La violencia, legitimada por el Estado para entregar recursos a empresas multinacionales: juristas de la UNAM

Francisco Sarabia/Río Doce

Ciudad de México.- En México la defensa de los derechos humanos son un auténtico desastre. Se ha incurrido en graves omisiones y tan solo por las fosas encontradas a lo largo del país estamos reprobados, coinciden juristas, investigadores y especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ni pactos ni tratados internacionales han sido suficientes para detener esta situación caótica en que se encuentran los derechos humanos porque los “cubetazos de agua fría” que nos dan los feminicidios, la matanzas colectivas y tantas más que se suman a los asesinatos, desapariciones forzadas y muertes asociadas con la pobreza, señalaron.

Manifestaron que tantos hechos violentos son señales muy claras que obligan a replantear el problema de frente al conflicto que genera el reparto desigual de la riqueza y el consecuente descontrol que está ocasionando la presencia de intereses de las corporaciones multinacionales por el reparto del país.

Quien le puso el cascabel al gato fue el doctor e investigador, Rodrigo Gutiérrez Rivas, al señalar que estamos frente a un escenario grave y delicado en materia de derechos humanos, porque detrás de esta crisis que evidencia una actitud de desprecio y deterioro por el derecho a la vida humana, está una clase política que ha secuestrado a las instituciones del país.

Esta clase política, advirtió, ha puesto la riqueza nacional al servicio de firmas multinacionales que están financiando grupos paramilitares y de choque para fomentar el miedo y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas asentadas en las zonas geográficas con abundantes recursos naturales, objetivo principal en sus proyectos de inversión y explotación.

Advierte con preocupación que en esta ola de violencia sistematizada que legitima el Estado con su aparato represor (ejército y policías), aparecen como primeras víctimas líderes campesinos e indígenas, luchadores sociales, activistas políticos, periodistas y grupos disidentes que en distintas regiones del país han sido violentados en sus derechos más elementales por oponer resistencia y salir en defensa de sus intereses, frente a proyectos ajenos que amenazan con despojarlos de sus tierras y apropiarse de sus bienes.

Esta actividad ilegal cuenta con la abierta complacencia de la autoridad local, estatal y federal, que ha hecho los ajustes y reformas a la Constitución para entregar esos bienes comunales al capital financiero internacional.

En este sentido, sostiene que estas firmas trasnacionales, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), están presionando a los gobiernos como el de México a modificar sus constituciones y leyes internas para ajustarlas a la estructura del modelo económico neoliberal que rige a la mayor parte de los países de Occidente.

En la lógica de las multinacionales todo estará sujeto a al libre mercado orientado a la acumulación de la riqueza. No hay compromisos con los derechos humanos o el medio ambiente y otros temas necesarios en la agenda social del país.

Entrevistado por separado, el doctor en Derecho Eduardo Ferrer Mac Gregor, sostiene que en el contexto actual, el reto que tenemos en materia de derechos humanos implica que debe tomarse en cuenta que vivimos en la región más desigual e inequitativa del mundo en lo que se refiere a la distribución de la riqueza y a la presencia de una marcada minoría que concentra la mayor riqueza y una gran mayoría oprimida que vive en el umbral de la pobreza.

El también funcionario de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), explica que este contexto nos da una idea para entender los enormes retos que tiene el tema de los derechos humanos no solo en México, sino en toda la América Latina y el Caribe.

Durante un debate organizado para conmemorar los 75 años de fundación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se cuestionó fuertemente el rol que el poder judicial está desempeñando en esta vorágine de violaciones a los derechos humanos en México.

Se señala que el Poder Judicial está fungiendo como un órgano que protege a las empresas que tienen abogados especialistas, defendiendo los derechos de esos actores para lograr entre muchas otras ventajas, la evasión del pago de impuestos a través del debate de los derechos fundamentales.

La investigadora Mónica González Contró, subraya que tanto la clase política como la que integra el poder judicial se muestra insensible frente a esta realidad del país porque es una casta privilegiada que vive en otro México.

“Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia vive en un México diferente al que viven los campesinos. Se sube a su camioneta blindaba con sus tres guaruras; viven en sus casotas y con grandes sueldos y este modo de vida termina por enajenarlos y hacerlos pensar que tienen derecho a actuar en favor de quien les otorga esos privilegios, cuando la justificación que tienen para recibir esos altísimos sueldos estriba en un aparente combate a la corrupción”, indica.

Esta ha sido una apuesta muy desafortunada, dice, porque nuevamente las desigualdades propician un divorcio de la realidad del país con una clase política blindada que lo mismo diseña los programas de asistencia social e imparte la justicia, siendo juez y parte a la vez.

Y son estos contextos de desigualdad donde la ley se ha utilizado muchas veces para legitimar una acción que viola derechos humanos, porque uno de los actores no tiene la capacidad económica para hacer uso de este recurso, explica.

La doctora Rosa María Alvarez alerta sobre el peligro de pensar que la ley va a resolver todos los problemas sociales. Por el contrario, expuso que la ley y el derecho han sido instrumentos para lograr lo contrario porque cuando las leyes han intentado regular una actividad, la retardan en perjuicio de las personas más vulnerables.

