Noche del jueves 25 de agosto. Gabriela Díaz, del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), y Karen Mejía, de la organización Médicos Sin Fronteras, salen de una reunión con el relator especial sobre situación de defensores de derechos humanos de la ONU, Michel Forst, en Tegucigalpa. Es tarde y deciden tomar un taxi para dirigirse a casa. A mitad de camino, el conductor aparca y se baja del taxi hasta que lo pierden de vista. Poco después aparece una patrulla de cuatro policías, que se acerca a ellas y comienza a interrogarlas. “El taxi es robado, ¿dónde está el conductor?”, les preguntan en un principio. Al no obtener respuesta, empiezan a revisarles el bolso y a cachearlas, obligándolas finalmente a subir al coche policial.

La detención se llevó a cabo a pesar que se identificaran reiteradamente como defensoras, a lo que los policías respondieron con insultos y amenazas. “Llegaron a ponerme una pistola en la cabeza para que subiera al coche”, cuenta Díaz. Sin explicaciones y sin derecho a ser acompañadas por su abogado, las trasladaron a la estación de la Policía metropolitana, donde fueron liberadas tres horas después al no haber pruebas para inculparlas.

Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad, el taxista declara que las pasajeras le hicieron “preguntas extrañas” y no se ponían de acuerdo sobre la ruta que querían tomar, por lo que se sintió amenazado e interpuso una denuncia de secuestro. “No creemos la versión del taxista, en muchos de los casos de persecución a defensoras se ha intentado armar un relato alternativo para jugar al despiste”, explica Karla Lara, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

La Red denuncia que Díaz y Mejía fueron detenidas ilegalmente, expuestas de forma irresponsable a los medios de comunicación y que sus derechos, como el de la presunción de inocencia, fueron vulnerados. La Policía Nacional se ha excusado por lo ocurrido justificando que “lo único que se hizo es atender la solicitud de un ciudadano”.

Tras el suceso, el relator de la ONU Forst ha exigido al Estado hondureño adoptar inmediatamente medidas efectivas para proteger a estas personas con el fin de que puedan desempeñar su labor libremente, sin miedo ni amenazas. De hecho, desde 2010 han sido asesinados más de cien activistas, ocho durante el año 2016.

Además, Olban Milla, locutor de la radio comunitaria del COPINH, fue arbitrariamente detenido por la policía en la madrugada del jueves frente al COPINH y liberado horas después sin cargos. Milla iba a reunirse con otros miembros del consejo para viajar a Tegucigalpa, a una movilización para exigir castigo a los funcionarios que autorizaron el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, por el que asesinaron a Berta Cáceres.

Lo ocurrido pone de manifiesto una vez más la vulnerabilidad que viven los defensores en Honduras. El hostigamiento es habitual y en el peor de los casos termina en asesinatos como el de la líder indígena Berta Cáceres. “Su muerte mandó un mensaje claro a las defensoras y la persecución que vivimos es un aviso para amedrentarnos. Los y las líderes públicas están en peligro”, alerta Lara, y añade que los miembros de organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) son los más vulnerables por defender derechos territoriales en contra de los intereses privados.

En un contexto de violencia y militarización tras el golpe de Estado de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe indica que el riesgo que los defensores enfrentan es grave hasta el punto de ser uno de los países más peligrosos para los activistas, donde el 90% de los delitos quedan impunes.

Impunidad y proyecto de ley ‘Berta Cáceres’

Congresistas estadounidenses presentaron en junio el proyecto de ley “Berta Cáceres para los Derechos Humanos”. El objetivo es que EE UU cese la ayuda militar a Honduras –18 millones de dólares en 2016– hasta que el Estado investigue denuncias e implemente las correspondientes penas a militares y policías involucrados en asesinatos.

Son ocho los homicidios durante 2016, entre los cuales se encuentra el de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido hace seis meses; el de Nelson García, pocos días después, y el más reciente, el caso de Lesbia Yaneth Urquía, personas identificadas con las luchas de los pueblos indígenas y en contra del modelo extractivista.

Amnistía Internacional ratifica que la mayoría de los casos de agresiones denunciadas por personas defensoras, incluyendo los homicidios que deben ser investigados de oficio, se quedan estancados en las investigaciones preliminares.