Diagonal.- Los conservadores, socialdemócratas y liberales europeos han ganado la penúltima batalla en la guerra por el tratado de inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés). El pasado 30 de octubre representantes de la Unión Europea y de Canadá firmaban, en una cumbre celebrada con algunos días de retraso debido al bloqueo de Valonia (una de las tres regiones belgas), el acuerdo económico y comercial global entre las dos entidades. Los acontecimientos daban un giro de 180 grados tan sólo una semana después del anuncio por parte de la ministra canadiense de Comercio, Chrystia Freeland, del fracaso de las negociaciones con la UE debido a la negativa del Parlamento valón.

Bélgica cedía así ante el ultimátum lanzado por la Comisión y el Consejo Europeo, que avisaban de “recortes en subvenciones u otras consecuencias políticas y económicas”, apuntaba el activista Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, a Diagonal.

Al tratado de libre comercio le queda un largo camino por recorrer antes de su aprobación final
La Cámara Federal valona, que ha estado trabajando durante 18 meses sobre el texto, había dado un ‘no’ al tratado. Hasta cinco veces se reafirmó en él al considerar que los derechos con que contarán los inversores con el CETA constituyen “un atentado contra los derechos laborales, sociales y ambientales”.

El Parlamento se refería a los tribunales de resolución de diferencias entre Estados e inversores, el mecanismo conocido como ISDS, más tarde ICS, que para organizaciones como Amigos de la Tierra “otorga derechos a las empresas por encima de gobiernos”. Este apartado permite a una empresa denunciar a Gobiernos regionales y locales que legislen contra lo que ellos entiendan que son sus legítimos intereses.

Finalmente, los parlamentos de Valonia y la región francófona Valonia-Capital Bruselas levantaban el veto inicial tras un acuerdo suscrito entre el gobierno federal belga y los cuatro gobiernos regionales que, sin embargo, no producía ningún retoque en el tratado, lo que hacía posible la firma del acuerdo. Culminaba así toda una operación de chantaje por parte de la gobernanza europea, que incluyó la comparecencia del ministro-presidente valón, Paul Magnette, hasta cinco veces en la Comisión Europea.

Sin aprobación definitiva

Las élites europeas no las tienen todas consigo y al tratado le queda un largo camino por recorrer antes de su aprobación final. De hecho, la firma implica que se aplicará de manera provisional una parte importante del mismo –la referida a la competencia exclusiva de la UE–, pero no su totalidad.

Asimismo, necesita de la aprobación del Parlamento Europeo, votación que tendrá lugar, previsiblemente, en diciembre, para más tarde pasar por la ratificación de los 38 parlamentos nacionales y regionales de la Unión. Hasta entonces no podrá aplicarse plenamente.

El reparto en el Parlamento Europeo, con mayoría de conservadores, socialdemócratas y liberales, no plantea mayor problema para los sectores pro-CETA. No ocurre lo mismo en el caso de algunas de las 38 cámaras de representantes. Valonia es uno de los puntos clave: supedita su aprobación a la desaparición del tribunal de arbitraje. No es el único: países como Austria o Rumanía, además de la cámara de la región de Bruselas, podrían suponer un obstáculo.

Oposición alemana

El caso alemán también puede ser un escollo para los planes del poder europeo. Tal como explica Kucharz, la ratificación deberá pasar por el Bundestag y el Senado, lo que “es poco probable”, ya que “por el momento los Verdes han dicho que se oponen y participan en muchos gobiernos en coalición de Estados federados, pero habrá que ver si son capaces de imponerse a sus aliados de las coaliciones del SPD”.

La presión social también estará presente. Las últimas acciones del sinfín de protestas contra el CETA y el TTIP, su equivalente entre la UE y Estados Unidos, tuvieron lugar el mismo día de la firma, cuando activistas trataron de bloquear la entrada del Consejo Europeo. Dos semanas antes, miles de personas salieron a la calle en las manifestaciones organizadas en una nueva semana de lucha contra ambos tratados.