Acusa exfuncionario que el alcalde Felton, a través de la Contraloría, inculpa a sus contrarios y protege a familiares y amigos

“La Contraloría Municipal ha utilizado criterios contradictorios para tratar de fincarme a toda costa responsabilidades legales en las cuales no he incurrido”, acusa Ángel García Contreras, ex director de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mazatlán.

El ex funcionario dijo que esta dependencia usa “un personero de la administración municipal para presentar denuncias sin sustento y que para este órgano de control interno, las exoneraciones de pago por trámites ambientales —que representan un monto insignificante con relación al ingreso captado en la pasada administración— representan un delito grave”.

Manifestó que la exoneración en la presente administración “realizada y gestionada por el familiar del Presidente Municipal, el arquitecto Enrique González Güereña equivalentes a 6 mil 377 pesos, por dictaminación de Estudio de Impacto Ambiental de Plaza Sendero, generó daños a las arcas municipales.

“También, agrega, revela el delito de nepotismo y tráfico de influencias; es decir, un doble rasero con el que se evalúan las acciones realizadas durante mi gestión como director de Ecología y Medio Ambiente”.

Contexto

García Contreras sostiene que la supuesta irregularidad manifestada por el Síndico Procurador fue cuando le exigieron su renuncia como director de Ecología y Medio Ambiente, el 2 de septiembre de 2014, mediante el uso de la fuerza pública.

Afirma que ese mismo día, el proceso de entrega-recepción se realizó desde las 11:30 horas hasta las 15:30 horas, con la coerción permanente del aparato jurídico del Ayuntamiento.

El 3 de septiembre, señala, firmó un convenio que establecía que sería liquidado conforme a la Ley Federal del Trabajo, por los tres años y nueve meses de laborar como director de Ecología y Media Ambiente, pero el Ayuntamiento incumplió su compromiso violando sus derechos laborales.

El 4 de septiembre, recuerda, se le notifica el expediente S.P.M. 30/20014, donde se le acusa de expedir cuatro licencias y/o permisos de funcionamiento ambiental exentas de pago, por las cuales debieron ingresar a las arcas municipales la cantidad de 7 mil 365. 60 pesos.

“No obstante que por trámites ambientales implementados por un servidor ingresaron al Ayuntamiento entre los años 2012 y 2013, un total de 3 millones 118 mil 72 pesos; las cuatro licencias exoneradas por ‘órdenes superiores´ en 2013, representan un porcentaje ínfimo”, argumenta.

¿Dónde están los procesos?

“Todos saben que el regidor panista Roberto Osuna Valdez fue proveedor del Ayuntamiento, le sacaron la factura de más de 270 mil pesos, eso constituye un delito y debió iniciarse un procedimiento de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas”, critica García Contreras.

Y cuestiona: “¿Dónde está iniciado el proceso?”.

Pone otro ejemplo: “el emitir la licencia para instalación de bancas, con publicidad, sin autorización de Cabildo, es una falta a la Ley de Responsabilidades Administrativas”.

“¿Dónde está el proceso?”, insiste.

“El permiso expedido para el relleno de la Laguna del Camarón, por la construcción de una plaza comercial, es una zona federal marítimo terrestre que es facultad de la federación previo dictamen del impacto ambiental; que el Ayuntamiento emita la licencia, es otro delito… ¿Dónde está el proceso iniciado?”, repite.

Afirmó que puede mencionar diez ejemplos más de irregularidades en que incurrió la administración de Felton González.

“Los órganos de control interno, pues muestran que no son de combate a la corrupción, son órganos de uso faccioso, porque están encaminados a revanchas y venganzas políticas y a no perseguir de oficio los delitos que se cometen”, acusa.

DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL. Exoneración para los “cuates”.
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL. Exoneración para los “cuates”.

Derechos humanos

El también candidato del Partido de la Revolución Democrática por el distrito 08, dijo: “yo voy presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por la violación a mis derechos laborales, y voy a presentar una denuncia, también, por la actitud de revancha y persecución”.

Asegura que la observancia general de la ley y su aplicación sin excepciones no es un criterio elemental que utiliza la Contraloría Municipal, del gobierno presidido por Carlos Felton González, porque solo lo hace con fines persecutorios y revanchistas.

“Como lo confirma que hasta la fecha no haya iniciado proceso ante el regidor Roberto Osuna Valdez, que a su vez fue proveedor del Ayuntamiento de Mazatlán”, reprocha.

Esto mismo, añadió, “hace ante el evidente delito de tráfico de influencias que constituye la intromisión en los asuntos públicos municipales del arquitecto Enrique González Güereña, al solicitarme a nombre del Presidente Municipal, sin el pago correspondiente del dictamen del Estudio de Impacto Ambiental de la construcción que fue impuesto como director de obra de Plaza Sendero”.

El tío incómodo

El nombre del arquitecto Enrique González Güereña, pariente del alcalde, salió a relucir desde 2014, cuando el diputado panista Martín Heredia Lizárraga, gestionó ante el Gobierno Federal, 80 millones de pesos para la remodelación integral del Mercado Municipal José María Pino Suárez, pero que el primer edil Carlos Felton González destinó para el Centro de Seguridad Ciudadana.

La versión de algunos locatarios es que Felton González se habría disgustado porque el proyecto sería realizado por el arquitecto urbanista Edgar Urban Martínez, con el que el legislador Heredia Lizárraga tenía reuniones de trabajo, mientras que González Güereña, el mismísimo tío del alcalde y que sentía tener los méritos necesarios para realizar la obra, quedaría desplazado.