Agencia Reforma

San Antonio, Texas.- En los últimos cuatro años, el Gobierno de Estados Unidos a acusado a políticos mexicanos de lavar millones de dólares en Texas, presuntamente obtenidos del desvío de recursos del erario público, sobornos por obras o licitaciones y en algunos casos de bandas del narcotráfico.
En la lista están ex Gobernadores, ex funcionarios de primer nivel de los estados de Coahuila y Tamaulipas y enlaces con la delincuencia organizada.
Durante este tiempo, el Gobierno de Estados Unidos ha incautado 35 millones de dólares de 70 que han sido litigados a estos personajes, y les ha confiscado propiedades, aeronaves y vehículos.
En 2010, cuando las bandas criminales que operan en Tamaulipas y Coahuila se declararon la guerra, las autoridades de Texas encendieron la luz de alerta.
No sólo porque su lucha podría emigrar a la zona fronteriza, sino porque además de que aumentaba el flujo de personas que huían de la inseguridad, también llegaba más efectivo, especialmente de políticos mexicanos.
Las Cortes federales de Texas se vieron plagadas de demandas, investigaciones, órdenes de arresto y solicitudes de decomiso de cuentas de bienes de tamaulipecos y coahuilenses investigados por lavado de dinero, narcotráfico y fraude bancario.
En todos los casos, los implicados se han visto obligados a entregar o a renunciar a propiedades y a millones de dólares depositados en cuentas bancarias tanto de Estados Unidos como del extranjero.
Héctor Javier Villarreal Hernández, un joven político originario de Matamoros, Tamaulipas, ex director del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira, fue requerido por las autoridades de Estados Unidos, acusado de lavar millones de dólares en Texas.
El dinero, según las autoridades, fue robado del erario público de Coahuila, en una red de corrupción que involucraba a otros políticos coahuilenses, entre ellos, al ex Gobernador Humberto Moreira.
Villarreal, señalado como el operador del “moreirazo” que endeudó con documentos falsos por miles de millones de pesos a los coahuilenses, se entregó a las autoridades el 13 de febrero de 2014.
Ocho meses después obtuvo su libertad tras negociar con fiscales federales la entrega de 8.8 millones de dólares en cuentas bancarias en Texas y Bermudas, así como propiedades en el sur y el oeste de Texas.
El 22 de agosto de 2013, Guillermo Flores Cordero, un empresario coahuilense, fue detenido en el aeropuerto de San Antonio junto con su esposa Leticia María de Guadalupe Galván Villalobos.
Un Gran Jurado lo acusó de lavar dinero de políticos coahuilenses y tamaulipecos a través de transacciones hechas desde una empresa ficticia.
Durante el juicio a Guillermo Flores, la fiscal asistente Julia Hampton aseguró que había lavado dinero al ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, de sobornos que recibía del crimen organizado a cambio de protección de su Gobierno.
Lo que fue rechazado por el político tamaulipeco al hacerse públicas las audiencias del juicio.
En octubre del 2013, el coahuilense Guillermo Flores se declaró culpable y renunció a 3.6 millones de dólares depositados en una cuenta de un banco en McAllen.
Desde entonces colabora con el Gobierno de Estados Unidos para encausar a otros mexicanos vinculados con lavado de dinero.

Sucesor de Moreira
Jorge Torres López, ex Gobernador interino de Coahuila entre el 4 de enero y el 30 de noviembre de 2011, tras la solicitud de licencia de Humberto Moreira Valdez, cuenta desde el 20 de junio de este año con una orden de arresto en su contra por lavado de dinero.
El Gobierno de Estados Unidos le confiscó 2.8 millones de dólares que se encontraban depositados en las Bahamas.
Torres era buscado por las autoridades desde septiembre de 2013, cuando la Corte de Distrito Sur en Corpus Christi anunció una demanda en su contra para confiscar el efectivo que presume es parte del dinero desviado del erario de Coahuila.
En octubre de 2013 fue arrestado Raúl González Fernández, hijo del empresario de medios de comunicación en Coahuila y representante de ese Estado en San Antonio, Raúl González Treviño.
Se le acusó de posesión de 500 gramos de cocaína, con fines de distribución y venta.
Ese mismo año se anunció una demanda para confiscar propiedades a la familia González Treviño en San Antonio, entre ellas, las de Casimiro González Treviño, por lavado de dinero.
La lista de políticos y empresarios acusados en Texas, no termina ahí.

