Por Guadalupe Lizárraga/Los Ángeles Press

CHICONAUTLA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México negó la autorización a periodista estadounidense para entrevistar al preso político José Humbertus Pérez Espinoza, académico que destacó en su activismo por denunciar fraudes de inmobiliarias y corrupción de funcionarios estatales y municipales en los permisos para la construcción de viviendas. Humbertus se encuentra preso en el penal de Chiconautla, Ecatepec, desde el 4 de noviembre de 2015 con delitos fabricados de robo con violencia y portación de arma.

En comunicado público, el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna, AC, organización fundada por el activista, afirma que la negativa a autorizar entrevistas con periodistas extranjeros a José Humbertus viola sus derechos humanos de acuerdo a la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal puesta en vigor el 17 de julio de este año y estipula que los derechos humanos de los internos en prisión preventiva serán respetados.

Para el Frente Mexiquense, los responsables de esta violación constitucional son el Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas, el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, Luis Arias González y el Director del Centro de Prevención y Readaptación Social Dr. Sergio García Ramírez, Luciano Francisco Ramírez Segura.

Desde el penal de Chiconautla, José Humbertus señaló que no sólo se le niega la posibilidad de entrevistarse con el exterior, un derecho constitucional, sino también que el 4 de agosto de 2016, cumple nueve meses de no poder ver a su familiar “debido al acoso y persecución injusta de la que es objeto por parte del gobernador Eruviel Ávila Villegas”. Al respecto, abundó que entre los motivos de la negativa gubernamental para la autorización de entrevistas a periodistas en el extranjero, en primer lugar, se deben al patrón de gestión administrativa de Ávila Villegas, “un político que viola sistemáticamente los derechos humanos de los internos en los penales”.

Humbertus también hizo referencia en el comunicado público a las violaciones del gobierno mexiquense al Tratado Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 11.1, por la construcción de miles de viviendas con financiamiento de intermediarios estadounidenses que no cumplen con la infraestructura básica de urbanización, el estándar mínimo de calidad para ser consideradas viviendas dignas y decorosas, y por la falta de entrega en más de 400 conjuntos habitacionales autorizados en la administración del ex-gobernador Arturo Montiel Rojas, del actual presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador en funciones Eruviel Ávila.

La construcción de los delitos contra Humbertus

Las autoridades mexiquenses abrieron tres procesos de investigación contra José Humbertus Pérez con las carpetas 1718/2015, 1720/2015 y 63/2016, después de haber ganado los juicios contra las constructoras URBI Desarrollos Urbanos, Constructora Geo y Desarrollos Inmobiliarios de Culiacán por fraude. Su activismo por una vivienda digna reunió a cientos de clientes de las constructoras que denunciaron ante los medios mexicanos haber sido estafados con la compra de viviendas que no cumplían los estándares de calidad.

Las denuncias de Humbertus y los coordinadores del Frente Mexiquense, además señalaron específicamente al alcalde Aarón Urbina Bedolla y su hermano Vicente Urbina Bedolla de utilizar a invasores de casas a sus mismos denunciantes Noé Zenteno Ruíz, Delia Hernández Morales, Angélica Monserrat Tamez Rangel, Norma Leonor Olguín, así como a los autores intelectuales del delito de despojo de inmuebles Ricardo Reséndiz Flores, América María González Sánchez, Carlos Reséndiz y Valentina Granados Rincón, todos ellos “protegidos y avalados por el Procurador General de Justicia del Estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez”.

Algunos de los mismos denunciantes contra Humbertus por el supuesto robo de casa habitación fungieron también como testigos de cargo. No obstante, las autoridades no han podido vincular al activista a ningún proceso que presuma su responsabilidad en los delitos imputados y su proceso sigue en espera de sentencia, una forma que las autoridades justifican mantenerlo en prisión, pese a su inocencia, dilatando los juicios en violación a los artículos constitucionales 1º, párrafo  2 y 3, 9º, 8º, 20º, apartado B, fracción 1, 1.1, 2 y 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

La persecución política de las autoridades mexiquenses contra José Humbertus no ha sido la única. También han recibido amenazas de muerte y acoso su familia (esposa e hijo) y los miembros del Frente Mexiquense, Eva Izaguirre Romero e hijo, , Linda Margarita López Medina, y Francisco Javier Moreno Ojeda.

El activista, por último, se refirió al discurso presidencial del pasado 21 de julio, en el que Enrique Peña Nieto señaló que el nuevo Sistema de Justicia Penal tiene la obligación de procurar justicia y  sustentar sus investigaciones con pruebas científicas, además de las pruebas periciales y si con estos elementos de pruebas no están debidamente acreditados, “no se puede condenar a los inculpados, como es la  situación en que estoy yo y miles de internos, que con sólo una entrevista o una falsa imputación nos tienen privados injustamente de nuestra libertad”.