Marina y Ejército, responsables de crímenes de lesa humanidad en México: Araujo Rivapalacio

Río Doce.- El informe Open Society 2016, dado a conocer recientemente, sostiene que en México se cometieron más de 150 mil homicidios entre el 2006 y 2015 y que muchos de estos crímenes, calificados “atrocidades innegables”, involucran a autoridades federales, estatales y municipales.

El abogado penalista Juan Antonio Araujo Riva Palacio, socio del Despacho Araujo, Acosta, Riquelme y Asociados, señaló que “el Gobierno federal a través de soldados del Ejército y la Secretaría de Marina, ha utilizado a la delincuencia organizada en casi todos los Estados de la República para cometer ejecuciones masivas y crímenes de lesa humanidad que explican el por qué en México hay tantas fosas clandestinas”.

Durante las jornadas internacionales sobre el derecho a la verdad y a la memoria, declaró que testimonios de primer nivel de colegas de la Barra Mexicana de Abogados, revelaron durante una cena organizada para evaluar los esfuerzos en derecho penal, que cuando Valle de Bravo sufrió una ola de secuestros, la Secretaría de Marina —que tenía su Estación en Luvianos—, se dedicó a ejecutar a todo sujeto probablemente responsable del delito y cuando la madre, la esposa o el hijo, se acercaban a preguntar, también eran ejecutados, y así resolvían el problema.

Para argumentar estos atropellos perpetrados por instituciones del Estado Mexicano, explica que en Ciudad Juárez hay testimonios muy escalofriantes de personas que vivieron la guerra sucia contra el narcotráfico y que refuerzan las hipótesis de cómo el Estado aprovechó a estos grupos delincuenciales para poner en marcha su plan de ejecuciones masivas.

Desde luego que los militares y el Gobierno federal no son estúpidos, dice. Las ejecuciones no las hacían directamente. Aprendieron muy bien lo que sucedió en el cono sur del continente. Usaron a grupos de la delincuencia organizada que conocían muy bien a grupos rivales, entre estos pandilleros y ellos se encargaban de señalar y explorar puntos específicos de reunión, sujetos a abatir, y posteriormente llegaban al lugar y ejecutaban masivamente, sin contemplación.

Al preguntarle si estos casos deberán ser denunciados ante la Corte Penal Internacional para que se abra un juicio por crímenes de lesa humanidad y se castigue a los responsables, respondió que estas ejecuciones masivas deben ser recordadas y leerse; analizar cada uno de los casos y ver la resistencia del gobierno federal, antes de llevar los casos a los tribunales.

Pobres, el 95 por ciento de los criminales

En opinión del prestigiado penalista, el derecho penal en México ha sido el derecho penal de los pobres porque más del 95 por ciento de la gente que es criminalizada por el derecho penal, son gente excluida y sin oportunidades.

Y no se necesita una ley de Tres de Tres ni un Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Se requiere un código penal eficaz. Lo que falta es pasar del derecho penal de las clases bajas al derecho penal de las clases altas donde se castigue a los delincuentes de “cuello blanco”.

Considera que hoy en día es muy urgente que se abran los archivos de los últimos dos sexenios para conocer que está pasando en el tema de crímenes de lesa humanidad.

Ya lo decía Renato Sales, recalca, que no se pueden investigar delitos cometiendo otros delitos. Y en este sistema se cometen más delitos en la investigación: cada agente puede llegar a cometer entre 12 o 15 delitos, desde tortura, intervención ilegal y otros.

Abrir el archivo negro

A pesar de que el año pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidos urgió al Estado mexicano la rendición de cuentas sobre la guerra sucia, los archivos “negros” en este país, que se encuentran en el Archivo Histórico de la Nación, aún permanecen siendo sujetos de restricciones, denuncia la directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas.

Los archivos por ley deben ser públicos y no deben estar sujetos a restricciones, señala la abogada en derechos humanos.

Tiene que haber claridad en la ley general sobre la accesibilidad y el proceso de transferencia de archivos de otras dependencias, de acuerdo con lo que establece la ONU. Si no obligamos a esto, “asumamos entonces que la impunidad seguirá, porque estas historias son elementos para castigar a los responsables de los delitos cometidos”.

Con el pretexto de defender el derecho de las víctimas, agregó, el Estado oculta expedientes de abusos y crímenes.

Lamentablemente advirtió que hay intenciones claras no solo de borrar los archivos históricos en la Galería Uno del Archivo General de la Nación y otros, sino de la intención de eliminar archivos históricos locales.

“¿Qué pasará cuando preguntemos sobre los correos entre la PGR y otros involucrados en el caso Apatzingán?”, se pregunta.

Cualquiera los puede eliminar y cada vez se perderá más información si no se toma en cuenta esta Ley General de Archivos que a México le urge para conocer la verdad.

“Estamos hartos de la impunidad, de corrupción pero no hay acciones. Los esfuerzos son vanos en el caso Ayotzinapa, Tlatlaya; Tanhuato, San Fernando, y cuando llegas a tener el caso en manos no pasa nada por la misma corrupción e impunidad”.

Citó el caso de los padres de la Guardería ABC, que se resisten a olvidar a sus hijos. Ellos quieren que la gente se dé cuenta de que sus 49 hijos murieron quemados y no ha habido justicia. Esa es la realidad en que estamos.

Ahora ven los datos personales para restringir la información. La ley en México funciona para restringir, no para garantizar, y esto nos confirma que todas aquellas normas que restringen derechos son las que se aplican, y tan es así que en una evaluación de los 32 organismos garantes de transparencia solo cumplen con el 49 por ciento de las exigencias.