Río Doce.- Cuando Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, se declaró inocente de cargos por los que era acusado en una corte federal de Estados Unidos, amenazó al gobierno de ese país con revelar información sensible que pondría en entredicho a algunos funcionarios de la DEA. Como respuesta a esa “osadía”, fiscales estadunidenses encabezados por Andrea Goldberg, presentaron la semana pasada una moción que prometía testimonios de antiguos dirigentes del Cártel de Sinaloa, que actualmente colaboran o forman parte del programa de testigos protegidos de ese país, para revelar que ciertos funcionarios sinaloenses, incluyendo un ex gobernador, formaban parte de una nómina por varios millones de dólares que cubrían Arturo Beltrán Leyva, Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada.

Era sólo una probadita, pero con ello Estados Unidos enfatizaba que no le importaban las amenazas, y que estaba dispuesto a enfrentar al Mochomo, quien por su parte reiteró que tampoco él temía a los testimonios de otros, y que iría por todo o por nada, pero que enfrentaría al gobierno del Tío Sam.

De suscitarse un encontronazo legal de esta magnitud, Estados Unidos no tendrá de otra que revelar cómo era que el Mochomo corrompía a altos funcionarios de gobierno de Sinaloa, además de precisar nombres y fechas, lo mismo que las cantidades que les daban y las formas en que les pagaba.

Un testigo que sale de las sombras

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ), abrió la semana pasada el expediente secreto número CR-12-184-01, que incluye supuestos testimonios sobre Alfredo Beltrán Leyva y otros integrantes del Cártel de Sinaloa, que habrían sobornado al ex jefe de la Policía Municipal de Culiacán, al de la Policía Ministerial del Estado, y a un ex gobernador del estado, así como el intento de soborno hacia un general asignado a la Novena Zona Militar de esta ciudad.

Aunque el documento no precisa quiénes son los testigos protegidos que estarían dispuestos a carearse con el Mochomo para revelar ante un juez federal cómo los altos mandos del Cártel de Sinaloa sobornaban a funcionarios del estado de Sinaloa, sí explica que el Mochomo ofreció 3 millones de dólares al mes a un general, pero al no aceptar el militar el soborno, el Mochomo lo amenazó de muerte, y en los meses posteriores Alfredo Beltrán Leyva mandó tirar hasta tres perros muertos frente a la Novena Zona militar, en Culiacán, junto a la leyenda “Sigues tú, General”.

El único militar de quién se tiene conocimiento público fue amenazado de ese modo fue el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, asignado a la Novena Zona Militar de Culiacán de 2005 a 2008, y quien habría dicho al Mochomo, que si intentaba sobornarlo de nuevo, lo arrestaría.

Poco después de ese supuesto intento de soborno, Óscar Rivera Inzunza, ex editor del diario Noroeste y entonces vocero de seguridad pública de Gobierno del estado, fue asesinado a balazos frente a Palacio de Gobierno, a pocas cuadras del edificio de la Policía Ministerial. Según trascendió entonces, Rivera Inzunza se reunía con frecuencia con el general Eddy.

El crimen del periodista nunca se resolvió, y poco más de cuatro meses después del asesinato, el Mochomo fue arrestado por elementos del ejército en una operación que, según precisa el documento del USDOJ, fue dirigido por el propio general Eddy.

No fueron suficientes los 3 millones de dólares que, según el testigo protegido, se ofreció al general; un millón habría de ser pagado por Arturo Betrán Leyva, otro por Joaquín el Chapo Guzmán, y el otro millón por Ismael el Mayo Zambada. El ex militar al poco tiempo fue removido de su cargo. Después, ya retirado, fungió como Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

Sobre el resto de los mandos policiacos que habrían sido sobornados, incluyendo un ex gobernador de Sinaloa, el documento no precisa nombres, aunque por las fechas mencionadas se sugiere que los sobornos ocurrieron entre finales de 2004 y 2007. En ese periodo, gobernaron Sinaloa Juan Millán Lizárraga y Jesús Aguilar Padilla, así que el señalamiento tendría que ser sobre uno de estos dos.

Todos esos nombres, según explica el documento, existen y están en poder del gobierno de Estados Unidos, mismos que serían utilizados en contra del Mochomo, una vez iniciado el juicio.

