Un expediente incompleto, sin incluir la declaración ministerial y con folios tachados de la averiguación previa, entregó la Procuraduría General de la República (PGR) a la Cámara de Diputados para solicitar el juicio de procedencia, denunció Lucero Sánchez López.

En su respuesta por escrito ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, dentro del plazo legal fijado, la legisladora calificó como dolosa y parcial la actuación de la PGR, además de haber violentado su derecho de defensa adecuada, dejándola en estado de indefensión.

Por ello, en el documento mediante el cual comparece ante la Cámara de Diputados que procesa el juicio de desafuero en su contra, Lucero Sánchez López anexó una copia, con los sellos y la firma de recibido, de la declaración ministerial que fue omitida y que había sido presentada ante la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada).

En la comparecencia por escrito, con el apoyo de su equipo de abogados defensores, Lucero Sánchez López manifestó una enérgica denuncia por la violación a su fuero constitucional como legisladora y a sus derechos humanos, por haberla privado de su libertad 29 horas el pasado 20 de enero, sin que previamente hubiese sido citada, y a pesar de haber expresado en medios de comunicación su disposición a declarar, ante los rumores filtrados de que se le pretendía implicar con la delincuencia organizada.

Ante la Sección Instructora denunció que en el expediente de la averiguación previa, algunas páginas —que están foliadas— fueron tachadas, y presume contiene información que la SEIDO no le interesa dar a conocer para influir en el “ánimo de linchamiento al que he sido expuesta ante los medios de comunicación”.

Lucero Sánchez López afirmó en su defensa que la declaración ministerial fue presentada por escrito desde el pasado 2 de febrero ante la oficialía de partes de la SEIDO, luego que prefirió reservarse la declaración cuando fue retenida el pasado 20 de enero en Culiacán y trasladada a la Ciudad de México.

“La están dejando en un estado de indefensión” ante la Cámara de Diputados, señaló su equipo de abogados defensores, integrado por Rosalba Alarcón Ramírez, Francisco Verdugo Fierro y Rubén Antonio Tamayo Viveros, al ponderar que la declaración ministerial de Lucero Sánchez representa la versión que ella hizo en su defensa.

En la declaración ministerial entregada por escrito, la diputada afirmó que la SEIDO ha pretendido encuadrar la existencia de ligamentos o conexiones a la actuación en una organización criminal de la cual no tiene nexo alguno.

En el expediente de la investigación en contra de la diputada de Cosalá, de alrededor de 400 páginas, al cual tuvo acceso Ríodoce, la PGR plantea que el inicio de la investigación de la conexión entre Joaquín Guzmán Loera y la diputada Lucero Sánchez López se realizó porque en la casa incautada por la Secretaría de la Marina, ubicada en Culiacán, en la colonia Guadalupe por la calle Río Humaya No.130, en donde el capo escapó por el sistema de drenaje pluvial, se incautó el 27 de febrero de 2014 un vehículo Jetta, en cuyo interior se encontró una licencia de conducir y una tarjeta de presentación a nombre de la legisladora.

En su defensa, Lucero Sánchez López declaró por escrito primero ante el agente del Ministerio Público adscrito a la SEIDO —y ahora ante la Comisión Instructora— que ese vehículo Jetta fue robado a su propietario Jesús Daniel Beltrán Durán, quien días antes de los hechos de incautación había levantado un reporte de robo.

En el texto de la declaración ministerial Lucero Sánchez solicitó se girara oficio por los conductos legales para que el Procurador de Justicia de Sinaloa, informara sobre el reporte de robo del vehículo Jetta 2002 con placas de circulación VFR2929 del estado de Sinaloa con número de serie 3VWSK69M82M144144, y se enviara las copias certificadas de la denuncia.

Sánchez López argumentó que por no ser propietaria del vehículo le fue imposible obtener copias de la denuncia y averiguación por robo de vehículo que se levantó, y no pudo aportar el documento.

En su declaración ministerial presentada ante la SEIDO, y ahora en la comparecencia ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la legisladora explicó que ella viajó de pasajera, a manera de raite para trasladarse de Cosalá a Culiacán, pero en el poblado de El Salado, el Jetta modelo 2002 sufrió la ponchadura de una de las llantas, por lo que prosiguió en otro medio de transporte. El chofer del Jetta, al regresar de pedir auxilio vial, no encontró la unidad, y procedió a levantar la denuncia por robo.

La diputada precisó que la denuncia fue presentada en la agencia del Ministerio Público del fuero común destacamentada en el poblado de El Salado. Al interior del vehículo robado olvidó algunas de sus pertenencias, entre ellas un bolso de mano e identificaciones.

En su defensa ante la Comisión Instructora, cuestionó que pese a que solicitó en su declaración ministerial se solicitara a la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, vía los cauces legales, la denuncia del robo de Jetta en mención, al momento no se ha obtenido el documento, violando de nueva cuenta su derecho a una defensa adecuada.

Señaló que a partir del cateo realizado el 20 de febrero de 2014, se estableció la posible relación con Joaquín Guzmán Loera, especulándose su estancia en ese lugar.

“Niego toda relación que refieren, además los alcances a estas pruebas circunstanciales, no pueden vincularme en la forma que lo viene determinando la representación social, pues no existen evidencias concretas, que me vinculen a este respecto”, afirma por escrito la diputada.