La Constitución del 17, desmantelada

Rodrigo Gutiérrez Rivas, amplía su comentario y dice: “En los últimos treinta años, la clase política en el poder nos metió —desde el sexenio de Miguel de la Madrid— en una vorágine económica que terminó por entregar las empresas estratégicas y recursos naturales del país a los intereses de las empresas multinacionales, lo que hoy explica el desorden y la desestabilización de las regiones, sobre todo las de mayor importancia geoestratégica y económica para el capital financiero trasnacional.

“Este proyecto fue retomado por Carlos Salinas de Gortari, quien impulsó gran cantidad de reformas legales de forma radical, reformando en 1992 el 27 constitucional para abrir los mercados de la tierra, los ferrocarriles, las comunicación satelital; también reformó la ley del agua, que la señala como un bien de valor económico para abrirla al mercado, y otras argucias legales en contra de la Constitución para permitir que empresas privadas entraran a explotar los recursos naturales y estratégicos otrora propiedad exclusiva de la Nación.

“Al convertirse México en el país con más tratados comerciales firmados en el mundo —42 en total—, se diseña un país “a la carta” creando una cantidad exagerada de modificaciones orientadas a proteger la propiedad privada y el libre mercado como derechos cuasi absolutos que impactan severamente los derechos laborales y humanos de cientos de miles de mexicanos.

“Tan solo en el sexenio pasado, el panista Felipe Calderón impulsó 108 reformas constitucionales. Su antecesor, Fox, intentó privatizar la educación; y sus proyectos de gobierno empresarial logran privatizar parte del sector salud y modificar la ley del ISSSTE, ocasionando graves afectaciones a trabajadores del Estado”.

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Pero argumenta que “uno de los golpes más duros que asestó el panismo en este proceso de desmantelamiento constitucional se dio cuando Calderón rompió el candado en la Ley de Bioseguridad, que establecía la protección al maíz asegurándolo como un bien común para su cultivo a una gran cantidad de mujeres indígenas y campesinas en nuestro país”.

Ahora, agregó, al autorizar tecnologías para la siembra experimental de este grano, deja en manos de Monsanto y otras multinacionales el derecho a ejercer de un momento a otro, el control de la producción en este alimento básico y sustento para millones de familias mexicanas en situación de vulnerabilidad.

“Este retrato nos dibuja una sociedad al borde de la asfixia, con una planta productiva a la baja, fuerte migración, narcotráfico, 80 mil personas muertas —en el sexenio de Calderón— y un ejército de 53 millones de pobres”.

Dijo que el mayor fracaso del modelo económico en su capacidad distributiva se refleja “en la cifra alarmante de pueblos indígenas que viven en situación de extrema pobreza. De 69 millones 600 mil indígenas que había al final del sexenio anterior, ahora hay 71 millones 800 mil indígenas mexicanos, muchos de ellos niños y ancianos, que están padeciendo hambre, frío y viviendo en el completo abandono”.

Lo más alarmante, advirtió, es que hay fuertes indicios de que están aumentando las brechas de desigualdad y que la cifra de pobres —que ya es indignante—, seguirá en ascenso y a un ritmo acelerado, porque ninguno de los procesos de apertura y liberalización se puede comparar con el que realiza hoy el Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo el régimen de Enrique Peña Nieto.

“En sus dos años de gobierno ha hecho 21 reformas constitucionales; 11 reformas estructurales; mercados de la energía con fracking incluido, combustibles fósiles superficiales; desregulación laboral para facilitar y permitir los despidos mediante la legalización del outsorcing y contratos basura”.

Afirmó que es que es difícil encontrar algún otro país en el que haya irrumpido con tanta beligerancia estos poderes constituyentes “de clara matriz oligárquica capaces de transformar de forma tan radical el orden constitucional. Es un proceso muy agresivo de ruptura constitucional. La constitución de 1917 está totalmente desmantelada y el objetivo estratégico de estas modificaciones es sobreponer los intereses privados sobre el interés público”.

Sumado a este proyecto neoliberal, advirtió, se cierne la amenaza del gobierno que está desplegando fuerzas militares para combatir el narcotráfico, pero sobre todo para ejercer un control social sobre la población que se resiste a estas políticas. Todo esto se traduce en una violación masiva de los derechos fundamentales.

En su opinión, el Gobierno está recurriendo a la violencia y el miedo como instrumentos para paralizar los esfuerzos de participación política, reunión y manifestación de las ideas de los grupos en resistencia que están surgiendo por todo el país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado este proceso de criminalización con un aumento del 427 por ciento de casos de tortura. Esto evidencia la violación flagrante y masiva de los derechos humanos por todo el país, destaca.

Los juristas participantes del “Conservatorio” consideran que la UNAM debe generar una reflexión crítica para observar el papel que está desempeñando el derecho en este contexto de violaciones graves, y el jurista Ramón Cossío Villegas sugiere revisar las sentencias y el papel de nuestro poder Judicial en el país.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, opina que el contexto real es muy adverso a la agenda de los derechos porque a pesar de que el tema está más presente que nunca en el ámbito de lo público, advierte que hay una paradoja que puede ser una trampa mortal para la agenda misma de los derechos.

La apropiación discursiva de la agenda de los derechos por parte del presidente hasta los titulares de los poderes público y privado que hacen alarde de esta defensa de los derechos como su aparente objetivo o el elemento central, es un asunto que debe preocupar y que los especialistas deben denunciar para impedir que este discurso de los derechos permanezca secuestrado por parte de los poderes.