EU: todo contra el Mochomo

Alfredo Beltrán Leyva, el menor de los tres hermanos, tiene la soga hasta el cuello, según reveló Andrea Goldberg, asistente de la Sección de Antinarcóticos del USDOJ.

“No sólo se tiene evidencia de que Alfredo Beltrán Leyva conspiró para introducir drogas a Estados Unidos, sino que hay grabaciones telefónicas, fotografías y vídeos de su participación en el tráfico de drogas, y si es necesario carearlo con otros narcotraficantes que testificarían contra él, así se hará”, dijo Andrea Golberg, según su testimonio por escrito, del cual Ríodoce tiene una copia.

Los narcotraficantes que hasta el momento han logrado acuerdos con el gobierno de Estados Unidos a cambio de una sentencia menor, y que tendrían que declarar en contra de otros integrantes del Cártel de Sinaloa son Rodrigo Aréchiga, el Chino Ántrax, Vicente Zambada Niebla y Ovidio Limón, entre otros.

A ellos se llegaría como última instancia, aunque para la fiscalía estadunidense esto no será suficiente, ya que las pruebas contra el Mochomo son demasiado fuertes.

“Ellos creen que con testimonios de sus informantes y de sus testigos protegidos pueden hundir a mi defendido, pero eso no va a ser suficiente, porque lo que estamos viendo es que el gobierno no está sustentando sus acusaciones, deberán demostrar lo que dicen esos informantes”, dijo a Ríodoce Eduardo Balarazo, abogado del Mochomo.

Y agregó: “Mi defendido ahora está bien, y está tranquilo porque él sabe que no pueden existir pruebas en su contra, y por eso ha decidido enfrentar a Estados Unidos, porque sabe que este gobierno busca a un chivo expiatorio, a alguien a quien culpar, y esa es una injusticia que no podemos permitir”.

Según documentos a los que Ríodoce tuvo acceso, desde principios de los 90 hasta el momento de su arresto, el Mochomo era el encargado de coordinar y asegurar los envíos de varios cargamentos de cocaína de Colombia a México, y posteriormente a Estados Unidos.

En ese periodo, el menor de los Beltrán Leyva era asistido por Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, y por Agustín Flores Apodaca, el Niño, quienes formaban la parte medular de la fracción del Cártel de Sinaloa que controlaba Arturo Beltrán Leyva, con ayuda de Héctor Beltrán Leyva, el H, que controlaba otra fracción.

El Chapo Isidro y el Niño rendían cuentas directamente al Mochomo y Julio Beltrán Quintero el Julión, hasta que el 13 de julio de 2005, el Barbas descubrió una traición por parte del Julión, y lo ordenó matar. Fue entonces que Arturo Beltrán Leyva dijo a todos que su hermano Alfredo sería el nuevo encargado para coordinar toda la droga a Estados Unidos.

Para entonces, el Mochomo sería protegido por dos grupos de al menos 100 gatilleros, que estarían armados hasta los dientes, con granadas, AK-47, AR-15, bazucas, y metralletas calibre .50, pues se trataba de “un jefe”, y en aquel entonces estaban en guerra con el Cártel de Juárez, y con los Zetas.

Hasta que el 21 de enero de 2008 por la madrugada, un grupo de elementos del Ejército Mexicano dieron con él y lo arrestaron en una casa de la colonia Burócrata, en Culiacán.

Luego del arresto, se explica en el documento, Arturo Beltrán Leyva vino directamente de Cuernavaca a Culiacán, a reclamarles al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada, que cómo era posible que hayan arrestado a su hermano menor y que nadie los haya alertado, “habiendo tanta gente en la nómina”.

Fue entonces que se declaró Jefe de Jefes, y dijo que eso no se quedaría así, y que alguien tendría que pagar por la detención de su hermano. Entonces rompió relaciones con el Chapo y el Mayo, separó a sus más cercanos colaboradores, incluyendo al Chapo Isidro, y declaró la guerra a sus antiguos socios.

El resultado fue la muerte de varios agentes municipales, estatales y federales.

El Mochomo, uno de los presuntos líderes del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, es acusado por la justicia estadunidense de exportar “toneladas” de cocaína y de metanfetaminas al país del norte.

Tras su detención en Culiacán Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición, misma que fue concedida por México el 26 de noviembre de 2013, según documentos de la PGR.

Beltrán Leyva trató de evitar ser enviado a Estados Unidos tramitando un juicio de amparo, pero éste le fue negado en octubre pasado.