Río Doce.- El miércoles 6 de julio, dos días después del atentado sufrido por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Samuel Lizárraga Camacho, la Policía Municipal detuvo a un motociclista en la calle Marli del Fraccionamiento Sábalo Country, portando un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Glock, color negro, serie Khe400, con diez cartuchos útiles.

Según información de los policías, la persona fue detenida para una revisión cuando circulaba en una motocicleta Italika color blanco con gris, DM200 modelo 2016, y mientras el vehículo fue llevado a la Pensión Grúas Madero, el arma fue remitida a la Procuraduría General de la República (PGR).

Ese mismo día, en la tropa policíaca se criticaba que a raíz de la detención del motociclista armado en el sector número cinco, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Antonio Murillo Rojo, había ordenado sacar dos patrullas que vigilaban la ciudad, para reforzar su seguridad personal.

“Le da miedo que le lleguen a su casa a pesar de que cuenta con sendas camionetas Suburban, ambas de color negro, y tres de las patrullas de las más nuevas”, criticó uno de los agentes.

“Trae 16 elementos en su escolta personal, y aun así tiene el descaro de mandar pedir dos patrullas más para su resguardo personal. ¿Qué está pasando en Mazatlán?, pues cuando cualquier policía detiene y remite (a los detenidos a las autoridades correspondientes) hasta desarmado se va a su casa, a él quién lo cuida”, cuestionó otro.

Otro de los agentes inconformes señaló que no es justo si la ciudadanía está indefensa y los policías tienen esa importante tarea de garantizar su seguridad.

“Aparte, el secretario amenaza a los comandantes, ¿qué quiere, detenidos o que le echen chingazos a la gente armada?, ¿qué pasa, quién nos podrá escuchar?, por ello queremos que la ciudadanía esté informada de la situación”, explicó.

Gatilleros en motocicleta

Los signos evidentes de que la inseguridad pública se agravó en Mazatlán, fueron los dos ataques directos que tomaron como blancos al subdelegado del IMSS, y al Hospital General Doctor Martiniano Carvajal, éste último con la amenaza de bomba en el área de Archivo.

El lunes 4 de julio, dos hombres armados desde una motocicleta atentaron contra el funcionario del IMSS, Samuel Lizárraga Camacho, y su escolta, en el semáforo ubicado en las avenidas del Mar e Insurgentes.

De acuerdo con información de policías municipales, Samuel Lizárraga Camacho quedó herido de los balazos en la cabeza, mientras que su escolta, el subteniente retirado del Ejército, Jesús Pérez Mérida, de 53 años, fue herido en el lado derecho del abdomen.

El Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, informó que el arma utilizada en el atentado contra Samuel Lizárraga Camacho, había sido utilizada en un homicidio de un expresidiario, pero no dijo nada sobre los móviles del ataque contra el funcionario del IMSS.

Hasta el cierre de esta edición, el funcionario se encontraba grave.

“Bomba” de pánico

El martes cinco de julio, Mazatlán no se había recuperado de la noticia del ataque armado directo sufrido por el subdedelgado del IMSS, cuando en el Hospital General Doctor Martiniano Carvajal, al sufrimiento de los pacientes se sumó el pánico que produjo la amenaza telefónica de bomba.

En la misma semana, por dos días consecutivos, parecía que los “demonios” armados se habían ensañado contra las instituciones de salud pública, pues mientras Samuel Lizárraga Camacho, funcionario del IMSS, convalecía en una clínica privada, en el Hospital General, algunos pacientes eran evacuados al patio.

Los pacientes, personal médico y administrativo del nosocomio todavía sufrían las secuelas del pánico y el estrés que produjo el asesinato de un paciente cometido el 30 de junio, por cuatro gatilleros que irrumpieron violentamente y asesinaron a uno que convalecía de heridas de bala, dejando herida a la mamá de éste y al policía municipal que lo cuidaba.

Apenas habían pasado cinco días, cuando la voz de un hombre joven, avisó que abandonaran el lugar, porque había una bomba.

“El día que se recibió en el conmutador, una llamada a las 10:15 de la mañana, pidieron hablar a archivo, ya en cuanto nos hablaron de archivo, pidieron que se evacuara inmediatamente, porque dijeron que iba a haber una explosión”, dijo en conferencia de prensa Alberto Tirado Rojas, director del hospicio.

“Nuestro protocolo interno es evacuar las áreas que no son críticas, como son las áreas organizativas, y después el análisis de los pacientes, vimos quién se podía mover por su persona, sacarlo, sí fuera del edificio, pero anexo al edificio”, dijo.

El aviso, agregó, se dio a la zona militar, a la subprocuraduría, protección civil “y ellos estuvieron llevando el protocolo de revisión, ellos ya habían liberado el área B que es de las mujeres, área A, donde están los hombres, Pediatría, Terapia intensiva, área de Nonatos y Quirófano, entre otras áreas. Cabe mencionar que el servicio de Urgencias nunca se detuvo a pesar de la sicosis, los trabajadores se comportaron a la altura, aunque son situaciones que como trabajadores de salud no quisiéramos estar viviendo”, comentó.

—¿Esto pone en riesgo a algunos pacientes sobre todo los nonatos?— se le pregunta al director del nosocomio.

—Se pone en riesgo desde el punto de vista en que se crea pánico. Desde el punto de vista de un paciente que está indefenso, que está estresado y todavía le aumentamos el estrés, pues ponen en riesgo en que se complique su enfermedad. No pusimos a ningún paciente en riesgo en moverlo. Pues esa fue la indicación, el que se podía mover, y esté estable, lo movimos. El paciente que no se pueda mover, se queda en su cama, con su personal al pie de la cama. Le dimos prioridad al resguardo del personal de cargo, enfermerías, pasantes, los médicos de internado y los médicos residentes, se resguardaron en el área de enseñanza para mejor protección. Aparentemente protección nos está liberando en parte el hospital, y esperemos que todo vuelva a la normalidad.