de coches, petroleras o grandes constructoras”.

Asimismo, han apuntado la importancia de apostar por el tren como medio de transporte más sostenible y con menor impacto sobre el territorio y el clima.