Por acción u omisión Malova puede ir a la cárcel por el caso de los militares muertos, señala abogado de militares

Río Doce.- El gobernador de Sinaloa Mario López Valdez, como titular del Poder Ejecutivo Estatal y responsable directo de los aparatos de seguridad del Estado, es el primer sospechoso, junto con las autoridades federales y locales que estaban reunidas en el centro de mando C4, de la muerte de los cinco militares el pasado 30 de septiembre en Culiacán, sentencia Javier Marban Corral, abogado de la Fundación Jesús Gutiérrez Rebollo.

Los cabos sueltos que circulan en medios y redes sociales en torno a las crecientes sospechas que involucran a las autoridades estatales con el crimen organizado, complican la etapa final del gobierno de Malova.

A esa supuesta red de halcones que operan en Sinaloa y que trabajan para el Cártel de Sinaloa y las autoridades policiacas; la intervención de las frecuencias de radio de los militares desde que salieron de Badiraguato; las cámaras de vigilancia que debieron advertir a los militares sobre la presencia de hombres en vehículos blindados y armas de alto poder, y la súbita desaparición de la policía antes, durante y después de la tragedia, se suma la acusación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al Gobierno de Malova, de que “dejó morir solos a los militares”.

En medio de estas sospechas, el abogado de la Fundación Jesús Gutiérrez Rebollo, organización que defiende a militares que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos,  dice que “es evidente que no hubo una respuesta inmediata y se sigue pensando que la autoridad estatal y las fuerzas de seguridad son responsables por lo menos por omisión, porque dejaron morir solos a los militares fallecidos en la emboscada el pasado 30 de septiembre”.

—¿Y que suponen que hubo aquí: miedo, omisión o complicidad?

—No podemos especular, lo que queda muy claro es que hubo omisión. La autoridad no estaba en el momento que se le requería, a pesar de la gravedad de los hechos.

—¿Y eso es lo que tiene que investigarse, supongo, el por qué no estuvieron ahí cuando se les pidió apoyo?

—Esa es la esencia de la queja que ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso la Fundación Jesús Gutiérrez Rebollo, para que se investigue le omisión desde el policía de más bajo rango hasta al Gobernador, que es el principal responsable de la tragedia, como encargado de la seguridad pública del estado. Los protocolos de seguridad, acción  y de funcionamiento desde los C-4  están perfectamente definidos e incluyen la participación y coordinación de las autoridades de los tres niveles y la capacidad de respuesta que tienen.

A Marban Corral le sigue pareciendo absurdo que no se haya detectado al gran número de vehículos con personas armadas circulando durante esa madrugada y que nadie, ni las cámaras ni otros dispositivos de seguridad establecidos en el C4, se haya dado cuenta. Es poco creíble que eso haya sucedido y supone una omisión en el ejercicio de sus funciones porque de haber tenido voluntad para evitar la tragedia, hubieran enviado muchos más vehículos para aplicar la fuerza necesaria del Estado, pero no fue así.

Además, señala que el Gobierno de Sinaloa dice en su portal de Internet que desde la implementación del C4 tienen una capacidad de respuesta inmediata cuando se requiere la intervención policial.

En el caso de la emboscada a los militares, la demora en la capacidad de respuesta fue con una exageración injustificada porque ni siquiera acudieron a apagar el fuego de los vehículos militares incendiados.

El abogado denota su indignación creciente conforme transcurre la conversación: “De la manera más sensata, lo que podemos interpretar es que hubo claras omisiones a la función pública que tienen asignada todos y cada uno de los que pertenecen a las instituciones de seguridad pública, sean locales, estatales o federales en Sinaloa.

—¿Y esto puede castigarse con cárcel?

—El Gobernador López Valdez, por su fuero no puede ir a la cárcel en tanto continúe su mandato, pero si en la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH por separado, se le encuentra por acción u omisión, responsable de conductas delictivas que permitieron  la muerte de los militares, es muy probable que pueda ser recluido.

El abogado señaló que “por lo pronto la CNDH requerirá a todas las autoridades señaladas y que puedan aportar a la investigación para esclarecer  lo que sucedió y a quienes deberán dirigirse las recomendaciones. Es evidente que hubo omisiones muy lamentables y eso es lo que debe investigarse”.

Si los criminales tienen todo un dispositivo de información para operar, son las autoridades responsables de seguridad quienes están obligadas a detectarlo y combatirlo, dijo.

El jurista criticó la actuación de Mario López Valdez, de quien dijo “está demasiado interesado en deslindarse del asunto y dar explicaciones. Y dice la voz popular que “explicación no pedida, confesión dada”.

“Él —refiriéndose a Malova— ha sido demasiado acucioso en pretender justificar lo que a consideración de la sociedad  resulta injustificable”, añadió.

—¿Y cómo puede interpretarse esto?

—Bueno, no olvidemos que el gobernador está por terminar su función y supongo no querrá que su gobierno sea  recordado por tan lamentable hecho. Por eso él está proporcionando información que antes de darla a conocer a los medios, deberá darla a la PGR que es la que conducirá la información y determinará las responsabilidades.

Sentenció que “eso de estar haciendo público los elementos de demasiada valía para la investigación penal debe tener una responsabilidad, porque el gobernador está permitiendo que quienes hayan tenido alguna omisión o acción en contra de su función, estén informados con el riesgo de que después no se tengan ya responsables porque todos habrían escapado a la justicia”.

Indudablemente que en este hecho hay la sospecha de muchos pero él en calidad de titular el ejecutivo y responsable de la seguridad del Estado, junto con autoridades federales reunidas en el C4, son los principales sospechosos en esta investigación, asegura el abogado.

Por tanto, dice, él como gobernador del Estado debe ser el más exigente en que esta investigación sea pulcra y se determinen responsabilidades a quien no haya cumplido con su función.