MEXICALI, Baja California.- En el marco de los Diálogos para crear la Comisión Internacional de Justicia y Verdad en México, convocado en Mexicali por el Frente Refundación y un grupo de organizaciones de derechos humanos locales, dos agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República intentaron llevarse a la delegación a la periodista Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press, “para hacerle unas preguntas por sus versiones publicadas sobre el Caso Wallace”.

La periodista ha publicado una serie de reportajes desde mayo de 2014 que evidencian rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, como documentos oficiales tramitados en 2010, conversaciones telefónicas grabadas después del 11 de julio de 2005 (fecha de supuesto secuestro) y siete testimonios de personas que declararon haberlo visto en años recientes, entre otras informaciones que revelan inconsistencias en la versión dada por Isabel Miranda Torres a las autoridades judiciales.

Durante el evento en el Instituto de Investigaciones Culturales de Universidad Autónoma de Baja California, Sergio Saldaña Zorrilla, coordinador del Frente Refundación, hizo una presentación sobre la situación de México en materia de derechos humanos y mencionó los casos de impunidad más emblemáticos, entre estos, el Caso Wallace. El testimonio de este caso estuvo a cargo de Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, torturada y encarcelada junto con seis personas más por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, el cual no ha podido acreditar pericial ni científicamente la PGR.

Los agentes, quienes se identificaron con gafete y declararon ser agentes ministeriales de la procuraduría, mostraron una “citación” dirigida a la periodista con el nombre de Guadalupe Lizárraga Montoya, mismo que no corresponde su segundo apellido, por lo que la periodista rechazó el documento y exigió que además se le entregara en su domicilio en California, y no en un evento académico en México, donde se encontraba de visita participando como organizadora.

Los agentes señalaron que venían de la Ciudad de México expresamente a entrevistarla por sus versiones publicadas sobre el Caso Wallace, “distintas a las versiones de la autoridad judicial”, por lo que la periodista respondió que “a quien tenían que entrevistar era Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace quien fue denunciada formalmente ante la PGR por los familiares de las víctimas de fabricación de delitos y tortura para simular el caso Wallace”.

Ante la insistencia de los agentes, Guadalupe Lizárraga echó en cara la falta de capacidad profesional y ética de la PGR, y dijo a los agentes que ellos “estaba trabajando para una criminal de derechos humanos, mientras que había siete personas que fueron encarceladas y torturadas para sostener un crimen que nunca sucedió”.

Unos once dirigentes de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos locales presenciaron los hechos ocurridos en el auditorio del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California, entre éstos Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, quien destacó que la irrupción de los agentes ministeriales en el recinto universitario era una violación a la autonomía de la universidad por parte de la autoridad judicial, además de ser “incriminatorio” para Lizárraga por su trabajo periodístico.

Por su parte, Miguel Ángel García Leyva, asesor legal de la Asociación Esperanza contra la desaparición forzada y la impunidad, enfatizó en la gravedad de los hechos, al tratarse de un hostigamiento directo a la libertad de prensa, por lo que se requería una acción urgente para frenar esta violación a los derechos fundamentales de Lizárraga como persona y como profesional del periodismo.

Ambos testigos, Ramírez Baena y García Leyva ofrecieron a la periodista ser sus representantes en México ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poner la queja y llevar las acciones correspondientes de denuncia.

Raúl Ramírez Baena, Miguel Mora, Sergio Saldaña Zorrilla, Enriqueta Cruz y Miguel Ángel García Leyva en Diálogos para crear la Comisión de Justicia y Verdad en México. Foto: Los Ángeles Press