Las ONG Amigos de la Tierra y Alianza por la Solidaridad han entregado esta mañana al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina Girón, 23.000 firmas “para exigir la retirada definitiva de la empresa Ecoener-Hidralia del país”. Acusan a la hidroeléctrica española de atentar contra los derechos de las comunidades indígenas y locales.

La acción simbólica buscaba llevar a los representantes del gobierno guatemalteco “la voz de las comunidades de Guatemala y de todas las personas que han apoyado la campaña en defensa de las comunidades afectadas y contra la actuación de la empresa”.

La compañía, que llegó al país centroamericano en 2007, es la promotora de un proyecto hidroeléctrico en el río Canbalam, sito en el territorio indígena de Santa Cruz de Barillas.

Los colectivos opositores acusan a la dirección de la empresa de vulnerar los derechos de las comunidades residentes: “No solo se violó el derecho a una consulta previa sobre la obra, libre e informada, sino que Ecoener-Hidralia fomentó la represión contra los líderes de las comunidades que se opusieron a ella”, apuntan, lo que ha desencadenado encarcelamientos arbitrarios y varios asesinatos de estos líderes, según afirman las dos ONG en un comunidado.

El pasado 10 de diciembre, con motivo del Día de los Derechos Humanos (DDHH), Antonio Rogelio Velásquez y Saúl Aurelio Méndez, recibían el premio Orden Monseñor Juan José Gerardi Gondera a los DDHH 2015. Ambos son “son presos políticos por su oposición a la construcción de una central hidroeléctrica”, apuntaban entonces desde Alianza por la Solidaridad. En total, son nueve las personas en prisión por estos motivos, tal como denuncian las ONG y la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango.

Rechazo popular

Las comunidades residentes en la zona donde está proyectada la central hidroeléctrica organizaron una consulta popular sobre la iniciativa, que se saldó con una negativa de más del 90%. Es una de las numerosas acciones que organizaciones guatemaltecas y españolas han realizado contra la construcción del complejo.

Además, el caso sobre la agresión a los DDHH en la zona se presentó la semana pasada ante la ONU “con el fin de demostrar la necesidad de un tratado vinculante internacional que acabe con la impunidad de empresas multinacionales ante las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometen con sus operaciones en el extranjero”, remarcan desde los colectivos.

Almudena Moreno, coordinadora de desarrollo sostenible de Alianza por la Solidaridad y responsable de la campaña TieRRRa, ha apuntado esta mañana que la acción era “el broche final de un año de movilizaciones a favor de las comunidades de Barillas, donde hemos dado a conocer uno de los casos más graves de violación de los derechos humanos”.

En su opinión, “Ecoener-Hidralia debe retirarse del país de una vez por todas, cancelar cualquier expectativa de proyecto en esta región donde viven comunidades locales vinculadas al río, para evitar así que el conflicto social y ambiental empeore”.

Por su parte, Alejandro González, coordinador de Amigos de la Tierra apuntaba hoy: “Se han documentado los atropellos ocurridos en la región, que se han denunciado en diversas acciones tanto en Guatemala como en España. Ahora que Naciones Unidas ha resuelto establecer un mecanismo vinculante sobre Derechos Humanos y empresas, esperamos que dejen de existir casos como el de Barillas y la empresa española Hidralia en territorio foráneo”.

El de Barillas no es el único proyecto polémico de una hidroeléctrica española en el país. La empresa Cobra-ACS ha puesto en marcha la construcción de un enorme complejo hidroeléctrico en Guatemala, sin que se le haya preguntado a los más de 29.000 indígenas a los que afectan las obras.