Legislativo detiene discusión de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Río Doce.- “Tú y tus hijos se van a ir al infierno”… Ese fue uno de cientos de mensajes que recibieron en sus teléfonos y correos electrónicos, las diputadas y diputados del Congreso de Sinaloa tras intentar aprobar el dictamen para crear la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.

A pesar de que la ley es una homologación de la ley general, aprobada a finales del 2014 en el Congreso de la Unión, los temas relacionados con la salud sexual, educación, intimidad y obligaciones de los padres o tutores, enfurecieron a ciudadanos autonombrados padres de familia, quienes estarían impulsados por un grupo ultraconservador de la Iglesia Católica.

A través de un mensaje enviado vía celular, entre miembros de la congregación católica, se exhortó a llamar a los diputados, enviarles mensajes, manifestarse en el Congreso y a través de redes sociales, para evitar que se apruebe la ley.

El llamado se hizo a nombre del padre Miguel Ángel Soto Gaxiola, un clérigo de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ubicado entre los religiosos como integrante del grupo Opus Dei.

Al final del mensaje se colocaron los nombres, números de teléfonos celulares y correos electrónicos de seis legisladores de diversos partidos, integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, Derechos Humanos, Equidad, Genero y Familia y Salud, quienes fueron los responsables de dictaminar la iniciativa, pero sólo a dos de estos diputados se les calificó como “principales promotores” de la “aberrante” iniciativa.

“Me pide el padre Miguel Soto Gaxiola, encargado de la Dimensión de Familia y Vida, que hagamos circular la información abajo añadida, respecto a la de la iniciativa de ley de derechos del menor. Terriblemente aberrante. Papás, háblenles a sus diputados. Vayan al Congreso. Pongan mensajes en los medios de comunicación, en las redes sociales ¡Movilícense ya, antes que sea tarde!”, exhorta el mensaje difundido.

La embestida fue inmediata. La legisladora priista Sandra Lara Díaz, una de las acusadas de “promover” la iniciativa, relató que las llamadas y mensajes a su teléfono personal comenzaron el domingo por la tarde. Y aunque al principio daba respuesta a cada uno, conforme pasaron las horas, las llamadas se multiplicaron y las exigencias subieron de tono hasta llegar a agresiones verbales. El lunes 15 de junio, la diputada decidió dejar de responder su celular.

Ese mismo lunes por la noche, el Congreso del Estado emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba que suspendería la discusión del dictamen para abrir el espacio al análisis por parte de cualquier grupo social interesado.

Se explicaba que la iniciativa de decreto no era promovida por ningún diputado o grupo parlamentario en particular, sino que se trataba de una ley general vinculante con todas las autoridades y entidades del país.

Según se detalló, la iniciativa de decreto se conformó con la aportación de las iniciativas de ley presentadas por los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PAN, PAS y la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Una semana antes de que estallara la polémica, el jueves 11 de junio, la iniciativa sería discutida en el pleno pero fue detenida por diputados de diversas fracciones que votaron una moción suspensiva, argumentando que había artículos de la iniciativa que requerían atención especial y un análisis profundo.

Algunas voces aseguraron que ese día en el Congreso hubo llamadas insistentes desde el Obispado para frenar la votación.

¿Qué dice la ley?

“¿Qué ustedes no tienen hijos o nietos en los que fomentar los valores en lugar de promover el libertinaje?”, cuestiona un ciudadano a través de un correo electrónico enviado a los 40 diputados.

Y es que los ciudadanos exigen que se modifiquen siete artículos de la ley y se agregue uno en el que se establezcan los derechos de los padres. La propuesta para modificar el dictamen fue entregada el pasado miércoles en una reunión con los diputados integrantes de las comisiones unidas.

Ahí, los padres de familia argumentaron su preocupación ante una ley que pudiera interferir con la forma de educar a sus hijos.

El dictamen de iniciativa de Ley está estructurado en seis títulos, 32 capítulos, cinco secciones y 128 artículos. Su objetivo, según se explica en la exposición de motivos, es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, garantizarles su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción.

La ley también creará el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría de Protección de los derechos, así como el Registro Estatal de Centros de Asistencia Social.

“¿Cómo creen que dejaremos en manos del Estado que a través de una ley los menores aún inmaduros por su edad, tengan el derecho a decidir sobre el tema de la sexualidad, yo creo que no se debería de promover este libertinaje”, cuestiona otro correo electrónico recibido por legisladores locales.