Yarrington y el Cártel
En Tamaulipas, el empresario Antonio Peña Argüelles de Nuevo Laredo fue el primero en ser acusado de lavado de dinero.
Peña fue señalado como el enlace entre el cártel de los Zetas y el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba.
Fue detenido en febrero de 2012, en San Antonio.
Tras negociar con los fiscales la entrega de 4.2 millones de dólares y dos vehículos, así como colaborar para el encausamiento de otros implicados, entre ellos Yarrington, obtuvo su libertad en junio de este año, luego de ser sentenciado a dos años y medio de prisión.
Antes de ser arrestado Peña, el cártel de los Zetas asesinó a su hermano Alfonso y colocó su cadáver en una plaza pública de Nuevo Laredo, con una manta en el pecho en la que la organización criminal acusaba al empresario de haberse robado 5 millones de dólares y de haber orquestado junto con Yarrington el asesinato del candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Esto, porque afectaba sus intereses y del extraditado jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.
Las autoridades de Estados Unidos también acusaron a Yarrington de lavado de dinero y narcotráfico.
Un gran jurado de Brownsville acusó al ex Mandatario tamaulipeco y a su socio Fernando Alejandro Cano de conspirar para lavar dinero, realizar fraude y mentir a bancos estadounidenses
Además es acusado de posesión de sustancias controladas, de fraude bancario y otros fraudes financieros.
Las autoridades estadounidenses señalan a Yarrington, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, de recibir desde un año antes de asumir la Gubernatura, grandes cantidades de dinero del cártel del Golfo.
A cambio, cuando estuvo en el poder, permitió a gran escala el libre tránsito de drogas a Estados Unidos a través de Tamaulipas.
Además, desde 2007 a 2009, Yarrington estuvo involucrado en el tráfico de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia Estados Unidos, según la acusación.
La acusación también establece que utilizó fondos públicos para comprar en enero de 2005 un jet privado Sabreliner 60, para lo cual transfirió 300 mil dólares a una cuenta bancaria en Estados Unidos.
A Yarrington el Gobierno le aseguró un apartamento en la Isla del Padre con un valor de 400 mil dólares, una residencia en Mc Allen con un valor de 300 mil dólares y una casa en Kyle, con un valor de 300 mil dólares.
El apartamento estaba a nombre del empresario matamorense, Napoleón Rodríguez de la Garza, un ex funcionario estatal en el Gobierno de Yarrington.
Las casas aparecen a nombre de Cindy Chapa, una amante del ex mandatario tamaulipeco.
El 5 de junio de 2012, el ex director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) en el Gobierno de Yarrington fue acusado de lavado de dinero por un Gran Jurado en la Corte del Distrito Sur con sede en Brownsville.
A Zárate se le acusa de lavar millones de dólares provenientes de sobornos de los cárteles del Golfo y los Zetas.
Estados Unidos le aseguró un avión con un valor de 2 millones de dólares.

Tamaulipecos en la mira
En julio de este año, Estados Unidos congeló cuentas bancarias al empresario Óscar Gómez Guerra, cuñado del ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, que según la autoridad, tendrían 10 millones de dólares.
La investigación contra Gómez se desprende de la colaboración que ha dado el empresario Guillermo Flores Cordero a la fiscalía estadounidense.
El 9 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos acusó al ex Alcalde priista de Matamoros, Érick Agustín Silva Santos, de lavado de dinero, fraude bancario y fraude electrónico.
Silva, quien se desempeñó como Alcalde de Matamoros del 2008 al 2010, lo acusan de emplear varios esquemas para malversar contribuciones de campaña en 2007 y aceptar sobornos y defraudar al Municipio fronterizo usando fondos públicos.
La acusación alega que Silva transfirió esos fondos a cuentas bancarias de Estados Unidos a través de transferencias o depósitos electrónicos.
Además, invirtió en apartamentos en la Isla del Padre y en Brownsville, así como una residencia en esa ciudad.
Las autoridades buscan decomisarle 5 millones de dólares en cuentas bancarias de Texas y Bermudas, así como propiedades, entre ellas un complejo de 20 apartamentos.
El 11 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación para decomisar 1.1 millones de dólares, al Secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez.
De acuerdo con la acusación, De la Garza depositó el efectivo producto de sobornos cuando fue director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), en cuentas bancarias de Texas.
Pero las acusaciones en Cortes de Texas no se limitan a políticos del norte del País.

Hijo de ex Gobernador
El 1 de julio, el Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda para confiscar siete propiedades en San Antonio al hijo del ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat.
Se trata de cuatro casas ubicadas al norte de San Antonio, dos terrenos ubicados al oeste y un edificio de oficinas localizado en la calle Blanco, en el centro de la ciudad.
Los inmuebles están a nombre de Luis Armando Reynoso López.
Reynoso Femat fue Gobernador de Aguascalientes de 2004 a 2010.
El ex Mandatario está acusado de malversación de fondos en México, donde las autoridades federales lo acusaron del desvío de fondos públicos.
El empresario veracruzano, Francisco Colorado Cessa, se entregó en mayo de 2012 a las autoridades estadounidenses en Houston.
De acuerdo con la acusación en su contra que obra en la Corte de Distrito Oeste en San Antonio, Colorado lavó 3 millones de dólares del cártel de los Zetas, en la compra de caballos de carreras.
En el juicio en su contra salieron a relucir sus nexos con políticos de Veracruz, entre ellos el ex Gobernador Fidel Herrera y el candidato del PAN a la Gubernatura de ese Estado Miguel Ángel Llunes.
Colorado fue sentenciado a 20 años de prisión por lavado de dinero y a cinco años más por intentar sobornar con 1.2 millones de dólares, a través de su hijo Francisco Colorado Francisco Colorado Jr., al Juez que lo sentenció