El Instituto Mexicano de la Competitividad acaba de publicar un informe sobre los congresos locales que nos revela el estado en que se encuentran, o mejor dicho hasta dónde han llegado los diputados en su afán de jalar recursos para tener buenos salarios y prestaciones.

Es un documento crudo y contundente de lo que hoy es la representación política en los 32 legislativos y la urgente necesidad de renovación que existe en estas instituciones, que podríamos afirmar que han crecido más cuantitativa que cualitativamente.

En 1994, por ejemplo, nos dice que los congresos de los estados eran más bien pequeños pues entre todos ellos sumaban 369 diputados, es decir, un poco más de diez diputados en promedio.

Hoy son 1 mil 125 diputados, se han triplicado bajo el criterio demográfico, que es un argumento endeble considerando que su función es elaborar leyes, no hacer gestión social, que en el mejor de los casos es a lo que dedican más tiempo pensando en el desarrollo de sus carreras políticas.

Y quizá se justificaría ese aumento de la representación si tuviéramos una verdadera separación de poderes, pero eso no existe o al menos no es la constante.

La disciplina partidaria se impone cuando se trata de apoyar las políticas del gobierno de partido, cuando no significa un mercadeo en el que opera la lógica de “yo te doy esto, tú me das aquello”. En el caso de Sinaloa, solo le aprobó el 41 por ciento de las iniciativas al Gobernador, pero la pregunta es qué fue y cuánto lo que aprobó para hablar de un buen rendimiento legislativo.

Así, el estudio de marras arroja que en ocho estados los legisladores en el último año han votado a favor el 100 por ciento de las iniciativas que presenta el Gobernador. Y eso no puede ser un sistema de separación de poderes, porque el Congreso debe ser un contrapeso y se debe regir bajo el principio republicano de “el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone”.

Entonces, en estos estados —donde afortunadamente no se encuentra Sinaloa—, se ha pervertido el sentido que tiene el poder legislativo, porque grosso modo están entre la aprobación de iniciativas del Gobernador y la de pensiones (sí, porque a eso al menos en Sinaloa, es a los que le dedican largas sesiones). Ah, y el posicionamiento político ante algunos temas de interés mediático.

Curiosamente en las antípodas del gasto público no sabemos de debate parlamentario en torno a la deuda pública que en este gobierno se ido hasta la estratosfera, o las cuentas públicas municipales, con el objetivo de sanear las finanzas.

Hay, sin embargo, diputados que presumen que han presentado diez o más iniciativas de ley de cualquier cosa e incluso de ocurrencias. Elaboradas por el staff de asesores pero que no tienen inspiración social o consecuencia alguna.

Sin embargo, eso que es una suerte de autoelogio y argumento para esgrimirlo ante la prensa acrítica que replica sutilmente como “un gran trabajo” del diputado, no garantiza que vaya a transformarse en ley.

El trabajo legislativo tiene sus etapas procesales que no siempre el diputado está dispuesto a recorrer, porque es dedicarle tiempo al cabildeo dentro y fuera de su fracción parlamentaria, siendo más rentable atender sus negocios o clientelas políticas para ir pensando en la siguiente etapa de su carrera política.

Ahí está la gran cantidad de diputados que cada tres años renuncian para ir en busca de otro cargo de representación política, o los que una vez que compitieron por el siguiente cargo y no lo alcanzaron, y vuelven a su curul para seguir cobrando un buen cheque.

Y no es poco el sueldo en Sinaloa. Sumados todos los ingresos superan los 92 mil pesos mensuales más los privilegios del puesto, que le permite codearse con los hombres y mujeres del poder.

Además, este año los diputados sinaloenses tienen un presupuesto de 292 millones de pesos. Algo así como siete millones en promedio por cada uno de los 40 diputados de los cuáles según el estudio, el 60 por ciento se consume en servicios personales (asesores, gasolina, alimentos, etcétera.) y solo el cinco por ciento a materiales y suministros.

¿Pero cómo andamos en rendimiento legislativo? El Congreso de Sinaloa se encuentra en el estudio en el penúltimo peldaño, lo que significa que es dinero que prácticamente se va al caño y algo similar sucede con el estudio de la Métrica de la Transparencia, en el que se le ubica en los últimos lugares de los sujetos obligados.

Bien, lo ha dicho el líder del Congreso, el diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, que muchas de las iniciativas presentadas “son ocurrencias” que nunca serán transformadas en leyes.

En definitiva, nuestro Congreso es improductivo y caro, le urgen buenos diputados que lo saque de este espacio de vergüenza.