En la propuesta de modificación presentada por los padres de familia, se toman párrafos de artículos, se eliminan palabras o frases y se crean nuevos artículos.

Por ejemplo, del artículo 45 de la iniciativa de ley se toma el párrafo quinto, el cual originalmente plantea lo siguiente: “Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva”.

Pero los padres de familia proponen eliminar la frase “en materia de salud sexual” y cambiarla por “en materia de salud reproductiva”.

Otro ejemplo: en el párrafo séptimo del mismo artículo 45, la iniciativa original señala: “Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos”.

La propuesta de los padres de familia modifica la frase “garantizar el acceso a métodos anticonceptivos” y la cambia por “garantizar el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos”.

Además, a partir de esa última oración se agrega un párrafo nuevo que dice: “conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, fomentando la participación de quienes detenten la patria potestad, tutela o guarda para el desarrollo de una maternidad y paternidad responsable”.

El artículo que más molestia ha provocado entre los opositores a la iniciativa de ley, es el artículo 83 que se refiere a las obligaciones de quienes tengan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como las obligaciones de las instituciones o personas que tengan bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes.

El párrafo quinto en el artículo 83 dice: “Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia… impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos”.

La propuesta de los padres elimina por completo la oración “sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos” y a cambio crea un nuevo párrafo en sentido contrario que dice: “…impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada y en su caso, restringir sus conductas y hábitos, siempre y cuando atiendan el interés superior de la niñez”.

Un día después de presentar la propuesta de modificación a la ley, otro mensaje se comenzó a difundir en redes sociales y vía telefónica. En este mensaje se explicaban los resultados de la reunión con los legisladores y se informaba de la conformación de una comisión de padres de familia que darían seguimiento a la ley, y que se le nombraría “Comisión de Padres de Familia en Oración”.

El mensaje pide a sus lectores rezar un misterio del Rosario junto a sus hijos y pedir en oración por los legisladores y la iniciativa de ley.

“La idea es sencilla: un misterio del Rosario al terminar de comer con todos los niños en la mesa, pues finalmente a ellos se les escucha más fácil y es para ellos, no cabe duda que todo es una oportunidad, y pues amigas, ‘a ahogar el mal en abundancia del bien’, explica el mensaje.

Exhorto de la CEDH

Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que exhorta a la ciudadanía a informarse sobre el marco jurídico existente en el ámbito internacional, nacional, local y especializado en materia de derechos humanos.

Y es que los padres de familia también buscan que se elimine un párrafo del artículo 1 de la ley, el cual exige que se reconozcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su comunicado, la CEDH rechaza que con la propuesta de los padres se pretenda desvincular los derechos humanos.

“Los derechos humanos no se excluyen entre sí; por el contrario, los derechos humanos se encuentran interrelacionados, de modo que se complementan unos a otros”, explica.

“La Comisión Estatal de los Derechos Humanos extiende una invitación para que en el ejercicio del proceso legislativo que nos ocupa, éste continúe y se concluya en los términos previstos en la norma jurídica, en la que se faculta y dispone la intervención de diversos poderes públicos que tienen el deber de garantizar el respeto a la legalidad, por lo que también se exhorta a no generar contra legisladoras/es condenas públicas y/o sociales y se atienda el mandato constitucional para el ejercicio de los derechos”, señala.

La diputada perredista Imelda Castro Castro, integrante de la Junta de Coordinación Política, señaló que los padres de familia han hecho una interpretación equivocada de la ley, influenciados por sus propias ideologías religiosas.

Enfatizó que las modificaciones al dictamen no pueden ir en contra de lo que ya establece la Ley General, la Constitución Política de México o los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos de los niños, las niñas y adolescentes.

“Es una interpretación sesgada que tiene que ver con ciertas ideologías que no tiene nada que ver con la legislación de un estado laico. Hay muchas debilidades en la comprensión de este dictamen; ninguna frase, ningún artículo, ninguna capítulo, se puede leer de manera aislada, ese es el gran error que están cometiendo con sus lecturas”, indicó.

La legisladora aseguró que la discusión del dictamen no se detendrá y cualquier modificación tendrá que ser apegada a las leyes.

“El congreso está obligado a escuchar a todos los sectores y pues, en este caso hasta la insensatez tiene derecho a ser escuchada”, concluyó.