Milenio/México.- Los esfuerzos para combatir la corrupción en México a escala estatal se realizan sin una norma generalizada y en proporciones disparejas. Mientras algunas entidades efectúan evaluaciones en promedio dos veces por semana, otras apenas realizan una auditoría anual.

En el último año se efectuaron 12 mil 37 auditorías en los estados; sin embargo, mientras en Baja California se realizaron mil 630 procesos de este tipo, en el Distrito Federal solo se hizo uno, según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014.

Otro ejemplo es que mientras en Coahuila se llevaron a cabo mil 548 auditorías durante 2014, en Guerrero apenas se realizaron 25, según se reportó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En Tamaulipas las revisiones de los auditores sumaron 41 expedientes, mientras en el Estado de México se hicieron mil 726.

Según los datos del censo, Distrito Federal, Guerrero, Campeche, Tamaulipas y Tlaxcala son las entidades con menor número de auditorías realizadas en su territorio, al efectuar entre una y 47 revisiones.

La capital de la República destaca por tener reportada una sola, a pesar de contar con una de las estructuras gubernamentales más grandes del país, solo detrás del Estado de México.

Entre las entidades que cuentan con mayor número de procesos de vigilancia a sus servidores públicos están el Estado de México, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Jalisco.

Según las cifras del Inegi en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, se sancionó a 11 mil 259 servidores públicos por infracciones con motivo del servicio público, es decir: negligencia administrativa, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos o peculado.

El Estado de México es la entidad con mayor número de sanciones aplicadas, con un total de tres mil 378; le siguen el DF, con mil 724 sanciones; Jalisco, con 864, y Oaxaca, con 863.

A pesar de que se busca tener un refuerzo en los controles anticorrupción, éstos se han aplicado de manera independiente en cada uno de los estados, según los reportes del Inegi, casi todos cuentan con un registro y seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos con excepción de Durango y Michoacán.

En tanto, pocas son las entidades que han aplicado medidas para el tratamiento o reducción de los actos de corrupción pues únicamente 12 de las 32 han tomado medidas.

Entre los que no han efectuado estas acciones se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Estado de México y Michoacán.

La falta de acciones por parte de los gobiernos locales afecta la economía nacional pues, después de los robos, la corrupción es el segundo problema que preocupa a los empresarios en México. De acuerdo con datos del Inegi, la corrupción ha hecho perder al país al menos dos de cada 10 intenciones de inversión y los mecanismos para abatirla han fracasado, pues la percepción a escala mundial no ha mejorado en los últimos cinco años.

A pesar de que en el gobierno federal se ha intensificado en el discurso la condena hacia estos actos, en la práctica las acciones no se efectúan de manera uniforme en los estados.

México ha descendido hasta 30 puestos en el combate a la corrupción desde 2006 a la fecha, en comparación con otros países, según Transparencia Internacional. http://www.vanguardia.com.mx/disparejoelcombatealacorrupcionestatal-2243271.html