Desde el pasado 22 de diciembre, la Visitaduría General de la PGR, órgano responsable de combatir la corrupción al interior del Ministerio Publico de la Federación, obtuvo del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, auto de formal prisión en contra de quien entonces ocupaba el cargo de Directora General Adjunta de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda.

Asimismo, en contra de un agente del Ministerio Publico subalterno de la imputada y un elemento de la Policía Federal Ministerial.

Además, se persigue a otros tres policías que integraban la célula que trabajaba para dicha Unidad, contra quienes también fue librada una orden de aprehensión y hasta el momento se encuentran en calidad de evadidos.

Los hechos que dieron lugar al procesamiento ocurrieron el 2 de octubre de 2015, cuando un empresario fue abordado afuera de su oficina, ubicada en la Colonia Vallejo, por cuatro sujetos que se identificaron como efectivos de la Policía Federal Ministerial de la PGR, los cuales le indicaron que tenían una orden para localizarlo y presentarlo a declarar ante la Unidad Antilavado de la SEIDO, debido a que había una averiguación previa en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según las múltiples pruebas que recabó la Visitaduría General para ejercitar la acción penal, durante el trasladado los elementos policiales solicitaron al referido empresario la cantidad de $500,000.00, para “desaparecer” el expediente de investigación que supuestamente tenían en su contra.

En las instalaciones de la SEIDO, fueron recibidos en la puerta de acceso vehicular por la titular de una de las fiscalías de la Unidad Antilavado, quien condujo al ciudadano a sus oficinas, donde lo amenazó con diversas frases sobre su posible consignación e internamiento en un penal federal.

Por indicaciones de su jefa, el agente del Ministerio Publico levantó una supuesta comparecencia del empresario, quien se habría “reservado” su derecho a declarar para que después le permitieran salir en libertad; pero en realidad todo lo anterior solo fue la forma, a través de la cual los entonces funcionarios lograron amenazarlo para extorsionarlo.

En la investigación realizada por la Visitaduría General, se comprobó la inexistencia de la averiguación previa en contra del ciudadano, así como la ausencia de mandamiento alguno para que la Policía Federal Ministerial procediera a localizarlo y presentarlo ante la SEIDO.

Según la denuncia del empresario extorsionado, el “comandante” le dijo que tenía que pagar dos millones de pesos porque “así lo exigió la licenciada”; sin embargo, solo quedó en entregar un millón de pesos.

Ese mismo día, siguiendo las indicaciones que le dieron vía telefónica, entregó seiscientos mil pesos. Después recibió diversos mensajes sms para que entregara el resto del dinero exigido, ante lo cual decidió acudir al órgano anticorrupción para presentar la denuncia correspondiente.

En su investigación, la Visitaduría General logró identificar a los cuatro integrantes de la célula policial, a la titular de la Fiscalía y a su agente del Ministerio Publico que simularon la orden de localización y presentación, así como la constancia de comparecencia, contra quienes procedió penalmente el 14 de diciembre del año pasado, con lo que al día siguiente, obtuvo la orden de aprehensión en contra de los seis implicados.

El Juzgador federal valoró los elementos de prueba soporte de la acusación, entre los cuales obraron múltiples declaraciones de la víctima y diversos testigos, informes de investigación, pruebas de video y fotografía, periciales de identificación fisonómica y en materia de telecomunicaciones de los que se extrajeron conversaciones entre los activos y la víctima para establecer el lugar de entrega del dinero y comprobantes de retiros bancarios, entre otros.

El mismo día en que fue librada la orden judicial, los agentes de la Visitaduría General aprehendieron a la titular de la Fiscalía y a su agente del Ministerio Publico subalterno, así como a uno de los elementos policiales, mientras que continúan en la búsqueda de los otros tres para ejecutar el mandamiento de captura.

El 22 de diciembre, tras los careos constitucionales practicados un día antes, fue dictado Auto de Formal Prisión en contra de los tres indiciados. 

Desde que la maestra Arely Gómez González asumió el cargo de Procuradora General de la Republica, la lucha por combatir la corrupción interna ha presentado resultados inéditos, pues solo en el periodo abril – diciembre de 2015, la Visitaduría General obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 125 personas y 110 autos de formal prisión.