Otros de los argumentos en su defensa están concentrados en la imputación que se la hace sobre una supuesta visita el 4 de septiembre de 2014 al penal del Altiplano, mediante el uso de documentos falsos.

La diputada se inconforma sobre los informes documentales y periciales en fotografía y fisonomía en donde se concluye que sí existe semejanza entre la foto y la licencia encontrada en el vehículo Jetta, “pericial que objeto desde este momento, dice, ya que las indubitables que utilizaron corresponden a fotografías obtenidas en medios electrónicos, y en una credencial supuestamente de la suscrita, sin habérseme dado la oportunidad de que dicho medio de prueba se hiciera directamente sobre mi persona, por lo que debe ser analizada dicha pericial en los términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales”.

La violación a sus derechos humanos, señala, ha sido reiterada y sistemática, ya que todo ha sido manejado a través de medios impresos y televisivos, siendo ella la última en tener conocimiento de los hechos, como fue el día de su detención, bajo el pretexto de una orden de localización y presentación.

“A pesar de las presiones que se han ejercido en mi contra para tratar de vincularme al momento de rendir declaración, jamás se me consideró en los supuestos que establece el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales, sino que la adecuación a la acusación, ha sido inquisitiva, sin una defensa adecuada”, señaló para referirse en la forma que la trasladaron a la Ciudad de México para involucrarla en una relación con Guzmán Loera.

En la declaración ministerial la diputada había también afirmado que su fuero constitucional fue violado al ser detenida y traída ante la PGR con el pretexto de una orden de localización y presentación, sin haber hecho el juicio de procedencia en su contra, además de haberla incomunicado respecto a su familia y su abogado defensor.

Y prosigue que por las condiciones en que fueron vertidas sus declaraciones en otra averiguación previa, la 479/2015, por delincuencia organizada, en la que aparece como testigo, son ilícitas, por lo que no pueden ser utilizadas como prueba.

“No obran en las constancias de averiguación previa, documentales o informes mediante los cuales se puedan acreditar que la suscrita posee bienes muebles, o inmuebles, obtenidos con dinero ilícito, ni cuentas bancarias, con sumas de dinero ostentosas, a excepción de los depósitos de dinero derivado de mi trabajo como diputada local, en el estado de Sinaloa”.

En la misma declaración ministerial, la cual no fue entregada a la Cámara de Diputados por parte de la PGR, Lucero Sánchez López sostiene que la acusación o integración de la averiguación en su contra por el delito de lavado de dinero no es posible acreditarlo con elementos objetivos.

Y reitera: “No cuento con propiedades como son, bienes muebles o inmuebles, semovientes, ni cuentas bancarias, ya que lo único con lo que cuento es el inmueble donde habito y que lo adquirí con parte del dinero obtenido en la venta de otro inmueble, que había adquirido con la persona que estuve casada”.

En el expediente entregado a la Comisión Instructora, la PGR expone en la investigación que Lucero Sánchez acudió a visitar a Joaquín Guzmán Loera al CEFERESO “debido a que es una de las operadoras financieras, quien se quedó a cargo de los negocios que él operaba en el estado de Sinaloa”.

Sin embargo, en la solicitud de desafuero, la PGR solamente hace referencia a la necesidad de quitarle la inmunidad procesal a la diputada para poder procesarla por el delito de uso de documentos falsos.

En la declaración ministerial, Lucero Sánchez sostiene que el uso de documentos falsos, delito que se le pretende imputar, carece de penalidad, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis de jurisprudencia asentada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta desde febrero de 2013. Por esta razón, concluye, no debe iniciarse el proceso penal por ese delito.

Armas de la defensa

Según los abogados defensores de la aún diputada local, ninguno de los elementos del personal de guardia del Cefereso del Altiplano la reconoció como la persona que estuvo de visita el día 4 de septiembre de 2014, y solo la señalaron como la persona que aparece en televisión.

Inconsistencia en documentos. La acta de nacimiento de Devany Vianey Villatoro Pérez presenta un registro extemporáneo del 21 de marzo de 2014, mientras la credencial de elector exhibida tiene un registro del 2013. La defensa señala que cómo pudo haber pasado por alto esta visible inconsistencia con los estrictos controles que el órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social ha implementado en los centros federales, incluyendo el del Altiplano, así como de los rigurosos protocolos de vigilancia.

No se solicitó reporte de robo de Jetta. La denuncia de robo del vehículo tipo Jetta en el cual extravió la diputada su credencial de elector y una tarjeta de presentación del Congreso del Estado, no fue solicitada por la PGR ante la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa. Este documento es fundamental para los abogados porque demuestra que el Jetta que apareció en la casa que ocupa Joaquín Guzmán Loera no es evidencia de una relación con Lucero Sánchez.

No se incluyó declaración ministerial. Pese a que la declaración ministerial de Lucero Sánchez fue entregada desde el 2 de febrero ante la SEIDO, el documento no fue agregado dentro del expediente que se entregó a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados.

Prueba pericial inválida. La prueba pericial que concluye que los rasgos de la persona que se identificó como Devany Vianey Villatoro Pérez y visitó a Guzmán Loera son los de Lucero Sánchez, no pueden ser tomados como evidencias, porque no fueron realizados sobre el rostro de la acusada, sino con base en fotografías de credenciales.

Delitos sin sanción. El uso de documentos falsos no tiene pena específica en el Código Penal Federal, por lo que no puede aplicarse por simple analogía una pena que no esté decretada exactamente por la ley aplicable a este delito.