El modelo era demasiado frágil para funcionar. Ya se había derrumbado en 2004, se le cayó a pedazos a Juan Millán, y aun así Mario López Valdez lo replicó. Nada importaba que México había cambiado en unos cuantos años —en 2011 estaba una guerra abierta del gobierno federal contra el narco—, menos se tomó en cuenta la carga de desprestigio que arrastraban los jefes policiacos que impuso Malova.

La historia se le repite inexorablemente al gobernador, como una condena por fingir no conocerla: al final del sexenio, Malova —como Millán en 2004— sobrevive con un gobierno rendido. En las últimas dos semanas, después de la emboscada al convoy militar en la que asesinaron a cinco soldados, el gobierno estatal entero está acalambrado en la esquina del ring. No por elección, sino por imposición. Ahora es auscultado por el gobierno federal, y con una intensidad más grave de lo que ellos mismos admiten.

Ya solo queda esperar que todo acabe: Gerardo Vargas ha tenido que desmentir que Jesús Antonio Aguilar Íñiguez era removido; el Procurador Marco Antonio Higuera mejor se oculta —solo sus escoltas acudieron a que lo militares revisaran sus armas—, y el gobernador se fue a Los Mochis —como en cada una de las crisis.

Dos semanas después de la emboscada es claro que no bastó la apurada explicación de Malova de que la Policía Ministerial fue la primera corporación en llegar y brindar auxilio. Todo ese periplo inútil, que se queda en la superficie, fue solo un distractor de lo importante. Que si no hubieran llegado a tiempo, los militares heridos se desangrarían. Menos sirvió la carnada de culpar a la Policía Municipal de Culiacán de llegar primero y ser solo espectadora.

Los sucesos van en cascada: en la semana siguiente a la emboscada, la PGR ya revisó las armas de la Ministerial, interrogó a los agentes “primeros” en llegar al sitio, les aseguró sus celulares y auscultó el sistema de llamadas en las que presumiblemente quedó registrado el segundo a segundo de aquella madrugada del 30 de septiembre.

El gobierno estatal no se encuentra en una crisis de seguridad, en realidad nunca integró una política duradera, consistente y a largo plazo. López Valdez no ha sido el único gobernador de Sinaloa incapaz de conformar un verdadero sistema de seguridad y como otros buscó un camino corto: el malo por conocido. No importaba que ese camino implicara tener que evadir las evaluaciones de control y confianza. O peor todavía, otorgarle un poder plenipotenciario a una sola persona, colocando policías cercanos en cada municipio y plaza. El poder policiaco en la misma lógica de la delincuencia.

Aunque la decisión del gobernador no debe quedarse solo en el personaje, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez. Al final, como en 2004, terminará por ser el eslabón más débil, por donde se corta la cadena. Chuytoño estuvo a salto de mata y se defendió en tribunales, mientras Millán Lizárraga disfrutaba el poderoso papel de exgobernador que mantuvo por 12 años —y lo que siga contando.

Margen de error

(Madeja) ¿Hasta dónde llevará la PGR la investigación esta vez? Muy seguramente solo en la superficie, como pasó hace 12 años. Es difícil que el gobierno federal quiera enfrascarse a estas alturas en un asunto a profundidad en Sinaloa. Aquí se ve más la presión del Ejército que el interés de la SEIDO por encontrar el hilo de la madeja.

Las conversaciones de jefes de la policía de Chuytoño ya han sido filtradas a redes sociales en otras ocasiones, y tanto Gerardo Amarillas como Jesús Carrasco gozan de cabal salud. Eso no incomoda al gobierno estatal, incluso, podría tranquilizarlo en la conclusión de que no hay pruebas judiciales contundentes para involucrar a policías en activo con la organización criminal Sinaloa.

Los hijos de Guzmán Loera están deslindándose de la emboscada en una carta abierta y buscan los medios a su alcance para mantener esa versión. Como sea, la autoridad tendrá que conformar una versión de lo ocurrido y seguir alguna línea de investigación. O de plano apostarle a que será cuestión de semanas que un nuevo escándalo narco-mediático atraiga la atención.